Docentes. Nueva Ley Educativa de Mendoza: ¿Municipalización de la Educación?

La ley que actualmente rige la educación de Mendoza es la ley 6970 sancionada en enero del 2002, la misma establece en su artículo 2 que: “La educación pública de jurisdicción provincial está integrada por los servicios educativos de gestión estatal y privada”. En el borrador de la nueva ley se agrega un servicio educativo más: los “servicios educativos públicos de gestión municipal, dentro de los marcos de los convenios que se concreten a tal efecto”. Pero ¿Qué intenta decir la ley con este nuevo agregado?

En el apartado específico dedicado al tema surgen más dudas que certezas, enumera un conjunto de “servicios educativos” administrados por el municipio que pudieran desarrollarse “con o sin apoyo de la DGE” y en el inciso 112° asegura la sanción de una ley específica que tratará las competencias y atribuciones de los municipios en materia educativa. Según dichos del propio director General de Escuelas, esta ley pretende servir de un marco normativo amplio para luego avanzar en reglamentaciones específicas: la municipalización será una de esas normas complementarias.

Nos preguntamos: ¿Qué intenciones tiene la delegación en los municipios de la tarea educativa? ¿Qué “servicios” se prestarán? ¿Quién pagará los salarios de esos docentes? ¿Qué contenidos se brindará? ¿Con qué fines? Muchas preguntas que la ley, intencionalmente, no responde pero que a todas luces son la puerta de entrada a la descentralización educativa, con su consiguiente desigualdad por regiones, y precarización laboral. De este modo se transfieren responsabilidades de la Nación a los gobiernos provinciales y de estos a los municipios, medidas neoliberales que fueron muy resistidas en la década del 90, por seguir premisas orquestadas por los organismos internacionales, como el Banco Mundial, que tendían crecientemente a una mercantilización de la educación.

Los SEOS y su lucha contra la precarización laboral

Pero si de municipalización se trata, un ejemplo concreto son los Servicios Educativos de Origen Social (SEOS), creados en el año 1988 con una porción presupuestaria de la Dirección de Educación Privada quien subsidia, por medio de un convenio con entidades intermedias (fundaciones, instituciones religiosas, asociaciones civiles, uniones vecinales, cooperadoras de hospitales y municipios) solamente los salarios de las docentes de estas instituciones, es decir que auxiliares de sala, de cocina y limpieza o celadoras quedaban fuera de la responsabilidad del Estado provincial.

Los SEOS están compuestos en su mayoría por jardines maternales y centros de apoyo educativo para niñas, niños y adolescentes. A lo largo de más de 30 años de existencia han atravesado distintos momentos pero siempre con sus trabajadoras (en su mayoría mujeres) a la cabeza por la pelea de una reglamentación que las contemple como parte de la planta funcional de la DGE.

Según la experiencia de muchas de las docentes que al día de hoy aún son parte de estas instituciones, los S.E.O.S. surgieron en un contexto de crisis y donde eran necesarios los jardines maternales buscando espacios educativos y de cuidado gratuitos para satisfacer la demanda en especial de los sectores populares, para el desarrollo de las primeras infancias desde una perspectiva de protección de derechos de niñas y niños.

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Pero ¿Por qué decimos que estos servicios son un ejemplo de las consecuencias de la municipalización de la educación? Para responder a esto, es necesario hacer un recorrido breve por estos 32 años de los S.E.O.S.

Los SEOS son instituciones estatales de gestión social que a lo largo de la historia han sido sostenidas por sus trabajadores/as y por la comunidad educativa, ligados siempre a la pelea por su reconocimiento dentro del sistema educativo y por la creación de un marco reglamentario que tenga en cuenta las condiciones laborales, la igualdad de derechos con los trabajadores pertenecientes al ámbito de la DGE y el fortalecimiento de la perspectiva educativa.

Con el paso del tiempo y a pesar de los distintos gobiernos, nunca se llegó a ese marco reglamentario y esta ley no va a ser la excepción. El nuevo proyecto de ley les dedica un apartado específico que no avanza un centímetro sobre ninguna de las demandas ni reclamos que viene sosteniendo incansablemente este sector. Hubo una Dirección de Gestión Social y Cooperativa hasta la gestión anterior del gobierno provincial pero con el actual, también fue borrada de un plumazo.

En todos estos años, entre otros sucesos, el Estado provincial designó a las entidades intermedias no gubernamentales como los responsables completos de las relaciones patronales, por lo que varias de ellas abandonaron directamente su participación ante lo cual muchas instituciones tuvieron que ser derivadas a la órbita municipal, mientras que otras tantas sufrieron el cierre o cese en las inscripción de nuevos aspirantes.

Hoy ante un nuevo proyecto de ley provincial en el que se quiere introducir la municipalización de la educación, las voces de estas maestras y esas comunidades vuelven a hacerse sentir

Este dato no es menor, por esos años el boom de la municipalización de los SEOS derivó en los resultados esperables: miles de trabajadoras y trabajadores con contratos precarios bajo régimen municipal, con renovaciones anuales, sin pases a planta permanente, sin recategorización y con salarios por debajo de la canasta básica.

Estas son las peleas que en 32 años siguen siendo bandera de lucha contra la precarización y porque el Estado sea quien financie íntegramente la educación, hoy ante un nuevo proyecto de ley provincial en el que se quiere introducir la municipalización de la educación, las voces de estas maestras y esas comunidades vuelven a hacerse sentir. La nueva propuesta de ley no sólo no avanza sobre los reclamos de la comunidad de los SEOS sino que profundiza la municipalización de la educación, a pesar de no haber aún reglamentado ni contemplado la situación de miles de docentes que continúan siendo el sector más precario de la educación.

Este es sólo un aspecto de los muchos puntos conflictivos que plantea el borrador de ley, por eso esta semana miles de docentes estarán discutiendo en sus escuelas el rechazo a esta ley que avanza con la política precarizadora cuando tiene una enorme deuda con el conjunto de los/as trabajadores/as de la educación: la apertura de paritarias salarial y no salarial en un contexto de creciente crisis.