CRISIS Y REPRESIÓN. Masacre de Avellaneda: la Corte confirmó la prisión perpetua del excomisario Fanchiotti

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon y Juan Maqueda desestimaron una “queja” presentada por la defensa del expolicía Alfredo Fanchiotti, confirmando así la condena a prisión perpetua por el asesinato de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

En la última acordada de 2015, el 29 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo artilugio de la defensa del excomisario de la Policía Bonaerense, Alfredo Fanchiotti. Los jueces declararon “inadmisible” la queja presentada por los abogados de una de las caras visibles de la brutal represión de aquella jornada en el Puente Pueyrredón y en la estación ferroviaria de Avellaneda.

Lorenzetti, Higthon y Maqueda desestimaron la presentación del defensor oficial Mario Coriolano contra el fallo de la Suprema Corte bonaerense que, en diciembre de 2014, había confirmado la pena.

La finalidad de "dar muerte"

De esta manera el exuniformado, fiel exponente de la “maldita policía” de la Provincia de Buenos Aires, parece agotar sus cartuchos en búsqueda de morigerar su prisión perpetua, la que le fuera aplicada en 2006, al finalizar el juicio en el que fue condenado junto a quien al momento de la masacre le hacía de chofer, el cabo Alejandro Acosta.

Según lo sentenciado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de Lomas de Zamora, aquel mediodía de junio de 2002, sobre el Puente Pueyrredón Fanchiotti y Acosta “sobrepasaron la línea policial colocándose delante de la misma y dispararon sus escopetas con la finalidad de dar muerte a los manifestantes, que corrían dándoles las espaldas, obrando así sin riesgo y sobre seguro”. Ambos fueron condenados a prisión perpetua como responsables del doble asesinato y ocho tentativas de homicidio.

Sin embargo, como todo el mundo sabe, Fanchiotti y Acosta fueron apenas quienes apretaron el gatillo aquella fatídica jornada. Lejos de una improvizada salida a los tiros de unos “locos”, la represión desatada contra los movimientos de desocupados que manifestaban en el puente fue producto de una política predeterminada, con lujo de detalles, desde la propia Casa Rosada.

Criminales políticos

La causa contra los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, luego de años de estar “archivada”, logró activarse recién en 2014 producto de la tenaz lucha de los familiares de Maxi y Darío junto a las organizaciones políticas y sociales independientes del Estado. Y tras meses de dilaciones, recién en junio de 2015 comenzó el juicio en el que se encuentran imputados Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández, Alfredo Atanasof, Juan José Alvarez, Jorge Matzkin, Felipe Solá y otros funcionarios del gobierno peronista de entonces. Vale recordar que en 2010 la causa había sido archivada por la Justicia, tras ocho años de inacción para investigar la trama política e institucional que llevó a la cacería del 26 de junio.

En el marco de las alternativas del juicio por las responsabilidades políticas sobre la Masacre de Avellaneda, Alberto Santillán, padre de Darío, a mediados del año pasado decía a este diario que “si al comisario Fanchiotti y Acosta se los condenó a cadena perpetua, fue por la lucha”.

Lejos de una visión superficial que pueda ver en la nueva resolución de la Corte Suprema contra el excomisario de la Bonaerense un cambio en las coordenadas del Poder Judicial, Santillán remarcó que a la causa por las responsabilidades políticas “también la tenemos que acompañar con la lucha, para que no queden los responsables impunes. Porque no se trata solo de Darío y Maxi, porque después mataron al docente Carlos Fuentealba, a Mariano Ferreyra. Mientras tanto los políticos que idearon todos estos crímenes siguen en libertad”.