Elecciones 2023. Mendoza: Economía y Empleo

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Una provincia rica con trabajadores pobres

Según datos del INDEC correspondientes a 2020, el Producto Bruto Geográfico (PBG) de Mendoza fue de 1,27 billones de pesos, lo que la ubica en el quinto lugar en el ranking de provincias argentinas por PBG. Mendoza es una de las provincias que más exporta de Argentina. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en 2020 la provincia exportó vinos por un valor de 715 millones de dólares, lo que representa el 40% del total de las exportaciones de vino de Argentina. Además, también se destacan las exportaciones de frutas y frutos secos. Durante el primer semestre del 2022, las exportaciones mendocinas registraron un crecimiento interanual del 34,3%.

Producción de vino: Mendoza es la principal provincia vitivinícola de Argentina y una de las más importantes del mundo. La producción de vino es el principal motor de la economía de la provincia, representando el 23% del PBG de Mendoza en 2020, según datos del INV. La provincia cuenta con más de 1.200 bodegas y una importante oferta turística vinculada al vino, con rutas y circuitos enológicos que atraen a miles de visitantes cada año.

Producción de frutas: La producción de frutas es otro sector importante en la economía de Mendoza, aunque en menor medida que la producción de vino. Según datos del Ministerio de Economía de la provincia, en 2020 se produjeron más de 1,4 millones de toneladas de frutas, con una importante participación de la uva, el durazno y la pera. El sector frutícola también cuenta con una importante presencia en el mercado internacional, especialmente en países como Brasil, Estados Unidos y China.

Turismo: Mendoza cuenta con una importante oferta turística, que se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales motores de la economía de la provincia. La actividad turística se concentra principalmente en torno al vino, pero también incluye otros atractivos naturales como el Parque Provincial Aconcagua, el Cerro de la Gloria o la Reserva Natural Villavicencio. Según datos del Ministerio de Turismo y Cultura de Mendoza, en 2019 la provincia recibió más de 2,6 millones de turistas, generando un impacto económico de más de 6.500 millones de pesos.

Asalariados del sector público y presupuesto provincial

Entre 2016 y 2022 las y los trabajadores perdieron un poco más de un tercio de su poder adquisitivo. Durante el 2023 y luego de la devaluación lejos de revertirse la situación, la caída del poder adquisitivo se ha profundizado.

En todo el país, entre 2016 y 2022, los salarios disminuyeron, en el sector privado registrado un 20% y en el sector público un 24%. Sin embargo, en Mendoza el recorte que han sufrido los asalariados del sector público fue sustancialmente mayor: una disminución del 35% en su capacidad de compra.

En 2015 Mendoza se encontraba en el puesto número 8 del ranking nacional de salarios, en el 2021 (último dato disponible) había descendido al número 21. En solo 6 años se convirtió en una de las 4 provincias que peor les paga a sus trabajadores, siendo solo superada por Jujuy, Santiago del Estero y la Rioja. Consecuentemente los salarios del sector privado registrado promedio pasó de ocupar el lugar número 14 del ranking nacional al lugar número 18 en el período 2015-2022.

En 2015 los sueldos provinciales eran un 9% más altos que el promedio salarial nacional; en cambio en 2021 se encontraban un 14% por debajo. A su vez, la tasa de trabajadores cayó de 51 a 48 cada mil habitantes en este período y la de trabajadores privados registrados disminuyó de 133 a 122 en el mismo período.

Mientras tanto, vemos que desde el año 2016 hasta el 2022 la provincia ha presupuestado un escenario deficitario, pero en los últimos dos años el resultado devengado ha sido positivo y en 5 de esos 7 años le han sobrado fondos a la tesorería provincial. Esta es una política totalmente consciente del gobierno que pudiendo realizar una mejora salarial del 32% decide no hacerlo a pesar de contar con $24.400 millones que muestra el criterio del devengado desde el mes de enero del 2022 y un excedente de $62.300 millones que le sobraron a la tesorería desde enero del año pasado. El gobierno logró el superávit fiscal justamente porque la masa salarial pasó de representar el 62% de los ingresos totales a solamente el 38% entre los años 2015 y 2022 (se contrajo 24 puntos porcentuales). En el mismo período el resultado operativo devengado pasó de significar un déficit equivalente al 13% de los recursos totales a representar un superávit del 5% (mejoró 18 puntos porcentuales).

En estos 7 años el Gobierno saneó su contabilidad en $90.000 millones (18% de los ingresos 2022) gracias a un ajuste de $120.000 millones realizado a sus trabajadores (24% de los ingresos 2022), y le sobraron $30.000 millones para redireccionar a otro tipo de erogaciones. El Gobierno transformó el déficit fiscal heredado del 2015 en un abultado superávit. Pero este objetivo no lo logró mejorando los ingresos del Estado (que de hecho disminuyeron frente a la inflación), ni haciendo una utilización más eficiente de los recursos. Este “ordenamiento” se consiguió aplicando un ajuste permanente a las y los trabajadores del Estado.

Precarización laboral y desocupación

Hoy millones en todo el país trabajan jornadas agotadoras para llegar a fin de mes mientras otra parte está desocupada o se las arregla con planes sociales y changas. La flexibilización aumenta y los nuevos trabajos son precarios. La situación en nuestra provincia no es distinta.

La reforma laboral es un tema que ha sido debatido en Argentina durante los últimos años, y en Mendoza no es la excepción. La reforma propuesta por el gobierno nacional incluye la flexibilización de las condiciones laborales y una mayor precarización de los trabajadores.

Según un estudio realizado por el CIEC, el 37,3% de las y los trabajadores se encuentran en una situación de informalidad laboral lo que implica una falta de protección social y una menor remuneración por su trabajo y el 8,2% de las personas están desempleadas.

Según la DEIE en los hogares pobres al 63,1 % de sus jefes y jefas ocupadas no les realizan aportes jubilatorios ni aportan por sí mismos, este indicador asciende al 76,5 % en el caso de los hogares indigentes.

A su vez el 40,4% de los jefes y jefas de los hogares pobres y el 37,4% de los de hogares indigentes tienen empleos precarios, sin derechos. Pero tampoco escapan de esto los hogares que no están debajo de la línea de pobreza ya que un 27,7% de estos y estas trabajadoras tampoco cuentan con los derechos laborales.

La asignación universal, los subsidios o la ayuda alimentaria del gobierno, etc. representan el 25% de los ingresos de los hogares indigentes y el 11% en los hogares pobres.

En materia de empleo, los y las jóvenes vienen siendo uno de los sectores estructuralmente más afectados a nivel nacional y provincial. De acuerdo al último informe del INDEC, la tasa de desocupación en el cuarto trimestre de 2022 alcanzaba el 6,3% a nivel nacional (4,3% en Mendoza). Desagregado por grupos de edad, puede observarse que afecta en su mayoría a jóvenes, representando un 50% del total -mujeres jóvenes menores de 29 años (22%) y varones menores de 29 años (28%).

Sin embargo, el dato más relevante que explica la dinámica laboral de los últimos años refiere a la situación de ocupados y subocupados demandantes, es decir, de personas que, estando ocupadas, requieren de salir a la búsqueda de uno, dos o tres empleos para cubrir los gastos mínimos. Dicho fenómeno, que no es nuevo, sino que ya lleva al menos una década, es el caso de los “trabajadores pobres”. En el Gran Mendoza, los ocupados demandantes alcanzan el 24%, es decir, que 1 de 4 trabajadores ocupados busca otro trabajo extra para poder llegar a fin de mes.

Otro dato relevante para comprender la situación laboral de las juventudes es la problemática de la informalidad. Según el Observatorio Laboral de la UNCuyo hacia finales de 2021 la informalidad laboral en el Gran Mendoza fue de 42,6% promedio anual -10 p.p. por encima de la media nacional- el valor más alto desde 2006. Esta cifra indica un mayor deterioro de las condiciones laborales de los/as asalariados/as en el principal aglomerado urbano de la provincia y un afianzamiento del empleo sin seguridad social, sobre todo en los años subsiguientes.

Pobreza

En Julio según la DEIE el valor de la Canasta Básica Alimentaria era de $93.958,74 y el de Canasta Básica Total $232.078,09 para una familia de 4 personas (esto no incluye alquiler).

En el último informe que elaboró en diciembre 2022 el Área de Estadísticas Sociales de la DEIE registró que la pobreza afectaba al 29,7 % de los hogares urbanos y que representan al 41,1 % de la población urbana, esto implica que estos hogares no tienen los ingresos suficientes para cubrir los costos de la Canasta Básica Total. Esto significa que hay 126.463 hogares, que incluyen a 591.140 personas que se encuentran bajo la línea de pobreza. De los cuales, 14.903 hogares en los que viven 77.668 personas son indigentes, es decir no pueden cubrir la Canasta Básica Alimentaria.

Como si estos datos no fuesen lo suficientemente dramáticos, hay que tener en cuenta que los hogares pobres cuentan en promedio con una mayor cantidad de niños y niñas menores de edad. Según la DEIE el 60% de los y las menores residentes en hogares urbanos son pobres y casi el 11 % son indigentes. Esto quiere decir que hay 308.364 niños y niñas en Mendoza en situación de pobreza y 56.734 a los que ni siquiera se les garantiza su alimentación básica, es decir pasan hambre y no obtienen los nutrientes que necesitan para crecer y desarrollarse. Estos datos posicionan a Mendoza en el ranking de las diez provincias con mayor pobreza infantil y la peor situada en Cuyo. Una provincia rica con infancias pobres. Si observamos la situación de las y los jóvenes de 18 a 24 años no es mejor, ya que el 19% no estudian ni trabajan, dentro de este grupo etario el 46% son pobres y 7% indigentes.

A pesar de la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran las infancias y adolescencias de Mendoza el gobierno también redujo el presupuesto de la Dirección General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para este año se presupuestaron $5.779 millones, lo que representa una reducción del 9% en términos reales. Esta reducción del presupuesto representa un aumento de las brechas de acceso a todo tipo de derechos a les niñes y adolescentes.

Pongamos de pie la fuerza de la clase trabajadora

Sólo la fuerza social de los trabajadores y las masas movilizadas para derrotar estos planes reaccionarios pueden frenar el avance de esta nueva legislación esclavista. Por eso los diputados y parlamentarios del FIT acompañamos cada lucha y cada batalla no sólo desde nuestras bancas, sino poniendo el cuerpo en las calles.

Nuestra propuesta de reducción de la jornada laboral apunta, además de hacer más saludables las horas dedicadas al trabajo asalariado reduciendo los ritmos, a liberar tiempo para que todos los que quieran estudiar puedan hacerlo, para el ocio recreativo junto a la familia y amigos, para mejorar la salud mediante el deporte, para que quienes lo deseen tengan tiempo para desarrollar las artes. Defendemos como un derecho la jornada laboral de 6 horas, cinco días a la semana. Los trabajadores han luchado a lo largo de toda la historia del capitalismo por la reducción de jornadas de trabajo extenuantes. Primero se consiguieron las 12, luego las 10 y mucho más tarde, hace más de un siglo, se conquistaron las 8, que se mantienen hasta la actualidad. Es sabido que la burguesía busca distorsionar hasta desdibujar totalmente las conquistas obreras como lo ha hecho con la tercerización, precarización y flexibilización laboral: millones tienen jornadas agotadoras, otros tantos no tienen el derecho a una jornada de tiempo completo y un ejército de desocupados ni siquiera tiene el derecho a un trabajo, cuando el nivel de la tecnología escaló -como todo el mundo lo sabe- extraordinariamente. No puede ser que, en la "era de internet" y la telefonía celular, se considere “normal” una jornada de igual duración que hace 100 años.

La historia de la clase obrera mendocina, marcada con sangre y heroísmo, supera ya los 120 años de lucha por la reducción de la jornada laboral. En 1891 aparece la primera Federación Obrera en Mendoza que, junto a otros gremios, adhiere a la constitución de la Federación de Trabajadores de la Región Argentina en Buenos Aires,que efectúa un petitorio al gobernador de la provincia solicitando las ocho horas de trabajo como jornada máxima. La primera huelga ferroviaria en la provincia se realizó el 27 de agosto de 1896 en el “Ferrocarril Gran Oeste” en demanda de limitar la jornada laboral a ocho horas. En marzo de 1898 un diario alertaba sobre “el ascenso de organización y lucha” que habían alcanzado los obreros de Mendoza. Junto a una enorme organización política socialista, entre 1902 y 1918 se desarrolló un vigoroso movimiento obrero, con heroicas huelgas y manifestaciones. En 1917, durante una huelga ferroviaria, fusilan sin piedad a los obreros que marchaban y a sus abanderadas Adela Montaña y Josefina Biandini de Gómez.

Estas luchas enormes y de gran combatividad fueron logrando imponerle a la burguesía mendocina, una progresiva reducción de la jornada, las ocho horas para los empleados públicos en la constitución de 1916 y finalmente la Ley N° 732 de 1918 que establecía la jornada de ocho horas para todos los trabajadores del comercio, la industria y los estatales, sin excepción. Una ley pionera a nivel nacional, ya que entonces sólo se encontraba limitado a ocho horas el trabajo de los menores de 16 años. La misma combatividad se necesitó luego para garantizar que esa ley se hiciera respetar, al igual que la reglamentación del trabajo de la mujer y los niños, el “sábado inglés” y la Ley n° 922 de salario mínimo; derrotando la reacción burguesa y las denuncias de “inconstitucionalidad” de la prensa de la época. Como en aquel entonces, hay que organizarse y luchar para conquistar la reducción de la jornada laboral. Para que podamos trabajar todos y tener más tiempo para disfrutar, con la perspectiva de un gobierno de los trabajadores y un nuevo tipo de sociedad donde lo que importen sean nuestras vidas y no la ganancia empresaria.

Con esa misma fuerza, uniendo a la clase trabajadora y el pueblo pobre en las calles, podemos terminar con el ajuste y las políticas que condenan al pueblo trabajador al empobrecimiento y el saqueo.

Desde el Frente de Izquierda proponemos:

• Aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales. Salario mínimo e inicial igual a la Canasta Familiar. Actualización automática y mensual de salarios, jubilaciones y planes sociales, de acuerdo al aumento de la inflación. Apoyo a todos los reclamos de la Unidad Piquetera y las organizaciones sociales.

• No a la reforma laboral, ni en el Congreso ni en acuerdos flexibilizadores por convenio o empresa. Basta de traiciones de la burocracia sindical. Recueperación de nuestras organizaciones sindicales, comisiones internas y cuerpos de delegados.

• Prohibición de despidos y suspensiones por 24 meses.

• No al fraude laboral en sus distintas modalidades. Pase a planta permanente y bajo convenio de contratados, tercerizados, informales, monotributistas.

• Reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana. Sin flexibilización ni reducción salarial y con un salario que cubra como mínimo la canasta familiar. Repartir las horas de trabajo que genera esa reducción de la jornada, entre ocupados, informales y desocupados, para generar trabajo con derechos para todos y todas.

• Que ningún jubilado quede bajo la línea de pobreza. Jubilación mínima equivalente a la Canasta de los jubilados, que elabora la Defensoría de la Tercera Edad. Por un verdadero 82% móvil, ligado al sueldo del activo. Aumentando las contribuciones patronales y eliminando de las desgravaciones a sectores empresarios. Creación de un hospital especializado para adultos mayores en Mendoza. Que la ANSES esté bajo la administración directa de jubilados y trabajadores. Basta de intervención en el PAMI, que vuelva a ser administrado por los propios jubilados.

• Anular los Tarifazos y las concesiones de las empresas privatizadas. Que sean gestionadas por sus trabajadores y trabajadoras y controladas por los usuarios. Basta de subsidios millonarios a empresas privadas que lucran con un servicio público. Auditoría independiente sobre todas estas empresas.

• Nacionalización de la banca y el comercio exterior, sin indemnización y bajo administración y control de los trabajadores. Nacionalización de la industria hidrocarburífera bajo gestión de los trabajadores y con control de las organizaciones ambientales y de los pueblos originarios.
• Investigación independiente del fraude del endeudamiento provincial y las renegociaciones realizadas por los mismos políticos, financieras y bancos internacionales. No al pago de la deuda fraudulenta. Ruptura con el Fondo Monetario Internacional. No al pago de la deuda externa odiosa.