Negocios. Nueva Ley de biocombustibles: una salida extractivista ante la falta de dólares

La nueva Ley de biocombustibles que impulsó el diputado nacional Máximo Kirchner, y tuvo el apoyo de los legisladores y gobernadores de las provincias del norte y petroleras, entró en vigencia el 4 de agosto y durará hasta el 2030.

La Ley 27.640 vino a reemplazar a otra normativa que desde 2006 promocionó el negocio de los biocombustibles que está en manos de grandes actores económicos como Cargill (USA), Cofco (China), Louis Dreyfus Company (Francia), Molinos Río De la Plata (local-Pérez Companc) y Renova (Glencore-Vicentin) y Viluco S.A (local, Lucci), T 6 (AGD, familia Urquía), ingenio La Florida, El Tabacal y Ledesma. Este sector compite con las petroleras que por esta Ley tienen que incluir en los combustibles fósiles una cuota de biocombustibles.

¿Qué cambio respecto de la Ley anterior?

Fundamentalmente los porcentajes de biocombustibles por cada litro de nafta o diesel. En el caso de biodiesel que se produce en base a soja pasó del 10% al 5%. Mientras que en el bioetanol se mantuvo en el actual 12%, siendo que se estableció un cupo de 6% para el bioetanol derivado del azúcar y un 6% para el derivado del maíz. Sin embargo, los ingenios azucareros salieron beneficiados porque no tienen la clausula de disminuir un 3% la cuota de bioetanol (en caso de que una suba del precio del bioetanol altere el precio de los combustibles fósiles) que sí afecta a los productores de bioetanol en base a maíz.

¿Por qué cambiaron la Ley?

Los cambios en la nueva Ley respecto de la 26.093 que vencía en este año despertaron un intenso debate con fuego cruzado entre las petroleras y los productores agrarios e ingenios que pretendían incluso un aumento del corte de 12 a 15 por ciento como mínimo. ¿Hubo algún debate sobre el desarrollo nacional o el cuidado del medioambiente? De ninguna manera.

Lo que quedó plasmado en la nueva Ley termina siendo una solución de compromiso por parte de un gobierno necesitado de dólares para pagar la deuda al FMI. Esto lo decimos porque el gobierno tiene que transitar un camino sinuoso estimulando a las petroleras a que sigan invirtiendo y, a la vez, orientar al agronegocio a que destine todo lo que más pueda de su producción a la exportación. La caña y el maíz con destino al bioetanol no generan dólares, puesto que se venden en el mercado interno en pesos; y en el caso de la soja destinada al biodiesel tiene que superar las barreras comerciales y cupos que impone la Unión Europea o los Estados Unidos. Mientras tanto, desde el gobierno se vieron presionados por el lobby agrario y azucarero que logró un negocio muy rentable gracias al amparo del Estado. Por ejemplo, por la regulación de la Secretaría de Energía la caña de azúcar es más rentable cuando se destina a bioetanol que a la producción del azúcar comestible. La diferencia por tonelada de caña es un precio 18,3 por ciento superior según informa el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán.

Con esta Ley los ingenios se mostraron satisfechos y celebraron, incluso desde diciembre de 2019 han recibido un aumento del 93% en el precio del bioetanol. Otro favor de la Ley es que les impide a las petroleras ingresar a su negocio. A cambio, las petroleras tienen enormes estímulos fiscales para la explotación convencional y no convencional (fracking) sobre hidrocarburos como estipula el Plan Gas.

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¿Y la huella de carbono?

En la misma Ley (art. 16) dejan abierta la posibilidad de sustitución de importaciones de combustibles, “con el objeto de evitar la salida de divisas”, ampliando entonces los cupos de bioetanol. De conjunto es un marco regulatorio pensado para generar más dólares a través de la actividad de exportación petrolera y del agronegocio. Muy lejos por cierto de la búsqueda de una transición energética que disminuya la denominada huella de carbono, más allá incluso, que es cuestionable el saldo neto de emisiones que generan los biocombustibles. Su producción exigen el consumo de combustibles fósiles para los tractores, cosechadoras y de agroquímicos e incluso en el caso de los ingenios vierten la melaza (desecho de la caña) a los ríos cuestión que generó una causa penal al dueño del ingenio La Florida o la propagación de la enfermedad del bagazo que afecta a las vías respiratorias.

De esta forma el gobierno nacional con los gobernadores ratifican el rumbo de apostar al extractivismo (“extracción de recursos de la naturaleza para vender en el mercado mundial”) de la mano de las petroleras, el agronegocio y los barones del azúcar. Todo sea por rendir cuentas en el pago en dólares de la deuda que dejó Macri con el FMI y de toda la deuda pública que actúa como un mecanismo histórico de saqueo y subordinación del país. El cuidado del medioambiente te lo debo.