#ParoUniversitario: una polémica con rectores y decanos opositores

La nota a Graciale Morgade publicada ayer en Página 12 se da en el marco de la lucha universitaria que ya lleva más de tres semanas de paros y movilizaciones. Así, muchas de las denuncias que realiza la Decana en su nota tienen total correlato con la realidad de “ahogo” de las universidades públicas.

Sin embargo, es llamativa la “memoria selectiva” con que Morgade contextualiza los hechos. Hay que decirlo: si bien el gobierno de Cambiemos profundizó cualitativamente el ahogo presupuestario de la educación pública y ha sido, desde el momento en que asumió, un enemigo acérrimo de todo lo público, el desfinanciamiento progresivo que vienen sufriendo las universidades no comenzó con Macri.

Basta para esto comprobar que, por ejemplo en la UBA, hay más de 10.000 docentes trabajando gratis, desde hace décadas; que el sueldo de los docentes universitarios hace años que corre por detrás de la inflación; que gobierne quien gobierne apenas el 1% del PBI se destina a educación superior en nuestro país; que tres de cada cuatro estudiantes abandonan y varios etcéteras, que ningún gobierno a procurado revertir.

La Decana que ocupa ese cargo desde el año 2013 -y va por su segundo período-, pertenece al espacio de decanos “opositores” al Rectorado de la UBA (Franja Morada), identificados con el peronismo-kirchnerismo.

Decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad

La primera omisión de Morgade: su propia responsabilidad en este precario estado de situación. Ante los medios se muestra como opositora al ajuste, pero los decanos "opositores" son también responsables de haber sostenido y profundizado la precariedad en la que se encuentra la educación superior.

Sin ir más lejos, hay que señalar que en 2016 cuando el macrismo puso contra las cuerdas a la universidad pública proponiendo un presupuesto de 0% de aumento, la Decana no hizo más que abstenerse en la votación del Consejo Superior. Lejos de rechazar de plano el ajuste o, en sus palabras, esta “política intencional de debilitamiento”, fue cómplice. Ya nada podía “reparar” cuando en 2017 se opuso a otro presupuesto de recorte, producto de la bronca, la presión y la disposición a la lucha que estudiantes y docentes dejaron planteada el año anterior. Ni tampoco ha dicho aún, ni siquiera cuando la interpelamos los estudiantes la semana pasada, qué y cómo votará este año.

Por otro lado, hay que reconocer que cuando Morgade dice en la nota que “hay una tendencia a la desconcentración y descentralización de las políticas”, en referencia a las intenciones del Gobierno Nacional en materia educativa, está en lo cierto. Sin embargo, si el macrismo puede avanzar todo lo que avanzó en precarizar aún más la educación pública es porque está amparado por la Ley de Educación Superior del menemismo, que ningún gobierno derogó.

En la LES (de la cual es autor Daniel Filmus, un kirchnerista aliado de Morgade en la CABA) y en la Ley de Presupuesto Nacional que ese gobierno peronista dejó, se establece el marco legal para la descentralización del presupuesto educativo y la negociación por provincias del presupuesto nacional que ha sido utilizado como moneda de cambio para el ajuste por todos los gobiernos.

Pero además, la LES tiene el triste “mérito” de haber desfinanciado las universidades, alentando el financiamiento a través de los llamados “recursos propios”, que no es más ni menos que un eufemismo que esconde la privatización de algunas áreas de la educación superior alojadas en cada facultad.

El caso que le incumbe directamente a Morgade tiene que ver con el Laboratorio de Idiomas de Filosofía y Letras, que ofrece el dictado de distintas lenguas de forma privada. Una verdadera “caja chica” que las universidades mandan a gusto y piaccere, sosteniendo la mercantilización de la educación. Mientras tanto, también en nuestra facultad, el 70% de los docentes de la carrera de Edición dan clases “ad honorem”.

La decana también está en lo cierto cuando dice que “el Fondo Monetario Internacional (FMI) es un actor político clave en todo esto”. Para seguir los dictados de Christine Lagarde el Gobierno Nacional se apresta a profundizar el ajuste en salud y educación y así reducir el deficit fiscal.

Es por esto que es de primer orden para la defensa de la educación pública plantear el no pago de la deuda externa. Algo que, claramente, las autoridades no están dispuestas a exigir, ni a promover. Es la propia Morgade quien en la nota limita su rol a “informar y visibilizar”. Pero es necesario que la lucha educativa tome como propia esta demanda, ya que lo que se destinará a pagar los intereses de la deuda en todo 2018 equivale a veinticuatro presupuestos universitarios actuales.

¡La educación pública no se vende, se defiende!

Quienes estamos inmersos en la lucha nacional en defensa de la educación pública, que tiene dentro de sus demandas a la paritaria docente pero también y, sobre todo, la pelea por el aumento urgente del presupuesto educativo en general y del universitario en particular, nada podemos esperar de las autoridades de las facultades, que lejos están de dejar a un lado sus intereses de casta y son quienes garantizan día a día la precarización de nuestra educación.

No olvidemos que los sueldos de los decanos y descanas rondan los $170.000, mientras que el magro sueldo de un ayudante de primera con dedicación simple apenas supera los $7400. Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional que conglomera a 65 rectores de universidades nacionales ya elevó un proyecto de presupuesto 2019 de poco más de $130 millones al gobierno, otro claro recorte.

El presupuesto que finalmente acuerden el gobierno y los rectores deberá luego ser votado por los dinosaurios del Senado. Nada más alejado de las necesidades de millones de estudiantes y miles de docentes que a lo largo y ancho del país sostenemos la universidad pública.

Es necesario que confiemos en nuestras propias fuerzas, en la alianza entre estudiantes y docentes de todo el país y en nuestra movilización independiente este 30 de agosto hacia Plaza de Mayo, para derrotar el plan ajustador de Macri, el FMI y los gobernadores en la educación pública. Para eso se vuelve urgente y necesario coordinar en comisiones de base y asambleas interclaustros, para ¡que nadie decida por nosotros!