La empresa de seguridad privada que aportó a la campaña de Macri hace negocios millonarios con el Gobierno Nacional y de la ciudad de Buenos Aires tercerizando tareas de vigilancia en diversos ministerios y en el Banco Ciudad, entre otros. Además garantiza el control (casi policial) de los empleados públicos marcando a quienes se organizan.
Jueves 24 de mayo de 2018
En su campaña electoral de 2015 el PRO recibió donaciones por $ 124 millones, 84 de los cuales fueron aportados por empresas. Al menos 50 de esas firmas están habilitadas como proveedoras del Estado, tanto nacional como de la Ciudad de Buenos Aires.
En el caso de las compañías de seguridad privada que se reparten las licitaciones en territorio porteño, Murata Sociedad Anónima es una de las que obtuvieron contratos más jugosos. Y al mismo tiempo, tanto a nivel empresa como a través de su dueño, Roberto Raglewski, se sitúa entre los grandes benefactores de la campaña del PRO. El dato surge de los propios balances del PRO ante la justicia electoral.
La firma aportó a las arcas del partido de Mauricio Macri unos $ 295 mil y el empresario a título personal hizo lo propio con, nada menos, $ 500 mil. Lo hicieron, lógicamente, violando la ley de partidos políticos que prohíbe expresamente que empresas contratistas del Estado aporten dinero a las agrupaciones partidarias.
A su vez en 48 meses Murata facturó al Gobierno de la Ciudad $ 1.165 millones. Si se comparan los montos que habían recibido entre 2011 y 2015 con los de los próximos cuatro años, el negocio es brillante: la empresa obtuvo un aumento del 616 %. Los contratos por $ 1.165 millones fueron para la vigilancia de edificios públicos y organismos como el INTI, la Usina del arte y otras dependencias y ministerios de la Ciudad, Trenes Argentinos, el Banco Ciudad y el Subte.
La empresa es una de las empresas que apostó desde el principio al gobierno de Macri, creciendo paralelamente vía contratos públicos por más de $ 4 mil millones.
Las licitaciones para que los contratos con el Gobierno de la Ciudad se renovaran por cuatro años más salieron en tiempo récord (doce días) y ninguna de las empresas se presentó para trabajar en la zona que manejan sus competidores. Los datos salieron a la luz en 2016 por investigaciones periodísticas de Chequeado.com y La Nación Data.
Un poco de historia
Murata S.A. tiene su fecha de inicio de actividades el 10 de septiembre de 1991. Comenzó en la Provincia de Buenos Aires y luego incorporó en su ámbito de trabajo objetivos en la Capital Federal.
Sus áreas de “trabajo” son la custodia y servicio de seguridad física para establecimientos, consorcios, comercios, plantas fabriles, countries, entidades bancarias, supermercados, centros comerciales, museos, establecimientos educacionales, centros de salud y, desde 2014, las líneas San Martín, Mitre y Roca del ferrocarril. Actualmente es una de las empresas de seguridad privilegiadas por los contratos con el Gobierno porteño.
Roberto Raglewski integra el directorio de Murata. Fue jefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía Federal y lo obligaron a retirarse en 2004 tras un escándalo de corrupción.
Garante de precarización, persecución y muertes
Las tareas de Murata están basadas en controlar casi como la Policía a los empleados de las dependencias públicas y en especial en los lugares donde los trabajadores se organizan y resisten a los ataques del Gobierno, como sucede en el INTI.
Así lo denunciaron los propios trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. En un comunicado firmado por al Comisión de Prensa y Difusión de ATE-INTI denunciaron que “el Gobierno Nacional y las autoridades de INTI pretenden impedir” que las trabajadoras y los trabajadores realicen una asamblea dentro del Parque Tecnológico Migueletes, “asamblea que daría comienzo a las 96 horas de acampe y exigiría la renuncia del vicepresidente Damián Testori, quien arrolló con su auto al Sec. Gral. de ATE, Francisco Dolmann”.
Para impedir la asamblea, denuncian, “han militarizado el predio. Carros de asalto, un camión de bomberos, vallas, seis autos de la empresa de seguridad Murata S.A.” e infinidad de recursos “puestos al servicio de amedrentar a lxs trabajadorxs e impedirnos ejercer el derecho más elemental a la organización gremial”.
Por eso hacen “responsable al Gobierno nacional, a la ministra Patricia Bullrich y a las autoridades del INTI (Ibáñez, Testori, Spina, Zlattanof y Luna) de la integridad física y la vida de las y los trabajadorxs”.
En el caso de Trenes Argentinos, Murata sostiene la precarización de su personal a niveles brutales, tanto que los trabajadores realizan tareas sin capacitación alguna y en condiciones de total precariedad, sin un lugar físico, sin baño, sin elementos de seguridad, donde las tareas son una condena “de ajusticiamiento” como describen los trabajadores ferroviarios al punto de perder hasta su vida.
Como denunció este medio el lunes pasado, producto de la desidia patronal, del sostenimiento de la precarización, con responsables concretos como el Estado y el gobierno, Martín Pino (33 años) perdió su vida atropellado por uno de los trenes en circulación. Murata, la empresa ejemplo de Macri, asesina trabajadores mientras gana millones con plata del Estado.
En el subte, también Murata bajo el concepto de precarizar las condiciones de los trabajadores despidió en mayo de 2016 a 25 empleados que se organizaron para tener el mismo convenio que los trabajadores del subte.
Así lo denunciaron en aquella oportunidad desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSYP): “Nos solidarizamos con el reclamo que llevan adelante los empleados de la empresa Murata S.A, relacionados con su libertad de afiliación y la reincorporación a su puesto de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras de Murata, que realizan tareas de seguridad en el ámbito del subterráneo, están realizando asambleas para definir el tipo de medidas de autodefensa que llevarían adelante para conquistar mejores condiciones de trabajo en caso de no recibir una respuesta satisfactoria a sus demandas”.
El caso de Murata es uno entre muchos de empresas que tercerizan y precarizan las condiciones de trabajo de miles de trabajadores y lo sostienen como el modelo para bajar el costo laboral que reclaman los empresarios.
Mientras hacen negocios millonarios con el Gobierno de los CEO, son los trabajadores como Martín y tantos otros los que pagan con su vida y padecen los ataques para sostener un trabajo que apenas les permite subsistir.
Ese es el camino que ofrecen las direcciones sindicales que hacen oídos sordos al reclamo de millones de trabajadores que manifiestan su descontento de forma cotidiana y que hasta el momento no se ponen a la cabeza de enfrentarse al Gobierno para que no avance en descargar aún más la crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador.
