NEGOCIOS QUE HUELEN MAL. Nordelta: veintiséis años de ilegalidad bajo amparo estatal

Las trabajadoras domésticas de Nordelta se rebelaron contra la discriminación y destaparon una olla que huele bastante mal.

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La historia empieza en 1972. Bajo la dictadura de Lanusse, dos empresas que ahora integran Nordelta S.A. compran a precio de remate 1600 hectáreas del conurbano bonarense: el 10% del partido de Tigre. Años después, la dictadura videlista otorga los primeros permisos para que estos empresarios hagan obras públicas sobre el territorio.

En 1992 Eduardo Duhalde firma el decreto 1736 para la formación de un "Nuevo núcleo urbano". Con él, la Provincia de Buenos Aires aprueba el Plan director de lo que hoy es la "ciudad-pueblo" de Nordelta. En 1998, con la llegada de Eduardo Costantini, se empieza a construir. En el 99 a vender. En el 2001 a poblar. Durante la década kirchnerista -y bajo municipio massista- llegó a ser el mega emprendimiento que es hoy, con 40 mil habitantes y otros 10 mil que ingresan diariamente a trabajar.

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El plan director aprobado en el 92 definía a Nordelta como una ciudad abierta con barrios cerrados. Es decir, las calles troncales que unen esos barrios entre sí tenían que ser públicas. En base a ello, los empresarios se comprometían a construir una estación de ómnibus y otra de tren que extendiera la línea Mitre. El plazo máximo para cumplir con estos requerimientos era 12 años o el momento en que se llegara a un mínimo de población de entre 5.000 y 10.000 habitantes. Pasaron 26 años. Viven 40 mil personas. Todavía no se cumplió.

El municipio de Tigre, 26 años más tarde, vota una resolución en el Concejo para que ingrese la linea 723 por las calles troncales de Nordelta. Lo hace solo después de que las trabajadoras domésticas se rebelaran, porque los mismos propietarios las hacían bajar de los colectivos privados de Mary Go diciendo que "olían mal" y "hablaban mucho" (en tiempos del imperio romano se le decía a los esclavos "la herramienta que habla", con estos de Nordelta ni eso).

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Todos los accesos a la ciudad están vigilados por la Asociación de Vecinos de Nordelta, un consorcio de propietarios anónimos cuyos sueldos son pagados por Nordelta S.A. (que luego traslada los costos a las expensas), según consta en una nota de la revista Locally, antes llamada Gallaretas.

Esta Asociación de "vecinos" tiene el poder de cachear incluso a otros propietarios, si acaso están entrando a un barrio diferente al de su residencia.

Estos mismos "vecinos" salen en los medios de comunicación a decir que si llega a entrar el colectivo van a alambrar las calles troncales como si fuera la frontera de EEUU con México, la de Israel con Palestina, o la de Europa con los árabes. Y encima tienen el tupé de llorar diciendo que "se los estigmatiza por vivir en Nordelta". Fijate, amigo.

¿Quienes son estas personas y por qué tienen el poder de decidir que no se apliquen resoluciones provinciales y municipales en el territorio que ellos controlan? Más aún, ¿Por qué tienen el poder de que en el 10% del partido de Tigre no se aplique ni siquiera el artículo 14 de la Constitución Nacional?

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Ese artículo que habla de la "libre circulación de las personas". El que evoca Patricia Bullrich -como antes Sergio Berni- para reprimir cuanta protesta haya contra el hambre, los despidos, el ajuste. Ese mismo artículo que en media hora te manda a la gendarmería cuando la protesta es por los jubilados, hace veintiséis años que no se cumple en Nordelta y todos los poderes del Estado municipal, provincial y nacional, lo toleran. No solo eso: lo declaran sitio de interés, subsidian, hacen obras públicas.

Las valientes trabajadoras domésticas destaparon una olla profunda. Lo que huele mal son los negocios que hizo Nordelta S.A. con las dictaduras de Lanusse y de Videla, con Duhalde, con Menem y con todos los gobiernos desde entonces.