CANDIDATOS EN LA CARCEL DE BATAN. Necochea: Hipocresía en campaña

Los actuales candidatos a concejales de Cambiemos, 1país, Unidad Ciudadana y Cumplir han pasado años siendo funcionarios o concejales, sin embargo se jactan de visitar por primera vez la cárcel de Batan, lugar donde se encuentran los detenidos necochenses. Producto de esa recorrida oportunista en el marco de la campaña electoral se publicó una nota en la prensa gráfica local, en donde se exponen las insólitas declaraciones de cada uno de ellos, así como parte de la cruda realidad carcelaria que se vive en el penal.

Un discurso demagógico para un accionar punitivista
Repasando lo dicho por cada candidato, Arturo Rojas (candidato de Cambiemos) habló de “políticas de recuperación y resocialización” y “falta de acompañamiento del Estado”.
Diego López Rodríguez (1País) fiel en su estilo de desentenderse de las cuestiones que le ocupan, no se focalizó en el Estado sino en cómo “la sociedad recibe a los que estuvieron privados de su libertad”, denunciando que “se le cierran las puertas”.
Andrea Cáceres (Unidad ciudadana) se refirió a la “oportunidad de volver a trabajar y construir un futuro es una deuda que nos tenemos como sociedad”
Por su parte, Luciano Lescano (Cumplir) aludió a las cárceles como “lugares de reinserción”.

¿Y el cupo laboral?
Para empezar a exponer la falsedad de los dichos de estos políticos del ajuste, vemos que desde el año 2011, cuando se sancionó La ley provincial 14.301 que establece el cupo laboral del 2% en dependencias estatales para liberados de prisión, todas las fuerzas políticas que han representado estos candidatos o bien han sido gobierno, o bien, como en el caso del Fe, tuvieron el bloque mayoritario de concejales. Sin embargo, ninguno de ellos impulsó este cupo a nivel municipal que se prevé en esta ley. Una primera muestra de hipocresía: discursos demagógicos en campaña mientras que las acciones evidencian claramente la desatención ante la difícil realidad de los ex-detenidos.
Más allá del cupo laboral incumplido, es moneda corriente la estigmatización y la criminalización de quienes son la gran mayoría de la población carcelaria: los jóvenes pobres, que no han tenido acceso a salud, educación y han sufrido carencias materiales de todo tipo. En este sentido, el anterior gobierno kirchnerista de Jose Luis Vidal impuso a la policía municipal -en contra de la voluntad popular-, y el actual gobierno massista destinó millones de los fondos públicos en más cámaras de seguridad y monitoreo. Está más que claro que la política municipal al respecto solo ha sido reforzar el punitivismo, y que los políticos del ajuste se ponen de acuerdo para actuar criminalizando a los jóvenes y luego hacer campaña con un discurso que se jacta de inclusivo, pero son palabras vacías. Por ello ha salido la nueva ley de limitación a las excarcelaciones, aprobada por gran mayoría en el congreso con el amplio consenso de cambiemos, el PJ, el kirchnerismo y el massismo, que endurece y empeora las condiciones de vida de los actuales presos pobres.

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¿Y la denuncia al maltrato policial?
No solo en las palabras se han puesto de acuerdo los políticos del ajuste, sino también en los silencios. No hicieron ni una referencia sobre el abuso y la violencia policial hacia los presos, a pesar de que hace pocas semanas murió un joven en Batán en circunstancias dudosas y hace 2 años y medio Noa Suarez fue asesinado en la Comisaría Segunda. Ambos casos continúan en la impunidad, así como el abuso policial cometido cotidianamente contra los jóvenes en los barrios y las calles, las cuales son detenidos por limpiar vidrios, por un porro o por la simple “portación de rostro”. Llamativamente, esto no fue parte de ninguno de sus discursos.

Educación y trabajo intramuros, pero precarizado y para unos pocos
En la nota los políticos elogian a quienes en la´cárcel han “elegido” estudiar o trabajar. Pero nada dicen acerca de los cupos limitados para realizar trabajos, o de la tercerización y bajas remuneraciones que implican. La limitación de estas oportunidades crea una división entre “presos de primera y presos de segunda”, ambos grupos igualmente sometidos a la lastimosa situación carcelaria aunque un sector se encuentra aún más pauperizado que el otro. Lo que debieran ser derechos fundamentales se convierten en “beneficios” para una minoría, incentivando la competencia y la desigualdad intramuros.

Diego Lopez: premio al cinismo
En las pocas palabras declaradas, sin dudas Diego Lopez es quien ha logrado el mayor nivel de indecencia. No solo se atrevió a juzgar a los jóvenes pobres presos -distinguiendo entre quienes querían “superarse” y quienes no-, sino que además dijo “haber salido esperanzado” de la visita a la cárcel. A pesar de advertir las pésimas condiciones infraestructurales, Lopez pensaba que estaban aún “mucho peor”. Parece que las ratas, la tuberculosis, la humedad, el frío y dormir sin colchón no le resultan condiciones suficientemente deplorables.

Un sistema penal clasista
A pesar de que las condiciones de las cárceles son más que pésimas, el Estado nacional destina aproximadamente 10.000 dólares anuales por cada detenido, y actualmente las cárceles contienen más de 70.000 personas privadas de su libertad, cifra que se estima en aumento gracias a la reciente reforma carcelaria. El Estado capitalista y sus gobiernos no dudan en destinar cifras millonarias al control social para defender la propiedad privada y la justicia clasista. Sabemos que las cárceles están destinadas a los jóvenes de los sectores más pobres de la clase trabajadora, en su gran mayoría condenados por casos de estupefacientes, robos y hurtos menores o simples perturbaciones al orden público. En vez de destinar esos fondos a la creación de puestos de trabajo o de un sistema de becas para que ningún joven se quede sin estudiar, los gobiernos capitalistas financian el encierro.
Tras la declaración de la Emergencia en Seguridad ha descendido el control sobre los gastos en este rubro, facilitando estafas millonarias al Estado en detrimento de la calidad de vida de los detenidos.
El poder político y policial, partícipe fundamental del gran delito, no son parte de la población carcelaria. Tampoco los grandes empresarios, a pesar de las maniobras fraudulentas que puedan llegan a cometer. Para ellos gobiernan y han gobernado este tipo de políticos que ayer visitaron la cárcel de Batán, porque son parte de una casta política al servicio de los poderosos.

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