Porque sí la tecnología es viable para la puesta a punto del poder judicial en el desenvolvimiento de manera remota frente al aislamiento obligatorio, lo tiene que ser para consultar a los trabajadores respecto de las decisiones que se toman y sus alcances.
Martes 28 de abril de 2020 18:31
Recientemente vía redes sociales, las y los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, nos enteramos de que la Suprema Corte y la Asociación Judicial Bonaerense firmaron un acuerdo respecto del trabajo remoto sin poner en conocimiento previo al conjunto de las y los trabajadores.
El acuerdo establece la voluntariedad de ejercer el trabajo remoto, el cual tiene que ser solicitado en forma particular por parte de cada trabajador, teniendo este que evaluar la viabilidad. Ello depende de varios factores socio ambientales: si se tiene computadora para conectarse; el acceso a internet, si se tiene a cargo el cuidado de hijos, si se cuenta con espacios suficientes, familiar a cargo entre los grupos de riesgo etc.).
Tengamos presente que la Corte fue la que avanzo en la precarización laboral tercerizando el servicio de limpieza, que hoy ocupa un rol fundamental debido a los cuidados de higiene necesarios para enfrentar la pandemia. Por esto exigimos condiciones laborales, de higiene y pase a planta permanente ya.
Hay dos puntos que resaltan metodológicamente en la cuestión que son: el acuerdo de dudosa legalidad que establecen al definir como voluntario el trabajo remoto y la legitimidad del acuerdo al estar firmado sin mandato de las asambleas respectivas.
En este marco ¿Qué significa que sea voluntario o no obligatorio? ¿Qué pasa con los que no pueden acceder a los requisitos básicos para realizar el trabajo remoto?
La Ac. 2300 donde se establecen los derechos y las obligaciones de los trabajadores judiciales, ¿sigue vigente y cómo se debe interpretar? De no realizar “de manera voluntaria” esta modalidad de trabajo ¿Hay apercibimiento? ¿Cuál?
Todas estas dudas son puestas en común en general en el ámbito de la asamblea, tradición en la A.J.B., que por obvias razones deviene dificultosas de realizarlas de manera presencial, pero pudiéndose realizar de alguna manera virtual, porque sí la tecnología es viable para la puesta a punto del poder judicial en el desenvolvimiento de manera remota frente al aislamiento obligatorio, lo tiene que ser para consultar a los trabajadores respecto de las decisiones que se toman y sus alcances. ¿En qué mandato se apoya Pablo Abramovich para firmar un acuerdo con la Suprema Corte que modifique las condiciones de trabajo?
La A.J.B. parece estar más “apurada” por acompañar la vuelta al trabajo que de organizar a los trabajadores para no perder derechos laborales. Ningún trabajador judicial está de vacaciones. Estamos obligados a recluirnos en nuestros hogares por un decreto del Poder Ejecutivo y con el Congreso sin sesionar. Aislamiento que impacta de una manera en la salud de los trabajadores de una manera inédita y que se desconoce el alcance que pueda llegar a tener.
No debemos permitir que el sindicato abandone las tradiciones de una organización gremial democrática y que las decisiones importantes deban ser puestas en consideración de las y los trabajadores.
En ese camino, sabemos las condiciones actuales de la mayoría de las y los trabajadores, el avance sobre sus derechos de las patronales tomando como excusa la cuarentena obligatoria y la amenaza de despidos. Las mayorías de las conducciones sindicales, como los dirigentes de la C.G.T. hacen de apéndice a su patronal, permitiendo el avasallamiento sobre los derechos laborales. El trabajo remoto no es otra cosa que el avance de la flexibilización laboral, donde cada uno debe poner sus propios elementos de trabajo y cubrir los gastos para desarrollar su labor, sin ningún aporte de las patronales.
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En los momentos de crisis entendemos que los sindicatos se deben volver más fuertes, jugando un rol central de organización y representación, atender tanto los reclamos como las necesidades de las y los trabajadores. Poner todas sus herramientas y métodos para salir más fortalecidos de la cuarentena y así poder hacer frente a las nuevas peleas que vendrán. Su función no debe ser de colaboración con la patronal ni de ceder ante sus exigencias.
Tampoco dejamos de lado los casos que son realmente urgentes. Uno de los ejemplos más crudos y que el aislamiento social agravo, son las situaciones de violencia de género. Ante el ascenso de la problemática en época de cuarentena, lo que se debería reforzar son los canales de comunicación para garantizar la atención inmediata y exigir un plan integral para las mujeres víctimas de violencia machista en el marco de la pandemia.
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Si bien es cierto que hay cuestiones que requieren de respuestas urgentes; no hay relación alguna entre la exigencia laboral que implica el teletrabajo y dichas cuestiones. Debido a que para esas resoluciones, se encuentran las guardias mínimas encargadas de recibir y resolver las urgencias.
Por eso, no debemos dejar de exigir a la corte que garantice los elementos para el cuidado del personal abasteciéndolo de los insumos necesarios. Que se establezcan comisiones de seguridad e higiene a cargo y organizada por las y los trabajadores en actividad.
Por todo esto llamamos a que la A.J.B. convoque asamblea en las 19 departamentales, articulando los medios digitales que se tengan a disposición, para discutir las nuevas medidas y los pasos a seguir.
