Santa Fe. Narcos y barras tienen cárcel VIP

Fotografía: La Capital

En una inspección de rutina en la comisaría 27° de la localidad de Arroyo Seco se descubrió que funcionaban celdas VIP para un puñado de presos. Celulares, televisores LED, heladeras y aires acondicionados eran algunos de los lujos.

Entre los reclusos privilegiados se encontraba el ex barrabrava de Newell’s Diego “Panadero” Ochoa acusado por asesinar a Roberto “Pimpi Camino” y Maximiliano "El quemadito” Rodríguez, en una disputa por el control de la barra del club. También se alojaba allí Mauro Quebertoque, acusado por el homicidio de Eugenio Badolini en pleno centro rosarino. Eugenio Quebortoque es el hijo Luis Quebortoque, quien fuera subjefe de la División Judiciales de la Policía santafesina. La identidad de una tercera persona que gozaba de estos beneficios no trascendió.

El encargado de la comisaría 27° fue removido, como también el jefe de Inspección de la zona, Daniel Villasboa. El caso estará a cargo del fiscal Guillermo Apanowicz quien en diferentes medios locales declaró que los uniformados implicados serán procesados por incumplimiento de deberes de funcionarios.

El escándalo de las celdas VIP, que viene a hacer su aporte a una fuerza sumamente desprestigiada por sus lazos con el narcotráfico y por encabezar las tristes estadísticas del gatillo fácil abre un nuevo debate, esta vez alrededor de las condiciones en las que se encuentran las cárceles en Santa Fe como también en el resto del país. Esta noticia viene a reforzar un hecho por demás de conocido, la enorme corrupción y descomposición que corroe al conjunto de las fuerzas de seguridad. Mientras, diferentes organizaciones de Derechos Humanos señalan con preocupación los alarmantes índices de presos sin condena, que dan cuenta de un sistema penitenciario sumamente estigmatizante, dirigido siempre hacia el mismo sector social: jóvenes, trabajadores y pobres.

Las condiciones infrahumanas de las cárceles son una situación generalizada en el país. Decenas de presos hacinados en un espacio mínimo, sin condiciones de higiene y de salubridad, hostigados por policías que al interior de estas sostienen las mismas prácticas represivas que se sufren en los barrios periféricos de las ciudades, todo esto es moneda corriente. Sin embargo esta situación no parece alcanzar a aquellos presos que comparten las ganancias de un “negocio común”, el narcotráfico, o como lo expone este caso, familiares de policías que reciben un trato preferencial.