Tras la campaña mediática rabiosa contra la protesta de miles de manifestantes al Ministerio de Desarrollo Social, el fiscal Marijuán denunció al Polo Obrero y a la Organización Clasista y Revolucionaria con la figura de "extorsión".
Juana Galarraga @Juana_Galarraga
Jueves 19 de agosto de 2021 15:00
Foto: Télam
Tras movilización de miles de jóvenes precarios, de trabajadores y trabajadoras sin empleo, que tuvo lugar este miércoles al Ministerio de Desarrollo Social, el fiscal Federal Guillermo Marijuán denunció a dos organizaciones sociales por “posible extorsión” a las personas asistentes.
Se trata del Polo Obrero y la Organización Clasista Revolucionaria, que llevaron adelante la marcha del miércoles 18 de agosto en la que se pudo observar cómo militantes de estas agrupaciones llevaban un registro de los presentes. Para Marijuán esto “constituye un delito”. En la presentación, el fiscal menciona las imágenes que emitió TN con una cobertura desde el lugar donde se desarrollaba la protesta.
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Para Marijuán, “el propósito de estas marchas en las que se exigía la concurrencia de los beneficiarios, consistía en obtener algún beneficio por parte del Ministerio de Desarrollo Social”, hoy a cargo de Juan Zabaleta.
Además pidió que se libre oficio al Ministerio de Desarrollo Social para que deje sin efecto “cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo” a las organizaciones denunciadas, con la salvedad que esto no implique dejar sin planes sociales a las personas que integran esos movimientos sociales, “toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes”. También le solicitó a Zabaleta que continúe con la ayuda, pero que lo haga “personalmente, sin intermediación de organizaciones o terceros”.
La discusión sobre cómo se administra la asistencia social es un debate abierto, que tiene que desarrollarse entre quienes forman parte de las mismas organizaciones, de manera democrática y sin la injerencia del Estado o el reaccionario Poder Judicial, del que forma parte Marijuán.
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La de este miércoles fue una jornada de lucha nacional, por parte de trabajadoras y trabajadores sin empleo y cooperativistas en 20 provincias y 100 ciudades del país.
La movilización principal partió desde la Estación Kosteki y Santillán (Avellaneda) y se dirigió al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Las importantes columnas marcharon hacia el centro porteño. Esto fue lo que decidió cubrir en vivo TN.
“Una y otra vez los ministros de Desarrollo Social dicen que vienen a transformar los planes sociales en trabajo. Qué quiere decir esto en la voz de un ministerio que sostiene la precarización laboral de lxs compañerxs que cobran programas sociales por realizar labores comunitarias y de obra pública en los municipios, y no es otra cosa que trabajo precarizado, con una remuneración que está por debajo de la mitad de salario mínimo vital y móvil”, denunciaron en un comunicado los convocantes. Pero esto no fue el centro de la cobertura de los grandes medios.
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“Tras el informe de TN, la Justicia investigará por extorsión a dos organizaciones piqueteras que controlan las asistencias a las marchas”, informó orgullosamente el canal del Grupo Clarín. La campaña pone el foco en el método de las organizaciones, buscando deslegitimar el reclamo de quienes perciben, con suerte, subsidios que rondan los 12 mil pesos, como le respondió una de las manifestantes a una movilera.
A los medios empresariales no les preocupa el “clientelismo”. Su objetivo es criminalizar la protesta de los sectores más empobrecidos y más castigados por la crisis, así como desalentar la movilización callejera. Con el énfasis puesto en el método implementado por las organizaciones, buscan deslegitimar el reclamo de quienes más sufren el ajuste. Pero no se puede tapar el sol con la mano en un país con un 42 % de la pobreza, un desempleo del 11 %, una precarización que en la juventud alcanza al 70 % y una inflación de alrededor del 50 % que impacta más que nada en el valor de los alimentos y carcome el poder de compra de salarios y subsidios.
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La autoorganización y la coordinación pueden ser garantías para que la organización de quienes participan de este reclamo sea democrática y consciente. Además, son vías para juntar la fuerza necesaria para pelear seriamente contra el ajuste del Gobierno y que dejen de deteriorarse las condiciones de vida de las grandes mayorías, mientras se enriquecen los bancos, las farmacéuticas y se paga la ilegítima deuda externa, incluido el escandaloso endeudamiento de Macri con el FMI. Esta es una pelea que tiene que unir al conjunto de la clase trabajadora, entre ocupados, desocupados, efectivos, contratados, precarios e informales.