Óscar Alberto Martínez Ramírez, y su hija Valeria, de un año y 11 meses, murieron ahogados este lunes en el río Bravo al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos. Podría ser la suerte de miles de centroamericanos, cubanos y africanos que se encuentran a la merced de las operaciones y la persecución de la Guardia Nacional de López Obrador.
Martes 25 de junio de 2019 12:05
El migrante salvadoreño Óscar Alberto Martínez Ramírez, y su hija Valeria, de un año y 11 meses, murieron ahogados en el río Bravo al intentar ingresar a Estados Unidos durante este lunes.
La familia de Óscar, su esposa Tania y su hija Valeria, se encontraba en Matamoros desde hace varios días a la espera de poder solicitar asilo.
Sin embargo, ante la desesperación del maltrato en los albergues y bajo la amenaza latente de las operaciones de la Guardia Nacional, que ya suma más de 21 mil efectivos para tareas migratorias, la familia de migrantes decidió cruzar el río el pasado domingo.
En El Salvador se estima –según las cifras del propio Banco Mundial– que son más de 100 mil personas viviendo bajo índices de pobreza extrema, el 34% de la población.
Mientras enfrentan estas condiciones en su país, a quienes deciden migrar para mejorar su calidad de vida, les espera la política de represiva del gobierno de López Obrador por medio de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional, que actúan bajo los dictados de la Casa Blanca y de Donald Trump.
Según relata la única sobreviviente de esta familia, los bomberos de Matamoros iniciaron la búsqueda que culminó 12 horas después, cuando a unos 500 metros del lugar donde se hundieron Óscar y Valeria yacían sus cuerpos flotando y abrazados.
Aunque las autoridades se empeñan en dar una imagen de respeto a los derechos humanos hacia los migrantes, es conocido por denuncias e investigaciones documentadas que los campamentos o albergues funcionan más como centros de detención, se les mantiene incomunicados, aislados y no reciben la mínima atención médica o de alimentación.
Por otra parte, hace no más de una semana que Andrés Manuel López Obrador sostuvo reuniones con Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador para suscribir una carta de intención en materia de cooperación bilateral entre nacional, que “permitan la colaboración para el desarrollo entre ambas naciones”. El pretexto idóneo para dejar de lado a los miles de centroamericanos que siguen dejando la vida en intentar cruzar fronteras: el libre mercado en la región.
A finales de mayo el número de solicitudes alcanzaba los 2 mil y una multitud de extranjeros rodeaba el Puente Viejo y Puerta México donde agentes estadunidenses concedían un promedio de tres citas a la semana. Sin embargo, tras los acuerdos entre México y Estados Unidos, las autoridades del Instituto Nacional de Migración procedieron a retirar a los migrantes y llevarlos a albergues, informó Juan Antonio Sierra, coordinador de la Casa del Migrante.
En 2018 se registró a nivel mundial 70.8 millones de desplazados de manera forzada, la cifra más alta registrada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). De ese total, uno de cada dos era un niño o niña como Valeria.
El organismo internacional reporta además que el año pasado se presentaron 2.1 millones de solicitudes individuales de asilo a escala global. Estados Unidos fue el país con mayor número de estas peticiones, y la mitad de los trámites para obtener refugio en ese país provienen de personas de México y Centroamérica.
