OPINIÓN. Patricia Bullrich y el ascenso de Echazú: una política para agigantar la impunidad

Toda una señal del Poder Ejecutivo. La ministra de Seguridad firmó el ascenso del gendarme imputado en la causa por la desaparición y muerte del joven Santiago Maldonado. Según consta en la resolución para la ministra “no existen impedimentos para el ascenso al grado inmediato superior” de Emmanuel Echazú.

Sin embargo la causa que investiga la muerte del joven, solidario con los mapuches, continúa abierta y hasta ahora poco se ha investigado sobre la actuación de la Gendarmería en esa represión ni a quienes dieron las órdenes políticas de ejecutarlas.

Claro que para la ministra y el Ejecutivo “no existe impedimento” o mejor dicho, les sobran motivos para ascender a un gendarme que llevó adelante la represión ordenada desde el Ministerio de Seguridad. La otra lectura que debe hacerse sobre este ascenso es que el gobierno da una señal firme de impunidad a favor de los represores y contra quienes se manifiesten por cualquier reclamo.

La detención de decenas de militantes que se manifestaron el día 14 y 18 de diciembre, después de una feroz represión ejecutada por fuerzas federales y la Policía de la Ciudad y la orden judicial con pedido de captura contra dos manifestantes, militantes del Partido Obrero (uno de ellos no había participado de la marcha, tuvieron que liberarlo), es una muestra clara de que el macrismo pretende criminalizar la protesta social. Ayer, una nueva orden judicial requería la detención de otro militante del Partido Obrero.

La votación de una ley repudiada por más del 70 % del pueblo pudo aprobarse bajo la militarización y el vallado de los alrededores del Parlamento; disparando a la cara a los manifestantes por los cual cuatro de ellos perdieron la visión de un ojo. Hasta ahora los responsables de estos crímenes no fueron identificados. Videos y fotos de la jornada represiva fueron usados contra los manifestantes, los “violentos” como lo llamó el Gobierno y la prensa oficialista, pero no para identificar a las uniformados. Quienes, dicho sea de paso, no llevaban identificación ni ellos ni los vehículos en los que se trasportaban. Con esos vehículos pasaron por encima a un jubilado y a un joven cartonero. Solo fue detenido el policía que le pasó por encima a este joven.

En medio de estos ataque contra el derecho a manifestarse, el Ministerio de Seguridad denunció penalmente a once diputados por “obstaculizar el trabajo de la Gendarmería” y otros cargos. Los diputados intentaron evitar la represión desatada el 14 de diciembre.

En esa jornada del 14 de diciembre el Gobierno intentó impedir el ingreso de los diputados opositores. La Gendarmería lanzó gases lacrimógenos en la cara de una legisladora Mayra Mendoza, hoy denunciada. En esa jornada además, estuvieron lejos de conseguir el quórum realmente. El “republicanismo” del que habla Cambiemos, te lo debo.

La represión para desmovilizar las columnas contó, obviamente con policías de civil (infiltrados), pero algunos no corrieron con “buena suerte”, uno de ellos perdió un ojo por el fuego amigo. Todo esto para impugnar el derecho democrático a manifestarse de los trabajadores y el pueblo pobre.

Mensajes de impunidad y ataqué a las libertades democráticas

El mensaje es inequívoco: el ajuste, los tarifazos, la apropiación de tierras, pertenecientes a los pueblos originarios, si no pasa por las “buenas” pasará con represión y recortes de las libertades democráticas.

El Gobierno de Cambiemos no es ingenuo, sabe que tiene que cambiar la relación de fuerza para salir del “gradualismo” y aplicar medidas que saquean los ingresos del pueblo trabajador y aumenten la explotación de la fuerza de trabajo mediante la reforma laboral.

Las masivas movilizaciones del 14 y el 18 de diciembre, los extendidos cacerolazos en el país, la oposición de un 70 % a la reforma previsional, estimula al Poder Ejecutivo, que se apronta a intentar hacer ley la reforma laboral, utilizar todo los resorte del Estado para reprimir la protesta social.

Estos resortes que le permite el Estado policial llegaron al punto de permitir que las fuerzas represivas detengan en flagrancia. Bajo esta figura Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, ordenó a la Gendarmería que desaloje el 1° de agosto pasado la movilización de los mapuches y los lleve detenidos. Esa represión fue la responsable de la muerte de Santiago Maldonado. La impunidad de este crimen llevó a que meses más tarde la Prefectura asesinara por la espalda a Rafael Nahuel, un joven mapuche que reclamaba por sus tierras usurpadas. El prefecto sigue impune.

Por su parte, el gobernador Gerardo Morales, de la UCR, es la avanzada de instaurar un estado policial en la provincia de Jujuy, cerró el año reprimiendo a trabajadores del Ingenio La Esperanza.

En el otro extremo del país, la gobernadora Alicia Kirchner del FpV, también cerró el año a todo ritmo. Para aplicar el ajuste fiscal, acordado con el presidente Macri, ordenó la represión a manifestantes, hiriendo a docentes, jubilados y empleados estatales.

Todas estas medidas que está tomando el Gobierno le ha costado la pérdida de popularidad. Pasaron tan solo dos meses del triunfo electoral de Cambiemos, sin embargo parece licuarse su legitimidad. Según un informe del Instituto Di Tella la confianza en el Gobierno cayó un 20 % en diciembre.

Los motivos centrales son el asesinato del joven Rafael Nahuel en Bariloche, el pésimo desempeño ante la desaparición del submarino ARA-San Juan y, por supuesto, la desaprobación general y la crisis política generada por el recorte de los futuros haberes jubilatorios y las remuneraciones correspondientes a la Asignación Universal por Hijo.

Y dentro del Ejecutivo la ministra de Seguridad es la más repudiada desde la desaparición de Santiago Maldonado por su cerrada defensa a los gendarmes. Ese repudio se expresó en masivas movilizaciones por justicia por el joven Maldonado.

En el otro extremo está la experiencia que acaban de hacer sectores de la clase obrera y el pueblo pobre que se movilizaron el 14 y el 18 de diciembre coreando “unidad de los trabajadores/y al que no le gusta se jode, se jode“. A partir de esta enorme experiencia, en los lugares de trabajo comenzó a discutirse cómo prepararse para impedir que convierta en ley la reforma laboral.