No es la primera vez que el historiador cuestiona la cifra de detenidos-desaparecidos.
Miércoles 31 de mayo de 2017 12:35
“Luis Alberto Romero es historiador”. Con esa frase finaliza el artículo publicado en Clarín, en que el historiador debate la ley sancionada en la provincia de Buenos Aires que insta al Estado a hablar de 30 mil desaparecidos y de dictadura cívico-militar.
Romero es historiador, sí. Pero de derecha. Por decir más, fue titular de una materia de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hoy en día aprovecha su tiempo libre para escribir columnas en Clarín o La Nación cuestionando el número de desaparecidos. No es la primera vez que lo hace, ni tampoco que le respondemos.
¡Fueron 30 mil y fue genocidio!
Ferviente militante contra la Memoria, la Verdad y la Justicia, Romero cuestiona la ley sancionada en la legislatura bonaerense y, junto con ella, la cifra de 30 mil desaparecidos.
Comparando la sanción de la ley con el cercenamiento de la libertad de expresión de los regímenes totalitarios, Romero busca imprimirle un barniz “democrático y republicano” a su discurso derechista. Intenta maquillar su teoría de los dos demonios plantándose como el defensor de la libertad de expresión y de la república democrática.
Sin embargo, no tarda en sentenciar que “los abanderados de los derechos humanos le dieron a estos un sesgo progresivamente intolerante y dogmático”. Con esos dos adjetivos Romero deja a la vista su postura frente a la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad a los genocidas.
La historia es política y, como tal, es un campo de disputa. Romero lo sabe bien y por eso escribe lo que escribe: como el Gobierno de Macri, busca achicar la cifra de desaparecidos para minimizar el alcance del plan genocida perpetrado desde el Estado. Y Clarín, en su histórica campaña contra los derechos humanos, lo levanta como cita de autoridad.
Sin embargo, si Romero realmente quisiera saber cuántas fueron las víctimas, más que cuestionar el número brindado por los organismos de derechos humanos a lo largo de años de búsqueda, debería exigir la apertura de los archivos de la dictadura en manos del Estado. Una política a la que se negaron sistemáticamente los diferentes gobiernos democráticos: desde Alfonsín, pasando por Menem y De la Rúa, los Kirchner y, hoy en día, el Gobierno de Macri.
Desde la vereda del frente, a los militares y empresarios genocidas, y a los ideólogos como Romero, les seguiremos gritando bien fuerte “¡Fueron 30 mil y fue genocidio!”, luchando por la Memoria, la Verdad y la Justicia, retomando las banderas de aquella generación que luchaba por cambiar esta sociedad de raíz.
