La convención Constitucional viene esta semana a Antofagasta, a plantear su borrador de la nueva Constitución y a sacarse la foto con organizaciones sociales, pro migrantes y de poblaciones, mientras no reconoce a las y los migrantes como sujetos de derecho, dentro de los derechos fundamentales de la nueva carta magna. Una cuestión mínima si consideramos que la mayoría de las personas en América Latina no migran por una decisión libre, sino en respuesta a la irracionalidad capitalista.
Martes 17 de mayo de 2022
La crisis migratoria que impacta el norte del país
A mediados del año pasado, en una nueva ola de contagios por covid 19, pudimos ver decenas de familias migrantes arribando en el terminal de buses, teniendo que dormir en la intemperie, junto a niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores, sin ninguna respuesta contundente de parte del alcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez y las autoridades locales, quienes directamente han decidido no garantizar una cuestión mínima, como habilitar albergues, colocar baños públicos, negándose de forma inhumana a dar un techo para las familias, un espacio para refugiarse y de primera acogida, que cuente con apoyo psicosocial, higiénico, sanitario y todo lo necesario para cubrir sus necesidades, sobretodo tras cruzar la frontera, enfrentando los crudos desafíos del clima desértico, enfermedades e incluso la muerte. El alcalde no tiene ni la menor idea de cuáles son las condiciones en las que se encuentran familias y niños migrantes, que suele exponer en sus videos en redes sociales, cuando hace desalojos. Para ellos y ellas solo hay xenofobia y criminalización. No existe un catastro, ni investigación seria, con respecto a la migración en el norte del país, inclusive no existen organismos de gobierno y municipales que trabajen de manera directa, exclusiva y permanente con las familias migrantes en tránsito.
Son más bien las organizaciones sociales y de la comunidad quienes asisten este problema, en particular la iglesia católica y evangélica, prestan apoyo, asesoría y orientaciones sociales y jurídicas, u otras iniciativas, que más allá de las buenas intenciones de las y los profesionales que colaboran, terminan siendo insuficientes para sostener una crisis migratoria de características nunca antes vistas a nivel internacional.
Por ejemplo, en Antofagasta está habilitada sólo una casa de acogida perteneciente al Arzobispado de la Iglesia Católica y un arriendo mínimo mensual de parte de la Iglesia Evangélica, ambas con una bajísima capacidad para atender la alta demanda, entre ambas apoyan a un poco más de 20 familias. Una limosna si consideramos que son parte de las organizaciones más poderosas e influyentes en el mundo, como lo es la Iglesia Católica, que cuenta con propiedades y recursos millonarios que podrían poner a disposición de la crisis, considerando incluso que no pagan impuestos. Como los 11.648 millones de pesos de ingresos que declaró el Arzobispado en el año 2018, presionado por cuestionamientos de los fieles por falta de claridad respecto a sus finanzas, con escandalosas denuncias de millonarias inversiones en paraísos fiscales. O los más de $1.200 millones al año que el Estado desembolsa para financiar las remuneraciones y los privilegios de curas con rango militar y que trabajan como capellanes en las Fuerzas Armadas y Carabineros, como salud gratuita, altísimas pensiones, vivienda y vehículos, por sólo dar un ejemplo.
Situación que de conjunto se traduce en que podemos observar carpas o rucos en la costa de la ciudad, en espacios públicos cercanos al terminal de buses y el mall, migrantes que junto a sus hijos e hijas, bebés, venden dulces o limpian parabrisas de vehículos en los semáforos, buscando empleo. Niños y niñas trabajando en vez de estudiando, haciéndose cargo de sus hermanos y de las tareas domésticas de un alojamiento precario y provisorio, mientras la madre sale a trabajar realizando la misma labor en otras casas por un poco de dinero, para continuar viajando o para asentarse sobre todo en campamentos.
El comercio ambulante se convierte en la alternativa posible, sometiendo al migrante a mafias de todo tipo, desde el ilegal cobro por el uso de un par de metros cuadrados de vereda, evidenciando la precariedad de ser arrojado a las miserables condiciones del trabajo informal. El migrante que ingresó por paso no habilitado queda atrapado en un callejón sin salida, en el cual un simple papel le puede imposibilitar la obtención de un certificado de residencia, una inscripción en un consultorio o la regularización de un menor de edad, una amenaza de expulsión o, ahora último, una reconducción indicada en la nueva ley de migraciones, donde militares deben “devolver en caliente” a las familias migrantes hacia la frontera del país vecino, una verdadera vitrina que va naturalizando la violación permanente a la dignidad humana de parte de la sociedad capitalista.
¡Para la mayoría migrar no es una decisión libre, sino una respuesta a la irracionalidad capitalista!
Según un estudio realizado por la organización no gubernamental sobre desigualdad Oxfam, a principios de este año, las fortunas de las 10 personas más ricas del mundo, aumentaron de 700.000 millones de dólares a 1,5 billones de dólares en pandemia, esto mientras millones migran arrancando de la pobreza, del hambre, de los secuestros y trata de mujeres, de la violencia y la persecución basadas en raza, religión, nacionalidad y/o participación en un grupo social u opinión política en particular, teniendo que dejar a sus familias y amistades. Esto ya que la mayoría de los casos de migraciones que se están viviendo, no son por la decisión libre de las personas, sino en respuesta a la irracionalidad capitalista, donde alimentar al conjunto de la población no está al centro, la prioridad es la ganancia empresarial, y que mantiene al menos a 811 millones de personas pasando hambre, mientras la suma entre lo que se pierde y lo que se desperdicia de alimentos en el mundo, supera el 30%. En el caso de México se desperdician más de 20 millones de toneladas de alimentos al año, en un país donde el 23.3% (27 millones) de la población vive en pobreza alimentaria y el 12.5% sufre desnutrición crónica, principalmente niños y niñas.
Una crisis migratoria sin contención, con 281 millones de personas migrantes en el mundo, según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022. Un problema humanitario que el año pasado se canalizó en una respuesta racista y antiinmigrante de ciertos sectores de la población. El gremio de camioneros tomó la iniciativa para agitar los discursos de odio en el Norte Grande y paralizó Iquique y otras ciudades, donde partidos desde la ultra derecha, la concertación y el Frente Amplio acordaban que la salida era más seguridad, por ende, más dotación policial y represión en las fronteras y ciudades del norte grande, situación decadente que tuvo una brutal expresión en Iquique con cunas, mantas, carpas, ropas y artículos personales quemados, un acto xenófobo y nacionalista, que contó con la presencia de sectores de extrema derecha, entre ellos integrantes del Partido Repúblicano de Kast.
Y si bien las condiciones del flujo migratorio no son las mismas que el año 2021- tanto en los pasos fronterizos de Quillagua, Ollagüe, como también desde Colchane, debido en particular por el Estado de excepción y las nuevas medidas de control en frontera, con la implementación de la nueva ley de migración- no significa que la crisis se haya resuelto, sino todo lo contrario, al encontrarse sin respuestas avanza a pasos agigantados, sobretodo si consideramos que el mismísimo Banco Mundial, estima un alza del costo de la vida a escala mundial que se prorrogará hasta 2024, señalando que la inflación agudizará también la crisis de inseguridad alimentaria en numerosos países.
Pese a todo lo anterior, ¡Migrar no es un derecho en la propuesta de la nueva Constitución!
La población migrante no tiene siquiera el derecho de auto-representarse en la Convención Constitucional y entre los derechos fundamentales propuestos en la “nueva constitución”, dejaron fuera el reconocimiento del derecho a migrar, al igual que la constitución heredada de la dictadura militar.
Y eso no es todo, tienen el descaro de venir a Antofagasta, capital minera del norte del país, a visitar un Centro Comunitario La Bonilla y Macrocampamento Los Arenales, entre otros, para dar a conocer la propuesta del texto constitucional, con la cual renuncian a dar una pelea por el reconocimiento de las personas migrantes como sujetos de derecho, cediendo en los hechos al avance de los discursos de odio instalados por la derecha y la extrema derecha a nivel popular, y al hecho miserable de que sean las grandes mayorías, familias trabajadoras nativas y migrantes, quienes carguen con el peso de la crisis.
Mientras la derecha en la voz de Paulina Nuñez, senadora RN, crítica la Convención Constitucional, señalando que la migración debe ser “segura, ordenada y regular”, para en verdad seguir replicando la política antimigratoria internacional, donde los gobiernos de Latinoamérica se apuestan por seguir subordinados ante los mandatos del imperialismo estadounidense, cuya respuesta es —como en México— “seguiremos conteniendo migrantes” con más militares y Guardia Nacional en las fronteras, con más persecuciones, detenciones y expulsiones de niños, niñas y adolescentes migrantes, sirviendo como muro de seguridad para que no lleguen a su destino final que es Estados Unidos.
Frente a todo lo anterior y para enfrentar la crisis migratoria, no podemos contar ni con la Convención, el gobierno de Boric y los partidos de los 30 años, deben ser las propias familias trabajadoras nativas y migrantes, quienes se deben unir y luchar por una respuesta superadora a esta crisis, como la puesta en marcha de un plan de Acogida Internacional, que contenga un plan de vivienda y obras sociales, financiado a través de impuestos progresivos a los grandes grupos empresariales cómo Luksic, Matte, Solari, entre otros, para terminar con el hacinamiento en campamentos y el aumento de la extrema pobreza.
Desde ya, que las Iglesias dispongan de sus propiedades para albergues gratuitos y de buena calidad para la primera acogida. Fin a las deportaciones forzadas y derecho a la residencia, asegurando el libre tránsito sin discriminación, facilitando el transporte para que quienes han decidido migrar puedan reencontrarse con sus familias. La entrega inmediata de visas de trabajo y convalidación de títulos técnicos y profesionales. La disminución de las horas de la jornada laboral a 6 horas 5 días a la semana para todos los trabajadores, para que se puedan repartir las horas de trabajo entre empleados y desempleados, y todas y todos puedan trabajar sin rebaja salarial. Para garantizar estas medidas, es fundamental que sindicatos, organizaciones sociales y populares, llamen a solidarizar con las familias migrantes, rompiendo con las divisiones en el seno de la clase trabajadora, las que sólo favorecen a una pequeña minoría parasitaria, de grandes empresarios y millonarios, nacionales y extranjeros, que mientras sucede toda esta historia, llena sus bolsillos con exuberantes ganancias.
