MISERABLES. Patronales del NOA: atacan a los trabajadores y exigen ayudas del Estado

La Unión Industrial del Norte Argentino (Uninoa) se reunió hace unos días para definir un pliego de reclamos globales que une a las patronales del NOA y NEA. Solicitan un diferimiento del pago por un año de impuestos (tributarios, aduaneros, de la seguridad social y de planes de pagos vigentes en AFIP) correspondientes a los próximos tres meses o mientras dure la emergencia sanitaria.

Es decir, pesos pesados como Blaquier de Ledesma o Rocchia Ferro de Los Balcanes, encabezan el reclamo de una exención impositiva casi total mientras dure una “emergencia sanitaria” que llegó para quedarse, aunque las principales agroindustrias y empresas mineras de la región ni siquiera han sido alcanzadas por la cuarentena. Pero, a la vez, buscan la complicidad de los sindicatos para que intercedan ante el Estado y que éste pague el 30-40% del sueldo a los empleados.

La queja de los empresarios por los impuestos es una constante, cuando incluso conservan ventajas de la reducción de alícuotas que otorgó Macri en ganancias y rebajas o alícuotas cero en ingresos brutos en acuerdo con los gobernadores. Además el propio titular de la UIA, Miguel Acevedo, sostuvo que "no es el momento de aplicar un impuesto a las fortunas de los millonarios", en respuesta al proyecto que presentaron en el congreso los diputados del Frente de Izquierda.

Lejos de toda actitud solidaria, el reclamo de las patronales va a acompañado de una amenaza: “Parte de la encrucijada se presenta en sostener la operación de la empresa manteniendo los puestos de trabajo o, en cumplir con el sinfín de obligaciones impositivas que existen en el país" sostienen en su carta.

A esta altura, estamos ante una extorsión lisa y llana: o rebajan impuestos y subsidian salarios o empiezan (ya empezaron) los despidos. Pero además al incorporar a los sindicatos en las gestiones, estos terminan de socios del ajuste a los trabajadores.

“Miente, miente y el Estado te dará…”

La carta está firmada por los presidentes de las Uniones Industriales de Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Allí consignan que la actividad en la región habría caído en un 80% y que apenas el 5% de las empresas habrían podido acceder a los créditos subsidiados que el gobierno está ofreciendo a través del BCRA.

Sin embargo, los empresarios no revelan sus fuentes de información, las cuales contrastan con la información dada a conocer por la AFIP, que asegura que "los empleadores que solicitaron asistencia estatal para pagar salarios representan al 82% del total de empresas privadas del país”.

Además, hay agroindustrias de tipo estacionales que no han sido alcanzadas por la cuarentena y que ya han sido exceptuadas como “esenciales” para arrancar la zafra, como es el caso de la actividades sucro-alcoholeras, las citrícolas (para quienes la cosecha nunca se detuvo), o la minería que también ha sido exceptuada en el DNU del gobierno nacional.

En este último sector, multinacionales mineras como Barrick Gold -que opera La Alumbrera en Catamarca- salió de compras durante la cuarentena adquiriendo por apenas 1 millón de dólares el 70% del paquete de Golden Minerals que opera el proyecto El Quevar (Salta). En Salta, la minera francesa Eramet redobló el chantaje por beneficios fiscales a paralizar sus inversiones en litio.

Mientras tanto el grupo Glencore, el más grande productor de materias primas del mundo, ofreció U$S 325 millones para quedarse con la aceitera Vicentín. Recordemos que esta última empresa está cruzada por el escándalo de su declaración de default a poco tiempo de recibir un crédito del Banco Nación por 350 millones de dólares.

A estos reclamos generales por parte de las uniones industriales de la región, se le suman los reclamos/chantajes sectoriales, como es el caso del Centro Azucarero Argentino que hace unos días publicó una carta con la misma amenaza de despidos si no suben los precios del bioetanol y amplían el cupo de corte en naftas. El gobierno ya empezó a ceder liberando la producción y distribución de biocombustibles mediante la resolución 179/2020 del ministerio de Desarrollo Productivo.

Otro actor de peso en la región es el tabacalero que combina a poderosos terratenientes nucleados bajo la forma de cooperativas con multinacionales como Massalin Particulares o la British American Tobacco (socia de Alliance One que despidió trabajadores en diciembre) que presionan vía desabastecimiento de cigarrillos por la reapertura de la actividad productiva. La respuesta del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es gestionar el millonario Fondo Especial del Tabaco y sostener negociaciones con Axel Kicillof, gobernador de PBA, con el fin de reabrir las fábricas.

Estas son las principales empresas, entre otras de menor poder económico, que ejercen presión sobre los gobiernos para levantar la cuarentena y sacar ventajas fiscales. Pero no esperan de brazos cruzados la respuesta del gobierno, que viene cediendo bastante rápido; ya están implementando despidos, suspensiones y recortes salariales masivos. Veamos.

Ganadores antes y durante la cuarentena

La maniobra de las patronales nucleadas en el Uniona consiste en usar la ruina de las pequeñas y medianas empresas como argumento para exigir mayores beneficios para los grandes jugadores de las agroindustria de la región.

La citrícola San Miguel (Tucumán), de las familias Monsegur y Miguens, tuvo ganancias netas por 5.700 millones de pesos en 2019. Hace algunas semanas vimos a los trabajadores de La Asturiana, una tercerizada de la cosecha que trabaja centralmente para la San Miguel, denunciando las pésimas condiciones de higiene y seguridad en que eran los llevaban a las fincas. Citrusvil (del Grupo Lucci) no publica sus estados contables, pero la revista Mercado registraba ventas por 5400 millones de pesos en 2018, un aumento de 118% respecto del año anterior.

Claramente estas empresas exportadoras salieron beneficiadas de las corridas cambiarias que empujaron una devaluación brutal en los últimos años del gobierno anterior. Ahora con la pandemia, tampoco se detuvieron sus actividades ni tomaron resguardos, a tal punto que uno de sus CEOs fue el primer caso mortal de coronavirus en la provincia de Tucumán. Allí los trabajadores realizaron un paro denunciando que la empresa no estaba garantizando las condiciones sanitarias para evitar los contagios.

Entre los ganadores también están los grandes productores de azúcar y biocombustibles, como la familia Blaquier (Ledesma), Rocchia Ferro (Ingenios La Florida, Cruz Alta y San Isidro), Emilio Luque (Ingenio Concepción y Marapa), Juan J. Budeguer (Ingenio Leales y La Esperanza). Estas 4 familias concentran el 60% de la producción nacional del azúcar, que en entre enero de 2019 y abril de 2020 tuvo un incremento en sus precios del 193%. ¿En serio dicen que están “al borde del colapso”?, ¿Quién les puede creer?

Apenas 3 empresas concentran el 60% de la producción de alcohol de caña para la elaboración de biocombustibles: El Tabacal (Seabord Corporation), La Florida (Los Balcanes) y Ledesma (Blaquier). Ahora dicen que por el derrumbe del petróleo y la parálisis de la economía están desbordando sus stock de bioetanol. ¿Qué proponen?: que se el porcentaje de corte en naftas pase del 12 al 15% y que suban los precios o amenazan con despidos.

Pero un mes y medio de parálisis en el segmento de los biocombustibles de sus negocios no justifican la ruina que dicen padecer: de acuerdo a sus propios estados contables, el Ingenio El Tabacal -principal productor de biocombustible del país- en 2019 tuvo ingresos por 121 millones de dólares. En el caso del grupo Ledesma facturó cerca de 20 mil millones en su último balance de 2019 y aumentó sus ganancias operativas en 128% respecto al año anterior.

Miserables

Sin embargo, las condiciones de trabajo son de las peores en los ingenios. Hace unas semanas, el Sindicato del Ingenio San Isidro denunciaba al Jorge Rocchia Ferro por obligar a trabajar a los obreros sin garantizar las condiciones de higiene y seguridad necesarias para evitar los contagios. Este empresario, que posa de filántropo por donar el 0,2% de la producción de alcohol de uno de sus tres ingenios, se convirtió en la cara pública de los “miserables” que especulan con los precios del alcohol para la fabricación de sanitizantes.

Con temporadas que duran entre 4 a 8 meses en el mejor de los casos, a los trabajadores ni siquiera se les garantiza la obra social durante el resto del año. Los Blaquier incluso ya han comenzado a recortar salarios por un 30% en sus plantas de celulosa-papel, proponiendo suspender los aportes jubilatorios (resta el aval del ministerio de Trabajo de la Nación; además ha impuesto mayor productividad en el sector citrícola, a costa de los trabajadores. Pluspetrol en Salta impuso suspensiones por seis meses y reducción de salarios en un 15%. Si hablamos de miserables, las patronales del NOA ocupan los primeros puestos.

Autodefensa

Con las grandes empresas haciendo punta en el ataque a los derechos laborales, como grafica Luis Campos del observatorio social de la CTA, el resto de las empresas de menor capital tienen vía libre para ajustar sobre los trabajadores. Más aún si consideramos como llegan el NOA y el NEA a la pandemia con una informalidad laboral que promedia el 44,2% de los asalariados. Sin duda, las patronales lanzaron una ofensiva antiobrera, mientras los gremios y centrales sindicales firman suspensiones y rebajas salariales.

La clase trabajadora tiene planteado reorganizar su autodefensa para enfrentar los despidos, suspensiones, rebajas salariales y cada uno de los ataques, impulsando el control obrero en materia de seguridad e higiene frente a la pandemia, lo cual implica exigir a los sindicatos que se pongan a la cabeza de los reclamos. Si los capitalistas cierran o despiden en forma masiva, hay que ocupar y poner a producir las fábricas. Con la apertura de los libros de contabilidad, el levantamiento del secreto comercial y el control de precios por comités de trabajadores y consumidores, haciendo causa común con las familias que más padecen la crisis y los efectos de la remarcación de precios de los grandes empresarios. Se trata de levantar un programa como el que plantea el Frente de Izquierda para que la crisis la paguen los capitalistas. No hay tiempo que perder.