La Cámara Federal de Casación Federal hizo lugar al recurso presentado para continuar investigando a funcionarios, entre ellos representantes de la Universidad Nacional de Tucumán. Adolfo Pérez Esquivel y Myriam Bregman se presentaron como amicus curiae.
Viernes 30 de agosto 00:00
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó seguir investigando si un grupo de funcionarios de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) incumplimieron sus deberes al validar el acuerdo de integración entre las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera, desconociendo intencionalmente los glaciares y el ambiente periglacial en la cuenca del Río Andalgalá, en Catamarca.
La causa comenzó en 2019 contra los funcionarios que como miembros de YMAD o representantes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) suscribieron las decisiones que habrían avalado el desarrollo de actividades de exploración y explotación minera en infracción de la Ley 26.639 (Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial). La denuncia fue realizada por activistas y vecinos de Andalgalá.
Al ser un órgano tripartito, en el directorio de YMAD se encuentran representantes de la Nación, el gobierno de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). De acuerdo a la resolución del máximo tribunal, serán investigados Luis De Miguel, Ángel de Jesús Mercado, Justo Daniel Barros, Domingo Mario Marchese y Alfredo Grau, estos dos últimos por la UNT. También serán investigados Eduardo Bautto, funcionario de la Secretaría de Política Minera (dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación), Irma Miranda e Ignacio Díaz Zavalla, representantes de la SIGEN.
En una etapa previa, la Sala I de la Cámara Federal, con la jueza María Servini de Cubría, había analizado los planteos y resolvió el sobreseimiento de los funcionarios. Sin embargo, tanto la fiscalía como los querellantes apelaron y consiguieron en Casación que el caso fuera reabierto.
En la audiencia, como amicus curiae, participaron el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Myriam Bregman, abogada del Ceprodh y el PTS-Frente de Izquierda, quienes dieron cuenta de las consecuencias de un modelo extractivista que provoca negativos impactos ambientales, culturales y sociales. También formaron participaron Además, los acompañaron los abogados Dra. Mariana Katz y Dr. Gustavo Franquet y las organizaciones Pro Eco Grupo Ecologista, Diálogo 2000,, Amigos de la Tierra y la Gremial de Abogados.
La decisión de Casación se da mientras se lleva adelante un juicio al ex rector de la UNT, Juan Cerisola, y otros funcionarios por la malversación de fondos millonarios provenientes de YMAD. Al ser integrante de YMAD, la UNT avala cada proyecto de la megaminería contaminante, desoyendo el reclamo de las poblaciones y la comunidad educativa que reclama por la ruptura del vínculo. Mientras tanto, bajo el RIGI, el gobierno de Milei y los gobernadores como Jalil buscan profundizar la matriz extractivista.
