El 28 de junio el FSP junto con otras organizaciones sociales y sectores de la iglesia participaron del día internacional de la lucha contra uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, actividad que abrió el debate.
Martes 5 de julio de 2016
En el marco del día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, el Frente Social y Popular lanzó la campaña de ni un pibe menos muerto por la droga. Esto pone nuevamente en discusión el rol del Estado junto a la policía en el narcotráfico y la criminalización de la juventud con respecto al uso y consumo de las drogas. Un debate que es recurrente entre los partidos de izquierda.
La campaña de ni un pibe menos muerto por la droga no menciona que el narcotráfico es un negocio millonario que maneja el Estado, los grandes empresarios y la policía, por eso se abre un cuestionamiento hacia donde esta apuntado el eje de la culpabilizacion. Desde la juventud del PTS siempre han remarcado que el consumo no es el factor responsable de las muertes. Las responsabilidades son estatales y el negocio quedó evidenciado en la provincia cuando Hugo Tognoli ex jefe de policía, nombrado por Antonio Bonfatti y Jose Luis Baella, ex jefe de inteligencia de drogas peligrosas, fueron juzgados por estar involucrados de manera directa con el narcotráfico.
Este eje desencadena también otra discusión más profunda sobre el rol de la policía, ya que muchos partidos de izquierda entienden que son solo algunas manzanas podridas que hay que sacar, que es una institución que se puede depurar y sindicalizar. Por el contrario, desde el PTS consideran que el rol de ellos es cuidar los negocios de los empresarios, entre esos el de la droga. El FSP no hace ni una sola mención de la complicidad que hay entre la policía y el narcotráfico, su campaña solo hace eje en el adicto, estigmatizando así a todos los consumidores y no denuncian el rol de encubrimiento que tiene el Estado para que exista dicho negocio lucrativo para unos pocos.
Frente a esto es importante además recordar que en el 2014 tras la excusa de combatir el narcotráfico, fue el gobierno kirchnerista junto con el partido socialista quienes orquestaron la llegada de miles de gendarmes que solo vinieron a militarizar los barrios de nuestra ciudad. Mientras que en el 2013 el gobierno kirchnerista impulsó una ley de blanqueo de capitales. Para que los empresarios puedan “legalizar la plata sucia”, entre ellas la que proviene del narcotráfico y la trata. No muy distinto a lo que impulsa el gobierno de Macri ahora. Con estos fundamentos el Estado aplica mayor represión a los consumidores y mientras garantiza cuidados y prosperidad para los empresarios narcos. Es por esto que para luchar contra el narcotráfico no se puede dejar de denunciar a los sectores que se benefician con este negocio.
Otra discusión que abre esta campaña que el FSP está impulsando es la legalización de las drogas, que es fundamental para terminar con el negocio del narcotráfico. Que se termine con la ilegalidad de las drogas no solo va a terminar con un negocio multimillonario que llena los bolsillos de unos pocos. Sino que es la forma de terminar con la disputa territorial, con aquellas bandas que aterrorizan a los barrios, como la de los monos o los canteros, que son responsables junto con la policía de los cientos de jóvenes que mueren por el mal llamado “ajuste de cuentas” y de esclavizar a los jóvenes para que sean soldaditos de los bunker.
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Pero no solo eso, la legalización de las drogas lleva a una discusión también cultural para terminar con la estigmatización del consumo y la criminalización de la juventud. Solo basta con recordar los dicho de Gabriela Mechetti: “Los jóvenes pobres se drogan y los jóvenes ricos tienen excesos” y no muy lejos de esto se encuentran los dichos de la Diputada provincial santafesina Meier del FSP, donde con un discurso moralista habla sobre una cultura consumista donde no hay valores humanos, este sería el escenario del accionar del narcotráfico que según la diputada lleva al consumo salvaje de las drogas, siguiendo su lógica es casi decir que sin consumidores no hay narcotráfico.
Con este discurso solo están estigmatizando el consumo y además están respaldando la idea de que sea el Estado el que regule la vida privada de las personas, sobre lo que sí se puede o no se puede consumir. El estado no debería legislar las decisiones personales sino que tendría que brindar herramientas e información sobre las drogas y controlar que sean de buena calidad, este es un punto central y con carácter clasista ya que solo los ricos tienen acceso a drogas de mayor calidad en sus fiestas vip, mientras los pobres consumen porquerías que provocan un alto daño en su salud. Esta política es impensable sin el acompañamiento de la construcción de más clínicas de rehabilitación, inversión en la salud pública, junto a una reforma educativa que tome este tema como parte de los debates en los colegios. Pero hacer esto para el Estado implica terminar con uno de los negocios de la casta empresarial y política.
El debate amerita mucha reflexión para poder enfrentar el negocio del narcotráfico y legitimar el consumo como un derecho y no como un delito que culmina en muertes, esta posición de culpabilizar al consumo solo genera mayor estigmatización sobre una juventud que es constantemente reprimida y utilizada como mano de obra barata de este mismo negocio, los jóvenes mueren por el entramado policial narco con complicidad estatal, no por fumar marihuana.
