Libertades Democráticas. Piden indagar a ex-Montoneros por el caso Rucci: ¿vuelve la teoría de los dos demonios?

Claudia Rucci pidió a la Justicia que cuatro ex militantes de Montoneros sean citados a declaración indagatoria por el asesinato de su padre: el jerarca de la burocracia sindical peronista José Ignacio Rucci, asesinado a balazos en setiembre de 1973. La solicitud involucra a Mario Eduardo Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Cirilo Perdía y Ernesto Luis Jauretche.

¿Quién fue José Ignacio Rucci y en qué contexto fue asesinado?

Rucci fue representante de una burocracia sindical durante la primera mitad de los años 70. Esa burocracia actuó como fuerza de choque contra los trabajadores en un momento en que amplios sectores de la clase obrera venían protagonizando un proceso de organización y lucha creciente, cuestionando además a la misma burocracia sindical.

Al frente de la CGT, Rucci promovió el disciplinamiento del movimiento obrero a favor de los empresarios, la regimentación de sus organizaciones a través de la Ley de Asociaciones Profesionales y fue parte de la organización de las bandas de la ultraderecha para atacar al activismo obrero y juvenil. Ese accionar tuvo su primera precedente grave en la Masacre de Ezeiza, el 20 de julio de 1973.

Rucci fue uno de los firmantes del Pacto Social que congelaba precios y salarios, pero beneficiaba abiertamente a las patronales porque estas burlaban las restricciones sin ningún tipo de inconveniente. Es conocido que, al firmar dicho acuerdo el líder cegetista declaró “yo sé que con esto estoy firmando mi sentencia de muerte”.

En setiembre de 1973 Rucci fue asesinado. En su velorio Juan Domingo Perón se lamentó, afirmando "me mataron a un hijo”. Ante el periodismo diría: "Estos balazos fueron para mí; me cortaron las patas”.

Hipocresía

En 1999 el Estado argentino dispuso el pago de una indemnización de 224 mil dólares en bonos del Estado a Claudia Rucci y sus hermanos, por considerar que su padre había sido asesinado por la Triple A. Sin embargo, y a despecho de haber cobrado dicha suma, ahora la familia Rucci acusa del crimen a Montoneros, organización que jamás reconoció la autoría del atentado.

Esta acusación se basa en el libro del periodista derechista Ceferino Reato, titulado “Operación Traviata”. En él, se responsabiliza de la muerte de Rucci a un comando de Montoneros encabezado por el desaparecido Julio Roqué. Así nació la causa que actualmente se intenta revivir.

El mismo argumento, con distinto olor

El juez Ariel Lijo había archivado la causa Rucci en agosto de 2012 por considerarla prescripta, desechando que se tratara de un “delito de lesa humanidad”: dicha tipificación solo aplica a crímenes cometidos por el terrorismo estatal.

En ese momento, los abogados de la familia Rucci sostenían que las organizaciones guerrilleras de los 70 recibieron entrenamiento en Cuba y eran por lo tanto un brazo armado auspiciado por un Estado extranjero. Un argumento similar al de los militares genocidas que hablaban de la “subversión apátrida”. Con eso intentaban fundamentar que sí era un crimen de lesa humanidad, pero Lijo lo descartó por la poca solidez argumentativa. Posteriormente, la Cámara Federal revocó el archivo y ordenó a Lijo “profundizar las pesquisas”.

Ahora, los abogados de Claudia Rucci usan el mismo argumento pero cambian a Cuba por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al frente del cual se hallaba Oscar Bidegain. Según ellos, el grupo comando y las armas utilizadas para ultimar a Rucci se habrían transportado en coches oficiales de la gobernación bonaerense. Con esto intentan igualar un atentado puntual con un plan de exterminio donde no un par de autos sino todas las instituciones del Estado, desde el Ejército hasta la Justicia, están a disposición de eliminar materialmente a decenas de miles de personas.

Reflotando la teoría de los dos demonios

No es casual que por estos días se intente revivir la causa Rucci. Desde la asunción del macrismo, y particularmente durante la visita de Obama, se viene intentando reflotar la vieja “teoría de los dos demonios” que intenta igualar el accionar violento de las organizaciones guerrilleras y revolucionarias con el terrorismo estatal.

El discurso de los “dos demonios” emergió al inicio del gobierno de Alfonsín y sirvió como antesala para las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que dejaron libres al grueso de los militares genocidas y sus cómplices civiles. Entre los beneficiados por esas medidas no es menor que los empresarios hayan quedado impunes. La mismísima familia Macri se puede contar entre los mismos. Es, por eso, una teoría que colabora a la impunidad.

Al igualar la violencia de las organizaciones populares con la del Estado se oculta que no se trató de una “guerra” entre ejércitos iguales sino de un plan de exterminio orquestado por la clase capitalista, el imperialismo y sus instituciones políticas. Fue un genocidio de clase para derrotar el proceso de insurgencia obrera y juvenil que había iniciado el Cordobazo y que no había podido contener la vuelta de Perón. Por eso hay 30.000 desaparecidos solo de un lado de la “barricada”.

Rechazar el regreso de este relato de la impunidad es elemental para la izquierda y cualquier organización que defienda los más elementales derechos democráticos, y que pelee por la memoria, la verdad y la justicia.

Esto no implica la defensa de la estrategia de Montoneros que sustituyó la lucha de clases y la necesaria organización democrática y con independencia política del movimiento obrero, por una lucha de aparatos contra las fuerzas represivas del Estado burgués. Una estrategia que se demostró impotente y que estuvo acompañada y estrechamente ligada a su política de presión sobre Perón, a quién -a pesar de impulsar la creación de las Tres A- no retiraron su apoyo.

Los servicios prestados por el kirchnerismo

A pesar del “relato” sobre los DDHH que el kirchnerismo desarrolló en los últimos 12 años, la burocracia sindical heredera de Rucci y la derecha peronista fue aliada del gobierno anterior.

Figuras emblemáticas por su colaboración con los ataques a la izquierda y al movimiento obrero o por el espionaje en plena dictadura, como José Rodríguez (SMATA) o Gerardo Martínez (UOCRA) fueron aliados del gobierno de CFK hasta el mismo 10 de diciembre pasado.

Esos son solo dos nombres de una casta privilegiada que se perpetuó en sus sillones, en parte, gracias a haber sido parte de esas bandas armadas que integraron la Triple A.

Pedraza, el asesino de Mariano Ferreyra; Pignanelli y sus matones del SMATA; Antonio Caló –heredero directo de Rucci en la UOM y el mismo Moyano fueron encumbrados y defendidos por el gobierno kirchnerista al frente de los sindicatos. Precisamente estos jerarcas sindicales mantuvieron “viva” la causa Rucci. El propio Moyano, cuando era aliado “nacional y popular”, defendió los mismos argumentos que hoy esgrimen los abogados defensores de la familia Rucci.