Nacional. Parrilli procesado y con pedido de detención

El extitular de la Agencia Federal de Inteligencia aseguró ayer que "este es el país que estamos viviendo, estamos en un estado de emergencia democrática en el que las garantías constitucionales están en tela de juicio porque los jueces, que deberían defenderlas, las están violando”.

Parilli respondía de esta manera al pedido de detención que el fiscal federal Guillermo Marijuán realizó al juez Ariel Lijo para que dicte la prisión preventiva del ex secretario general de la Presidencia. El pedido del fiscal se basa en el riesgo de fuga del exfuncionario, a quien se procesa por el presunto encubrimiento agravado beneficiando a Ibar Pérez Corradi, acusado de ser el autor ideológico del triple crimen de General Rodríguez.

En compañía del bloque del FpV, el exfuncionario acosado por la Justicia señaló que: "A los 10 días nos fuimos del Gobierno, me reuní con Silvia Majdalani y Gustavo Arribas, les di la información de lo que estábamos trabajando. Como la causa se les caía, inventan de que encontraron un informe que yo di la orden de esperar e investigar si eso era cierto para poder dar la información, no fue así". Luego remató: "Me procesan por encubrir a Pérez Corradi y tiene falta de merito. Soy alguien que encubrió a alguien que no es delincuente".

Parrilli señaló al juez y al fiscal por violar la ley al dar a conocer las conversaciones telefónicas con Cristina Fernández de Kirchner: “Recusé a Lijo porque cuando se dieron a conocer las conversaciones privadas con la presidenta había cuatro personas responsables: Lijo, el fiscal Marijuan, el titular de la Corte Ricardo Lorenzetti, y los titulares de la AFI, (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani”.

Para el hombre de confianza de la expresidenta: "Estamos en una situación de una democracia condicionada, hay poderes que están obstaculizando la libertad, la intimidad y la seguridad de los argentinos". Describió una alianza entre medios, jueces y servicios de inteligencia, que estarían “operando a full como en las peores épocas”. Concretamente apuntó contra "Jaime" Stiuso, a quien endilgó estar "atrás de todo esto”.

Recordemos. Ibar Pérez Corradi está preso en nuestro país, acusado de traficar efedrina y venderla a los carteles mexicanos y de lavar dinero de la mafia de los medicamentos. En su momento se hizo público el financiamiento de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner por personajes y empresas implicados en ambos casos. Lo cierto es que, en sus declaraciones ante la jueza Servini de Cubría, Pérez Corradi señaló al jefe radical y fundador de Cambiemos, Ernesto Sanz, por haber recibido 200 mil dólares para apartar al juez Federico Faggionato Márquez.

"La democracia argentina está en riesgo", dijo Parrilli, y tiene razón. Pero se encuentra en riesgo desde su nacimiento porque lo que muestra la guerra entre el partido judicial y los restos del kirchnerismo es el papel preponderante que han cobrado las internas de los servicios de inteligencia en la política burguesa argentina. Angelici, Arribas, Gómez Centurión, son los nuevos actores que se pelean el manejo de los servicios, todos bajo la omnipresencia de Stiuso. Los servilletas no solo reparten sus lealtades entre el gobierno y el Grupo Clarín, haciendo una lectura de las grabaciones filtradas contra el presidente de Boca o de la ex presidenta CFK. Pareciera ser que el "sottogoverno" del cual advertía el pensador Norberto Bobbio, no solo maneja las cloacas de las instituciones, sino que también imprime la agenda política y escribe los libretos de los políticos patronales.

Pero el riesgo que para la democracia argentina significa el cercenamiento de derechos y garantías democráticas, como la injerencia en la vida interna de los servicios de inteligencia, no son patrimonio exclusivo del macrismo. El kirchnerismo dio vía libre a los Stiuso para que fabricaran causas, con fiscales como Alberto Nisman. Fue el autodenominado "Gobierno nacional y popular", quien puso en pie el Proyecto X y soñó con una inteligencia militar propia a manos de un participe del genocidio como el General Cesar Milani o el super secretario de seguridad Sergio Berni. El propio Parrilli encabezó el operativo de preservar a la ex SIDE, retransformandola en AFI.

Es de extrema preocupación la utilización del espionaje político contra los ciudadanos. No solo contra Parrilli o la expresidenta, sino también contra los luchadores sociales y los conflictos laborales. El alevoso espionaje contra los trabajadores de AGR-Clarín, denunciado por el Ceprodh y otros organismos de derechos humanos y figuras políticas, es de altísima gravedad.

Con los restos de los aparatos represivos y judiciales heredados de la dictadura genocida y preservados por todos los gobiernos de la democracia argentina pos 1983, el macrismo no tiene el menor escrúpulo en dejar operar libremente a los servicios, violando sus propias normas legales y todos los derechos civiles. Ya cuando era jefe de gobierno de la Capital, Macri supo ser el régimen de las escuchas telefónicas contra sus opositores.