Esta semana, la Municipalidad de Arica y el Concejo Municipal aprobaron la Ordenanza que busca frenar el acoso callejero. En concreto esto se traduce en más castigo, menos educación y cero combate a la cultura machista. Ante esto, es necesario abrir el debate de cómo resolver el acoso callejero, considerando un enfoque hacia el problema estructural de la violencia de género.
Domingo 29 de enero de 2023
Gerardo Espindola, alcalde de Arica, anunció a través de su cuenta de twitter la aprobación de la ordenanza en contra del acoso, impulsada por la Comisión Mujer del Concejo Municipal, presidida por la concejala Dolores Cautivo del Partido Comunista. Quién declaró que “este es un paso para cambiar el chip del patriarcado que nos ha mantenido a las mujeres durante mucho tiempo como víctimas de acoso”. Pero ¿realmente es un paso adelante contra el patriarcado?
Esta tendencia que en su momento también fue impulsada tanto por el PC, con Jadue como alcalde de Recoleta, como por la UDI con Lavín en Las Condes y por Sharp en Valparaíso. Pero estas ordenanzas no buscan terminar con la violencia hacia las mujeres, sino por el contrario, buscan mantener el régimen tal cual está, ya que para acabar con el machismo, hay que acabar con los pilares que lo sostienen.
De acuerdo al trabajo de la Oficina Comunal de la Mujer y de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, y según las cifras entregadas por las policías y la Fiscalía Regional, el 97 por ciento de las mujeres en Arica son víctimas de acoso. Al mismo tiempo, 9 de cada 10 mujeres se han sentido observadas en espacios públicos por hombres solos y en grupo.
Si bien la ordenanza contempla la realización de campañas de difusión que contribuyan a visibilizar esta problemática, estas siempre tienen énfasis en la premisa que el “castigo” es la solución para corregir un problema y vuelve un problema social, como el machismo, en un problema individual. Es realmente difícil pensar que el acoso callejero pueda ser erradicado por esa vía. Lo que provoca finalmente, es responsabilizar de manera individual a los sectores obreros y populares que se desarrollan constantemente en medio de prejuicios sexistas y con nula educación sexual.
Continuar haciendo hincapié en la condena y no en herramientas que permitan concientizar sobre este tema es entregar más poder punitivo al Estado, a las fuerzas represivas, fuerzas comprobadamente misóginas y homofóbicas que no harán más que seguir atacando a los sectores más empobrecidos. Cuando es el mismo Estado y sus instituciones quienes naturalizan la violencia.
En un contexto de legitimidad del discurso represivo y ataque contra ciertos derechos fundamentales, como viene sucediendo en la región, como sucede contra los migrantes a quienes se les criminaliza constantemente. La Municipalidad y concejales hoy se ubican como defensores de los derechos de las mujeres pero no se complican al exigir más represión y estados de excepción ante la crisis migratoria, donde son las mujeres las más golpeadas por estas decisiones. Al mismo tiempo Gerardo Espíndola mantiene en el subcontrato a un sector importante de trabajadoras de la municipalidad, arrojándolas a condiciones laborales precarias.
Una salida desde el feminismo socialista: ¿Multas u organización para enfrentar el acoso sexual callejero?
La violencia de género no es tan solo por parte de quien la ejerce, sino también por parte de quien la sostiene y perpetúa, por lo mismo es importante que avancemos a cuestionar y problematizar cada uno los pilares que hoy fortalecen el machismo en perspectiva de organizarnos.
El movimiento de mujeres y feminista, debe visualizar la trampa que implica el punitivismo como respuesta desde lo penal como objetivo último, ya que deja estos hechos como fenómenos aislados, invisivilizando completamente los contextos sociales de cómo se genera la violencia. Si bien, esto no implica negar la rabia por las situaciones que miles de mujeres viven diariamente, debemos preguntarnos si ¿las penas o castigos lograrán erradicar estas prácticas? Las agresiones pasan por una naturalización de la violencia, pero no será la condena social o legal que hará retroceder dicha práctica, sino deshacer los pilares que sostienen el patriarcado.
La lucha contra la violencia machista no se limita a la pelea por protocolos, ordenanzas ni mayores penas. Frente al acoso callejero y la violencia machista, como mujeres, estudiantes y trabajadores, debemos pelear por una educación no sexista real, que cuestione y dispute la conciencia de quienes hoy vivimos bajo este sistema que promueve y normaliza la violencia hacia las mujeres. Asimismo, es importante terminar con una educación segregadora, a través de una educación gratuita y con acceso irrestricto, una educación en la cual la Iglesia no nos imponga su moral y a la que el Estado financie de manera íntegra.
Para enfrentar las situaciones de acoso y violencia es necesaria la organización de comisiones con independencia de las autoridades en poblaciones, lugares de estudio y trabajo. Es urgente un plan de emergencia contra la violencia machista que implica que el estado se haga responsable de las mujeres acosadas y abusadas, a través de asistencia psicológica y social en centros de acogida adecuados y capacitados para un acompañamiento.
