Viernes 18 de septiembre de 2020 20:04
Con la consigna que titula esta columna, inauguramos la más extrema de las exigencias en el movimiento de derechos humanos ante las continuas amenazas que sufrieron y continuaron haciéndolo a los testigos, jueces, abogados querellantes, en todo el país, como intento de impedir la iniciación y prosecución de los juicios orales que llevarían a la condena irremediable a los genocidas de turno.
Las últimas palabras de Etchecolatz en el juicio, aquel 19 de setiembre, cuando refirió que están condenando a un hombre viejo, enfermo, sin dinero y sin poder, no se refería a él sino tal vez a que si lo condenaban al mismo tiempo lo harían contra López. No lo entregarían. Luego de escuchado el fallo, huyó disfrazado de gendarme con ayuda de los penitenciarios, por la puerta trasera, como una rata.
Es que en su testimonio el hoy desaparecido detalló cómo mataron a sus compañeros de militancia Patricia Dell’Orto y su esposo Ambrosio De Marco, a través de la apertura del tejido de un abrigo que tenía como capucha, en el centro clandestino Arana.
Cuando morosamente en el 2007 allanaron la celda de Etchecolatz encontraron un cuaderno que tenía indicaciones para su abogado para que algunos testigos, entre ellos López, desistieran de su testimonio. No lo lograron, lo que demuestra la firmeza en sus convicciones de la víctima.
Tal vez habría que señalar aquí que sus familiares no conocían su entereza, ni tal vez su militancia y fueron guiados por senderos litigiosos contra los que justamente tampoco tenían ni tienen resguardo contra todos los que con su poder residual o activo tienen intenciones de que los juicios no prosigan. La denuncia contra jueces, fiscales y abogadas querellantes fueron concluidas con un sobreseimiento, con la particularidad de que nunca fuimos llamadas a prestar declaración indagatoria.
Desde el momento de su ausencia al juicio, ya todos sabíamos que se trataba de una desaparición forzada, incluyendo el gobierno provincial. Cuando marchamos en La Plata pidiendo por su aparición, concluimos en la casa de gobierno provincial, donde estaban el gobernador Felipe Solá y Arlanian, Ministro de Seguridad Bonaerense, entre otros. Solicitamos que ponga en disponibilidad a todos los miembros de la policía bonaerense de la época de la dictadura (más del 20%), resorte que Solá reconoció que tenía, y no lo hizo, como tampoco la reforma estructural a la “maldita policía” que tenía en bandeja Arslanian, basándose, según ellos, a la gobernabilidad de la provincia. En el gobierno nacional el Presidente Kirchner reclamaba por “Tito” como si no fuera la figura con el máximo poder de investigación, y Aníbal Fernández que era Ministro del Interior, no nos dijo que estaba en España, sino tal vez con su tía tomando el té, cuando nos “concedió” una audiencia a los pocos días de la desaparición de López.
La impunidad estaba sellada. Los mensajes de extorsión y daño pegaron en el gobierno, menos para los testigos y el movimientos de derechos humanos, que redoblamos la apuesta, avanzar y no concluir hasta que los genocidas fueran a la cárcel y que los juicios fueran política de Estado, en honor a los desaparecidos, asesinados, exiliados, torturados de la última dictadura cívico, militar y eclesiástica de nuestro país.
Ya sabemos que las investigaciones fueron desviadas, hasta una parte con la “ayuda” de la bonaerense, hubo jueces que se inhibieron de pesquisar, visiones de pitonisas, y todo lo que no hay que hacer en una averiguación de desaparición forzada y no de averiguación de paradero como al principio se insinuó, la Side con Stiuso operando con pistas falsas y hasta la sugerencia del gobierno al juez de realizar un perfil psicológico de la víctima por si tenía ganas de suicidarse.
El actual Presidente, Alberto Fernández, que era Jefe de Gabinete de Kirchner no promovió ninguna investigación atento lo que mencionó el 26 de agosto de 2017 en su cuenta de twitter cuando dijo “A López lo hizo desaparecer la resaca genocida de Etchecolatz y su cría..” y pienso que está a tiempo y con todo el poder que dispone de impulsar la investigación y terminar con la impunidad reinante en esta causa. Pero también si no hay nunca más sin López, tampoco sin Bru, Núñez, Santiago Maldonado, Facundo Castro, y las docenas de asesinados o desaparecidos en los distintos gobiernos de turno en “democracia”.
Imputaciones. Etchecolatz fue juzgado por el Tribunal Federal Oral nro. 1 de La Plata desde el 20 de junio de 2006 por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos sufridos por los ex detenidos Jorge Julio López y Nilda Eloy, y los homicidios de Ambrosio Francisco De Marco, Patricia Dell´Orto, Diana Teruggi de Mariani, Elena Arce Sahores, Nora Livia Formiga y Margarita Delgado.
El 18 de setiembre fue secuestrado López y el 19 se emitió el fallo condenando a Miguel Osvaldo Etchecolatz a reclusión perpetua, en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina.
