Como dijimos en un artículo anterior, los métodos usados por las fuerzas represivas en el Operativo Independencia fueron un ensayo general de los métodos que se extenderán nacionalmente a partir del 24 de marzo de 1976.

Los decretos secretos [1] del gobierno peronista [2] fueron un punto de apoyo para la elaboración y la puesta en marcha de un plan sistemático de exterminio.

Este plan se asestaba en una maquinaria represiva que abarcaba desde el señalamiento de “objetivos” (como se denominaba a quienes se iba a detener, secuestrar o asesinar) por parte de las patronales o la burocracia sindical, los “grupos de tareas” que realizaban las tareas operativas y la planificación de las operaciones a cargo de los principales mandos militares con el apoyo empresarial y de otros sectores, como la cúpula eclesiástica.

Este plan se basaba en las doctrinas elaboradas principalmente a partir de las intervenciones imperialistas del Ejército francés en Argelia y del Ejército norteamericano en Vietnam [3]. Además, estos métodos se replicarán en casi toda Latinoamérica en el marco del Plan Cóndor en la que los diferentes gobiernos militares del Cono Sur junto al imperialismo realizarán operaciones conjuntas e intercambiarán inteligencia, prisioneros y recursos.

El secuestro y la desaparición de personas fueron los principales métodos persecución utilizados en diferentes escenarios como la vía pública, domicilios o lugares de trabajo y estudio. Generalmente se realizaban en la noche por “grupos de tareas” con integrantes de las fuerzas represivas vestidos de civil, evitando de esta manera “blanquear” las detenciones y que estás pasen a la órbita judicial. La tortura será utilizada para obtener información sobre otros “objetivos”.

Esta metodología represiva se combinó con la implementación de los primeros centros clandestinos de detención (CCD). Los CCD se dividían operativamente en los lugares de tránsito y los lugares donde los detenidos eran alojados con mayor permanencia, tipo campo de concentración, hasta su traslado, que muchas veces significa su asesinato cerca de lugares descampados o fosas comunes.

El apoyo empresarial

El primer CCD se conoció como la “Escuelita de Famaillá”, instalado en una pequeña escuela y funcionando desde febrero de 1975. Muchos de estos CCD no se podrían haber implementado sin una activa colaboración por parte de la burguesía azucarera.

El ingenio Fronterita, de la familia Minetti [4], cedió viejas instalaciones en los primeros tiempos del Operativo Independencia. Lo mismo hicieron los propietarios del ex ingenio Lules, al norte de Famaillá, donde se encontraba el Puesto Táctico de Comando. Cuando Bussi resolvió trasladar el Puesto Táctico de Comando, lo instaló en los predios del ex ingenio Nueva Baviera.

En la zona de Caspinchango funcionó otro CCD, en terrenos de la familia Nougués, propietaria del ingenio San Pablo. Las instalaciones de los ingenios La Corona, Providencia, Bella Vista, San Juan, Santa Rosa, La Trinidad y Leales (propiedad de la familia de Alfonso Prat Gay) también fueron utilizados para algunas detenciones. El ingenio Concepción, el más grande la provincia y propiedad de la familia Paz, poseía un helipuerto que era utilizado por Bussi asiduamente.

Las patronales azucareras también desembolsaron millones en el “Fondo Patriótico Azucarero”. Como sostiene el periodista Marcos Taire, “la colaboración económico-financiera de la oligarquía azucarera tucumana y los delitos perpetrados en el marco del asalto a CONASA son dos materias pendientes en la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Tucumán” [5]. En este sentido, otro de los instigadores a la represión obrera fue Carlos Pedro Blaquier en Ledesma, quien además aportó al Ejército, los vehículos mediante los cuales se realizarían los secuestros en la Noche del Apagón.

El “Fondo Patriótico Azucarero”, según la propia administración le significaron ingresos mensuales de U$S 3.650.000, a lo que debe agregarse los aportes de la Unión Industrial y un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de otros U$S 3.000.000 [6].

A cambio de dicha financiación, las patronales pudieron sacarse de encima de cualquier obrero que reclamara por sus derechos. No casualmente en la actualidad el NOA tiene los salarios promedio más bajos del país.

Un régimen comprometido con el genocidio

Desde el inicio del Operativo y hasta el golpe del 24 de marzo, el conjunto del régimen político de la provincia y el NOA se encargaron de apoyar al Ejército encubriendo su accionar. En su trabajo sobre la responsabilidad civil en el Operativo Independencia [7], Matías Artese y Gabriela Roffinelli relevan las principales declaraciones de dirigentes del PJ, la UCR, empresarios y la burocracia sindical, de las cuales reproduciremos algunas a fin de graficar la magnitud del aval recibido por los militares.

El entonces gobernador de la provincia y principal referente del PJ, Amado Juri dará su apoyo: “La intervención de las FF. AA. en la lucha contra la subversión apátrida que pretenden arrasar mediante la violencia y el crimen las instituciones de la república para sustituirlas por regímenes opresores dóciles a los imperialismos económicos e ideológicos, ha encontrado el apoyo y la solidaridad del pueblo y el gobierno”.

Pero no solo desde el peronismo se apoyó el genocidio del Operativo Independencia. Será el principal referente del radicalismo, Ricardo Balbín, quien de forma reiterada reivindicará al Ejército. Una semana después del inicio del Operativo, afirmó que “las FF. AA. después del pronunciamiento de marzo y septiembre han tenido una actitud ponderable al respeto del orden institucional del país […] Y lo han cumplido porque esta decisión de participar en la lucha contra la guerrilla ha sido una decisión del PEN, es decir no se puede sospechar de ninguna manera, que esta pueda ser una intervención militar con segundas intenciones”. Meses después, su vocación represiva y antiobrera lo llevará a golpear los cuarteles a fin de ponerle fin a la “guerrilla fabril”.

Otro actor será la Iglesia católica, que brindará un importante sostén ideológico. En su libro Profetas del odio, Ariel Lede y Federico Bilbao detallan la participación de 43 capellanes (37 por el Ejército, 5 por la Gendarmería). Prestaron “apoyo logístico espiritual” al despliegue de las Fuerzas Armadas, convenciendo a las tropas de la justeza de la “guerra” y la necesidad de no guardar piedad ante los “enemigos de la civilización occidental y cristiana”, y desde ya la justificación de la tortura.

En 2010, durante el juicio de Jefatura I, según la documentación entregada por Juan Carlos Clemente, el entonces capellán del ejército José Mijalchyk aparece como informante del Servicio de Información Confidencial. Su rol en el Arsenal era hablar con los detenidos y convencerlos de hablar “con total sinceridad” ante los torturadores. A pesar de que varios testigos lo ubicaron en las salas de tortura, en 2013 fue declarado “libre de culpa y cargo”.

Los principales medios de comunicación serán claves para el encubrimiento como para la justificación del genocidio en marcha, tanto durante el Operativo como luego del golpe. Como parte de esas tareas, el entonces periodista de La Gaceta de Tucumán y corresponsal de Clarín, Joaquín Morales Solá, desplegará permanentes apoyo y encubrimiento desde sus columnas. Entre ellas podemos destacamos una nota del 17 de febrero de 1975 en la que afirma:

El Ejército distribuye alimentos: harina, conservas, azúcar, aceite en la escuela de Santa Lucía. El hospital está recién pintado por el Ejército, y un oficial médico atiende a los aquejados de resfríos y anginas. Intentamos conversar con los lugareños y nos hablan de la acción cívica del Ejército, de los arreglos que hizo en servicios y locales públicos, pero cuando preguntamos sobre lo que está pasando, un adiós tan ceremonioso como rápido nos frustra el intento.

Mientras Morales Solá escribía estas columnas y recorría las zonas de operaciones invitado por el Ejército, se secuestraban a los periodistas Maurice Jeger (de La Gaceta) y José E. Ramos (Canal 10 y diario Noticias).

“Ni una huelga”. Sobre el rol de los sindicatos

Si de pilares de apoyo al plan represivo hablamos, quizás uno de los más estratégicos fue el prestado por la burocracia sindical. Antes de desarrollar la actuación asumido por las direcciones conviene una digresión teórica. En el artículo “Los sindicatos y la estrategia”, Fernando Rosso y Juan Dal Maso plantean:

… en la Argentina se dan las “condiciones especiales de poder estatal” a que se refería Trotsky en su conocida cita sobre el “bonapartismo sui generis”, producto de la debilidad de la clase dominante y de la relativa fortaleza de la clase obrera, en un contexto de opresión imperialista. En este marco, la distinción “teórica” entre lo que es “Estado” y lo que es “sociedad civil”, es bastante difícil de aplicar a la realidad nacional en ciertos casos. El caso más claro de esto es precisamente el de los sindicatos. En la Argentina, luego de un largo período de experiencias de organización obrera en su mayoría independiente del Estado, los grandes sindicatos de masas se terminan de constituir con el peronismo, con una burocracia sindical que constituye un aparato para-estatal que actúa como “sociedad civil” cuando tiene que contener y como Estado (banda para-estatal) cuando tiene que apuntalar la represión.

De esta forma, los autores van a definir que “la ampliación de la tutela del Estado hacia estas organizaciones presuntamente ‘privadas’ de la ‘sociedad civil’, y la creación de una burocracia sindical con poder otorgado por el Estado, apuntan a fortalecer su función de policía en el sentido ‘amplio’ del que hablaba Gramsci”. Este doble rol de, por un lado, contención y, de policía política (represión), por el otro, se aplicará casi a rajatabla en Tucumán.

Desde el rol de la contención –como analizaremos más detalladamente en un próximo artículo–, la dirección de la FOTIA, y Atilio Santillán en particular, hará lo posible desde un principio para evitar la declaración de la huelga azucarera en 1974. Una vez superados por las bases, harán no menos esfuerzos para levantar la medida, incluso amenazando con la renuncia del histórico dirigente si no se votaba por unanimidad el fin de la huelga. Al mismo tiempo, desde el rol de policía política, la mayor parte de las direcciones sindicales nucleadas en la CGT Regional Tucumán y en las 62 Organizaciones realizarán una campaña permanente de hostigamiento y calumnias a los obreros en huelga, mientras en simultáneo se integraban en las bandas para-estatales de la Triple A y sus comandos tucumanos.

Ya en pleno Operativo Independencia no será menor el apoyo desplegado. Desde la CGT Regional Tucumán –una declaración firmada por Héctor Pérez, Juan Palavecino, Esther M. de Bulacio, Fausto Vélez y Horacio Cáceres– plantearán “adherirse fervientemente a la decisión de nuestra presidente de combatir a los mercenarios de la antipatria hasta las últimas consecuencias”. Las Juventudes Sindicales Peronistas no se quedarían atrás, Juan Acosta. Antonio Brito y Oscar Chávez remarcaron que “deben desaparecer del suelo patrio las minorías al servicio de la anarquía y las ideas extranjerizantes que con vandálico afán no se suman a este proceso de prosperidad que lidera nuestra querida Isabelita”.

No serán las primeras ni las únicas declaraciones de estos dirigentes. Incluso desde la misma FOTIA, Alejo F. Ávila y Juan F. Lara, señalaron en diciembre de 1975 que “el general Vilas ha demostrado ser un ejemplar soldado de la patria, que aparte de sus tareas castrenses (ahora condensadas en la lucha contra la guerrilla) también puso todo lo necesario para solucionar los problemas de los civiles en nuestra provincia. Mencionó la apertura del Ingenio Esperanza y el excelente convenio colectivo de trabajo para la familia azucarera y muchas cosas más que han contribuido a que se haga realidad la zafra en paz prometida por los tucumanos a la presidente de la nación”. Esta solicitada era un respaldo a Vilas cuando su relevo era inminente.

En su Diario de campaña, con elocuencia, Vilas cuenta su relación con los sindicatos:

Los cité un sábado en la Casa de Gobierno y allí, frente a los representantes de 124 gremios les hablé claro. En principio les hice ver mis limitaciones como Comandante de una zona de operaciones, pero enseguida demandé de ellos su colaboración, dejando en claro que, cualesquiera fuesen mis límites, no permitiría ningún tipo de insubordinación ni huelga que pusiese en peligro la armonía entre el capital y el trabajo. Mientras hablaba, serena, pausadamente, como es costumbre en mí, veía que esos hombres me comprendían y comprendían el sentido que pretendía darle al “Operativo”.

En otro tramo Vilas valorará “que en todo momento los sindicatos apoyaran mi gestión”, destacando que la CGT Regional Tucumán desacató el paro nacional del 27 de junio convocado por la CGT.

Entre febrero de 1975 y el fin de la dictadura militar, la mayor parte del cuerpo de delegados que impulsaron y sostuvieron la huelga de 1974 serán detenidos y en su mayoría continuarán desaparecidos. Se estima que 200 dirigentes y trabajadores azucareros fueron detenidos-desaparecidos. No casualmente el cuerpo de delegados por sección, que se reunía en congresos con mandatos de base, no volverá a ser conformado, manteniéndose en la actualidad como organización solo los sindicatos por Ingenio y la Federación. Junto a la represión a la FOTIA, también se avanzó sobre otros sectores combativos como los textiles, ferroviarios y la docencia.

En tanto que el 22 de marzo de 1976 Atilio Santillán será asesinado en una acción reivindicada posteriormente por el PRT-ERP en su prensa, acusándolo de actuar como “agente de los servicios de información militar, Santillán entregó a numerosos de los mejores luchadores que en el gremio defendían con vigor los intereses de los trabajadores azucareros” [8].

Estas acciones desesperadas del PRT-ERP no darán respuestas a la ausencia de una fuerza política que le disputara consecuentemente las direcciones de los sindicatos, en particular durante la huelga azucarera de 1974, manteniendo la Comisión de Movilización y planteando la perspectiva de coordinar efectivamente con todos los sectores combativos del movimiento obrero. Esa fuerza es la que incluso podría haber impulsado acciones en frente único obrero para enfrentar la represión, o al menos llegar con mayores fuerzas a las jornadas de junio y julio de 1975, y poner en pie comités de autodefensa.

En la antesala del golpe

Para fines del ‘75, la cúpula del Ejército había decidido que Vilas sería reemplazado en función de que la gobernación inminentemente quedaría a cargo de un militar. Desde el 18 de diciembre Antonio D. Bussi quedó al frente del Operativo Independencia. En la ceremonia realizada en la cancha de fútbol de Santa Lucía, Bussi le dijo a Vilas: “General, usted no me ha dejado nada por hacer”. Sin embargo, en ese primer discurso Bussi sostuvo que “aún resta detectar y destruir a los grandes responsables de la subversión desatada”.

En un segundo momento, la represión abarcará ya no solo a los principales dirigentes o activistas sino que también avanzará aún más buscando barrer toda experiencia de organización. Según investigaciones, se registran “695 muertos y desaparecidos en Tucumán. De ellos, más de un tercio desapareció o fue ejecutado antes de que Bussi se hiciera cargo de la V° Brigada” [9].

Días después Jorge R. Videla llegará a la provincia para pasar la Nochebuena con las tropas del Operativo Independencia para moralizarlas. “El Ejército, con el justo derecho que le concede la cuota de sangre generosamente derramada por sus hijos héroes y mártires, reclaman con angustia pero también con firmeza una inmediata toma de conciencia para definir posiciones”, sostuvo en un discurso pronunciado en Famaillá, anunciando veladamente que las FF. AA. estaban listas para asumir el gobierno. Tres meses antes de marzo, la suerte del golpe genocida ya estaba sellada

Después del Operativo

Entre mayo de 2016 y septiembre de 2017 se desarrolló el juicio por los crímenes de lesa humanidad comprendidos en la megacausa del Operativo Independencia. Allí se abarcaron 266 casos, en su gran mayoría trabajadores, estudiantes, militantes políticos y sociales. Sin embargo, la dimensión de la megacausa no se correspondía con quienes estuvieron en el banquillo de los acusados. Solo 18 imputados de los cuales 7 fueron absueltos. Vilas y Bussi, a cargo de un despliegue militar que se contó por millares, no fueron juzgados por estos crímenes. Tampoco los responsables políticos, comenzando por Isabel Perón, ni los cómplices eclesiásticos. Muchos menos los empresarios que instigaron y participaron del Operativo Independencia y la Dictadura. Tras 1983, ahora con ropajes democráticos, continuaron con los ataques a la lucha y la organización obrera, haciendo negocios en cada gobierno.

Con los primeros signos de crisis al comenzar la década de ‘80, los militares buscaron construir una fuerza política continuista que en Tucumán implicaba a Celestino Gelsi (gobernador entre 1958 y 1962) y Vanguardia Federal, la segunda fuerza electoral provincial. El gelsismo tenía fluidos vínculos con los militares, colocando cuadros en diferentes áreas clave del Estado provincial en 1982. Mientras que los mismos partidos que respaldaron al Operativo Independencia, el PJ y la UCR, conformaban la Multipartidaria.

En 1983, el bipartidismo expresó su reverso en Tucumán. Fernando Riera (PJ) fue electo gobernador, sostenido por los sectores más conservadores del peronismo, reconociendo la autoridad de Isabel Perón (en ese entonces presidenta del PJ) y apoyado en las 62 Organizaciones. Todos actores del Operativo Independencia. La derrota del peronismo en las legislativas de 1985, a manos de una alianza de la UCR y Gelsi, pusieron en primer plano los límites para la construcción de un bipartidismo. En ese contexto, y amparado por las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, Bussi volverá a la provincia en 1987 para proyectarse políticamente, usando el sello de Bandera Blanca, un tradicional partido conservador. Con un peronismo fragmentando y un radicalismo en crisis, el bussismo comenzará su ascenso electoral.

El camino de Bussi no estuvo desligado de integrar a quienes lo acompañaron en su accionar genocida. Esto se plasmó en el crimen de Fredy Rojas en 1987. Ante la llegada de Bussi a Tafí Viejo para hacer un acto electoral, se organizó una contramanifestación. Los guardaespaldas de Bussi, reclutados de los cuadros de la dictadura, dispararon a quemarropa e hirieron mortalmente al joven militante de la Federación Juvenil Comunista. Los autores materiales e intelectuales nunca fueron investigados y la causa quedó archivada. El PJ y la UCR, fueron parte de garantizar la impunidad sobre este crimen del bussismo. Metáfora del régimen político surgido tras el Operativo Independencia y la dictadura, que desarrollaremos en futuros artículos.