Los últimos días se conocieron los números de la pauta oficial del 2020. El Grupo de Magnetto fue el medio más beneficiado por el Gobierno llevándose más del doble que otros medios. ¿Qué es y cómo se reparte la pauta publicitaria en Argentina? Algunos datos que no vas a encontrar en Clarin.
Domingo 7 de febrero de 2021
¿Qué es la pauta publicitaria?
La pauta publicitaria oficial es el dinero que el Estado les paga a los medios masivos de comunicación para que el Gobierno comunique medidas o información que consideren importante o de interés público. Durante el 2020 los medios recibieron del Estado en calidad de pauta una suma total de $4.704 millones.
El ente encargado del reparto de la torta es la Secretaría de Medios, hoy a cargo de Francisco Meritello. Hasta unos pocos meses antes de la asunción de Alberto Fernández, Meritello se desempeñaba como Director Ejecutivo del Grupo Octubre (Pagina 12, canal 9, etc); que fue beneficiado con $326 millones en 2020.
¿Qué la regula y cómo se distribuye?
Si bien hay leyes [1] que regulan los espacios publicitarios para estas campañas, no hay una que lo haga definiendo los criterios de remuneración ni cómo se distribuye la plata. En otras palabras, no se puede saber cuánto vale un minuto de aire.
Para definirlo se tienen criterios un tanto arbitrarios impuestos por la secretaría de medios de comunicación. Uno de los que más se tiene en cuenta, es el de la audiencia.
El primer problema que se nos presenta con la predominancia de este aspecto es que, en general, los monopolios mediáticos más importantes suelen salir beneficiados con mayor cantidad de dinero.
Pero esto no termina acá. La única forma de medir el índice de audiencia (rating), es a través de IBOPE, una empresa privada que es financiada por los mismos medios que tiene que medir. Sin otros entes que hagan el mismo trabajo.
Incluso, no pocas veces, las empresas mediáticas cancelan deudas con el Estado a través del canje por espacio publicitario.
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Con este mecanismo poco claro, el Estado termina alimentando a los principales medios de comunicación monopólicos.
Una muestra clara son los datos que se conocieron los últimos días, donde el grupo Clarín recibió este 2020 casi el doble de lo que recibieron otros medios
No es una novedad si pensamos que ya en 2004, Alberto Fernandez, quien en ese entonces era jefe de gabinete de Nestor Kirchner, mediante facultades extraordinarias para la redistribución de partidas, le otorgó al grupo clarín $7.626.369 solo por el diario escrito, ubicándolo primero en el ranking de cobro.
El Grupo Clarín está liderando este podio hace tiempo más allá de los roces con los distintos gobiernos. Al grupo de Héctor Magnetto lo conocemos por estatizar su deuda y hacerse de Papel Prensa durante la última dictadura, por conseguir Canal 13 con Alfonsin y Radio Mitre de manera fraudulenta durante el menemismo, por la fusión Cablevisión-Multicanal durante el kirchnerismo y la compra de Telecom bajo el macrismo. Y muchas veces por ser el vocero de los intereses de los sectores más poderosos del empresariado.
Éstas empresas, además de la bonanza por parte del estado, vienen teniendo otras formas de acrecentar sus ganancias. Solo por mencionar algunos hechos, como negarse a aumentar el salario de sus trabajadores, o recientemente estafando a los clientes de cablevisión con un aumento del 20% obligando a mentir a sus trabajadores afectando los bolsillos de millones de familias
Ya no quedan rastros de aquel discurso en contra de las corporaciones mediáticas, ni tampoco del de la democratización de los medios de comunicación.
El Estado, en lugar de permitir el desarrollo de otros medios de comunicación opta por seguir beneficiando a los mismos de siempre.
¿No podría el Estado garantizar el financiamiento y la entrega de licencias para el uso de radio y telecomunicaciones de medios independientes, de organizaciones de DDHH, de trabajadores, estudiantiles, de mujeres, barriales, artísticas, ambientalistas, etc?
Podría realizarse si afectamos los intereses con impuestos a los grandes grupos mediáticos y de telecomunicaciones, algo que ningún gobierno está dispuesto a hacer, por lo que depende de la lucha y el control democrático por parte de les trabajadores y usuarios.
[1] La Ley 24156, su Decreto reglamentario 1344 del 4 de octubre de 2007, el Decreto 357 del 21 de febrero de 2002; 151 del 17 de diciembre de 2015 y 725 del 31 de mayo de 2016; el Decreto 984 del 27 de julio de 2009, su reglamentación N° 14 del 11 de enero de 2011, y las resoluciones 247/2016 y 617-E/2016.
