Genocidio indígena. Masacre de Napalpí: “Mataron a muchos. Los taparon en un pozo grande, un solo pozo”

Después de 98 años de la Masacre de Napalpí, este martes, en la Casa de las Culturas de Resistencia, Chaco, se realizó la primera audiencia del “juicio por la verdad” en el que pudieron ser escuchados por primera vez en los estrados judiciales las voces de sobrevivientes.

Los testimonios reproducidos en la primera audiencia realizada en la Casa de las Culturas de Resistencia rompen el silencio impuesto por el Estado durante casi un siglo, silencio que ha operado como un doble escarmiento a quienes osaron rebelarse, a sus familias y a las comunidades indígenas en su conjunto. No habrá, por razones biológicas, condenas penales. Se busca determinar la responsabilidad estatal que quedó en evidencia gracias a los testimonios orales de sobrevivientes que fueron recogidos durante casi dos décadas de investigación y constituyen pruebas irrefutables.

Fue gracias al trabajo de un grupo de investigadores, el impulso de la Fundación Napalpí y posteriormente por la fiscalía federal de Resistencia -que abrió una investigación de oficio- es que pudo llegarse a esta instancia de “juicio por la verdad”.

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La presencia de Horacio Pietragalla y Elizabeth Gómez Alcorta en la primera jornada del juicio si bien marca el apoyo estatal, choca con las propias políticas estatales hacia los pueblos originarios en el conjunto del país, donde la segregación, el despojo de sus tierras, la represión son una constante, así como el incumplimiento de la ley 26.160 (que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país) por parte de los gobiernos nacional y provinciales.

"Frente a la resistencia de las comunidades la respuesta estatal iba a ser la represión"

Conversamos con Marcelo Musante, licenciado y profesor en Sociología (UBA), investigador de la UBA y del Centro Cultural de la Cooperación, miembro de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina (1). Será uno de los testimoniantes en el juicio que se extenderá hasta el 12 de mayo.

“Me parece que este juicio es importantísimo y se lleva a cabo por la resistencia de las comunidades, por todo el tiempo que estuvieron luchando para que haya memoria, verdad y justicia por lo que sucedió, por personas como Juan Chico [Docente, historiador, investigador, impulsor de la Fundación Napalpí y un testigo clave en este juicio. NdeR] que llevaron adelante la escritura de libros en lengua qom cuando los propios ancianos no querían hablar su lengua por el temor que
todavía tenían”, nos dice y se emociona al hablar.

“Es una reivindicación absoluta sobre el trabajo de las comunidades”, agrega, “más allá de reconocimientos estatales que hubo en la provincia del Chaco o que ahora se haya sumado a la Secretaría Derechos Humanos de Nación”.

Todos los victimarios materiales y políticos fallecieron, gendarmes, policías y hacendados que, bajo las órdenes del entonces gobernador Fernando Centeno que respondía al gobierno del presidente Marcelo T. de Alvear, de la Unión Cívica Radical, arremetieron contra indígenas de los pueblos qom y moqoit en Aguará, en el entonces territorio nacional de Chaco el 19 de julio de 1924 y asesinaron a centenares de ellos, entre los que había niñas, niños.

La masacre fue de una crueldad extrema. El “motivo”, una acción de resistencia de los trabajadores indígenas del algodón que reclamaban, entre otras cosas, por sus condiciones inhumanas de vida y de trabajo dentro de la Reducción Estatal para Indígenas de Napalpí.

Marcelo Musante señala que “la masacre de Napalpí hay que pensarla en términos de un proceso: en las condiciones en las que estaban sometidas las comunidades moqoit y qom en la Reducción de Napalpí, la masacre fue algo que, de algún modo u otro, iba a suceder”. El investigador se refiere a las reducciones en tanto “eran lugares que funcionaban especies de campos de concentración de personas donde las comunidades eran sometidas a condiciones de salud y de explotación laboral muy tremendas y que los sujetos que estaban ahí reducidos estaban prácticamente al arbitrio del administrador y de las fuerzas de seguridad”.

Hay un consecuencia lógica que establece Musante que da en el centro de lo iba a producirse en Napalpí como “campo de concentración”: “cuando se diera, como se dio, un momento de protesta, de resistencia de las comunidades la respuesta estatal iba a ser la represión, no solamente para disciplinar a los cuerpos que estaban en el en el lugar sino para también mostrarle a todas las otras comunidades indígenas que estaban por fuera de la Reducción lo que iba a pasar cada vez que se intenten en un tipo de afrenta contra el Estado”.

Qué ocurrió aquel 19 de julio de 1924

Mientras el gobernador Fernando Centeno hacía una pantomima de negociación con los líderes de la protesta, las fuerzas represivas se alistaban para actuar.
Centeno, junto al jefe de Policía Diego Ulibarrie, el comisario Roberto Sáenz Loza, el sargento Alejandro Verón y el administrador de la reducción, Mario Arigó, organizaron la represión.

El 19 de julio de 1924 por la mañana, la Gendarmería de Línea y la Policía Montada junto a civiles armados arremetieron contra las y los indígenas reunidos en la zona de El Aguará dentro de la Reducción.

Para completar la bestial matanza, que duró varios días, el presidente del "Aero Club Chaco" Agustín Cabal (h), facilitó el avión utilizado en el ataque, desde el que se arrojó desde el aire lo que muchos creyeron sería alimento o caramelos y cuando algunos corrieron a buscar lo que caía, recibieron ráfagas incesantes durante cerca de una hora.

“Fue la primera vez que en argentina se utilizaba el artefacto avión con armamento de guerra sobre civiles indefensos, se abrió la puerta para Rincón Bomba, el bombardeo a la Plaza de Mayo y los vuelos de la muerte durante la dictadura”, denunció el piloto e investigador Alejandro Covello durante su declaración testimonial ante el Fiscal Federal General de Chaco Federico Carniel. Covello también testimoniará en este juicio por la verdad.

Una treintena de niños y niñas logró escapar, pero luego al menos la mitad fue entregada como sirvientes en las localidades de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto murió en el camino. Pocos adultos y adultas lograron sobrevivir escondidos en el monte.

La brutalidad ejercida sobre los cuerpos mostró también la saña y el odio hacia la población originaria: fueron calcinados y enterrados en fosas comunes, mutilados en muchos casos.

“Las masacres forman parte de un proceso social genocida”

La versión oficial de la época, reflejada en la prensa, fue que se trató de un enfrentamiento entre aborígenes. Cualquier semejanza con cómo mostraba la prensa los asesinatos a jóvenes, obreros y estudiantes durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica del ’76 no es casualidad. Por su parte, el estado clausuró en tiempo récord la investigación y no habrá, claro está, condenados.

“No habilitaron una investigación en el Congreso en este momento, la investigación se cerró en este momento diciendo que solo habían muerto cuatro indígenas”. “Luego la sacaron de los medios periodísticos, que no fue tema estatal, la sacaron de los libros escolares”, agrega Marcelo Musante.

También señala a este diario que “es importante no pensar a las masacres como algo extraordinario, sino que forman parte de un proceso social genocida, no puede pensarse Napalpí, como la masacre de Rincón Bomba, que ocurrió en el ‘47 en Formosa, sin las llamadas campañas al Desierto en Patagonia o en el Chaco, no pueden pensarse sin las sucesivas masacres en el siglo 20 e incluso en términos discursivos con las represiones y desalojos actuales en los en los diversos territorios”.

La relación con el presente es permanente: “El racismo que se mostró en esa represión y en el modo en que el estado y los medios construyeron a las comunidades indígenas como ‘malón’ son los mismos que podemos estar viendo con ahora en Patagonia o en el 2017 o cuando fue la pandemia que los medios titulaban que los indígenas estaban contagiando de covid a todos los blancos”.

La voz de los sobrevivientes

Una de esas niñas sobrevivientes es Rosa Grilo, la única que está viva al comenzar el juicio, tiene 114 años y aún vive en Colonia Aborigen (nombre actual del sitio donde sucedió la masacre de Napalpí).

Su testimonio fue escuchado en la primera audiencia del juicio a través de un video grabado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, Chaco, en noviembre de 2018. Fue conmovedor.

“Yo era niña, pero no tan chica, por eso recuerdo. Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, porque me hace doler el corazón. Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso y ahí los mataban. Mi abuelo y mi mamá gritaban ¡disparemos, disparemos! No sé por qué mataron a niños, a grandes, mucho sufrimiento hubo".

Cuando le preguntan qué era para ella lo que tiraban desde el avión, recuerda: “Creímos que eran caramelos lo que había en las bolsas, era para que vayan los chicos a agarrar. Muchas cosas tristes sufrimos, hasta ahora”, se lamenta.

En otro pasaje de su testimonio Rosa revive lo que fue la huida al monte: “disparamos por el monte porque queríamos vivir. Ahí comíamos algarrobo y cualquier fruto de los árboles y tomábamos agua de los cardos. Mi mamá me contó que lo mataron a mi papá. No quiero ver que se repita. Duelen estas cosas”, y luego nombra a su familia: “Mi abuelo se llamó Francisco Grilo y mi mamá Antonia Grilo, yo era la más chica de mis hermanos”. “Nunca se habló de lo que pasó, recién ahora se habla".

Pedro Valquinta, integrante de la comunidad moqoit, también fue uno de los niños que vio morir a su familia y a parte de su pueblo en Napalpí. Nueve años después, en 1933, sobrevivió además a la masacre estatal de El Zapallar, en Chaco. Falleció 30 de diciembre del año 2015 a los 107 años

Su testimonio, grabado en 2014 por Juan Chico y otros integrantes de la Fundación Napalpí, con la presencia del fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Jesús Vigay, fue transmitido en la jornada de este 19 de abril.

“Yo tenía como 12 años, o 10 en la Reducción Napalpí”, comienza relatando. “Había muchos ricos nuevos”, continúa, “estaban explotando el monte, cortaban madera y a los moqovíes los mataban. Era nuestra gente y nos mandaron a la policía ahí en la Reducción, hay gente que mataron, mataron a muchos. Los taparon en un pozo grande, un solo pozo”.

Una vez más los métodos de los represores se repiten a lo largo de la historia de las masacres y genocidios, en este caso las fosas comunes para enterrar a las víctimas.

“Durante días los cuervos no volaron, ocupados en sacarse el hambre con los cadáveres”, recuerda Pedro Valquinta en su relato.

Finalmente en esta primera audiencia, también mediante un registro audiovisual, se transmitió una entrevista de cerca de una hora a Juan Chico, que falleció el año pasado de Covid-19. Como parte de la Fundación Napalpí investigó y denunció las masacres indígenas del pasado como así también los ataques y persecuciones a esos mismos sectores en el presente.

Su rol como documentador mediante entrevistas orales permitió que durante el juicio puedan escucharse las voces y verse los rostros de una gran parte de víctimas sobrevivientes, a quienes se ocupó de encontrar y entrevistar. Fue autor de los libros “La voz de la sangre” y “Las Voces del Napalpí".

“Napalpí es un tema muy caro a nosotros, se invisibilizó, pero en los últimos años empezó a levantarse, la memoria oral vino con los años pidiendo permiso, abriéndose paso en la historia oficial. Nosotros decimos que nuestros ancianos y ancianas son nuestras bibliotecas vivientes. Sucede que es como dice Walter Benjamin; todo documento es documento de barbarie. Hay un conocimiento cultural, en las comunidades, que debe ser receptado en la Justicia”, expuso Juan Chico.

Tal fue el terror que generó la masacre en los sobrevivientes, que dejaron de hablar su lengua, tenían miedo de enseñarle la lengua a sus nietos o a sus hijos, planteó el investigador qom durante la entrevista transmitida.

Además, señaló que “hay una línea histórica" ya que "lo de Napalpí es la misma modalidad de secuestro, de tortura, desaparición forzada utilizada durante la última dictadura”. Asimismo, denunció cómo, en la actualidad, los indígenas en todo el país siguen siendo despojados de sus territorios.

El aporte de Chico es valiosísimo en tanto revalorizó el relato oral como testimonio histórico, y batalló para “poner la historia oral con el mismo valor que no siempre pareciera que lo tiene que la documentación”, nos dice Marcelo Musante sobre el trabajo de su colega e investigadores como él mismo.

“Este no tiene que ser un juicio de clausura ni hablar de una reconciliación sobre lo que pasa en el Chaco con los pueblos originarios”
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Así lo expresa Musante en diálogo con La Izquierda Diario. “Tiene que ser un juicio que permita conocer lo que pasó en la Masacre de Napalpí, conocer lo que pasó la masacre de Rincón Bomba en 1947 en el gobierno de Perón, para saber lo que pasó en las campañas al Desierto y para ver cuántas cosas de esas que pasaron tienen consecuencias hoy en el presente”

Agrega que “las políticas de racismo, de desalojo y de apropiación de los cuerpos y los territorios hoy se siguen dando más allá de los gobiernos de turno. Porque uno puede ir agarrando diferentes gobiernos de signos totalmente opuestos y las políticas en términos de cuestiones territoriales, de la utilización de los agrotóxicos, de las empresas mineras y turísticas avanzando sobre los territorios comunitarios. Por más que esté existiendo la ley 26.160 esto no se está respetando”.

(1) Publicó en libros, congresos, medios de comunicación y revistas académicas en relación con el genocidio indígena en Argentina, masacres estatales sobre los pueblos originarios, conflictos territoriales, el funcionamiento de los sistemas de encierro y las formas de violencia institucional.