Familiares, amigos y vecinos de la localidad de Puan piden por la liberación de los allanados, se encuentran desde el lunes 14 detenidos en la DDI de Bahía Blanca, acusados de infringir la Ley 23.737 de Estupefacientes. Realizaron una movilización el domingo 20 y llaman a otra para este miércoles 23.
Martes 22 de diciembre de 2020 14:26
Con una convocatoria a movilizar, la plaza principal Adolfo Alsina comenzó a verse concurrida el domingo a partir de las 20 horas por madres, familiares, amigxs y vecinxs que pedían la liberación de los detenidos en los múltiples allanamientos sucedidos el pasado lunes 14.
En la concentración previa a la marcha Franco amigo de Nicolás Lupín y coordinador de la jornada dijo:
“Nos autoconvocamos para ayudar y hacer que los chicos tengan su voz en el pueblo. Queremos que esto sea pacífico, sin agresiones, cuidando el distanciamiento social. La idea es muy simple, es hacernos ver y escuchar, nos vamos a movilizar por la Avenida San Martín. Estamos todos juntos en esto”
Luego de recorrer la avenida volvieron hasta la Plaza Adolfo Alsina dónde un familiar de cada detenido se ubicaba el centro de la convocatoria diciendo el nombre y exigiendo la liberación.
Concluyeron con una nueva convocatoria para una jornada similar el miércoles 23 de diciembre a las
(Fuente video: DiariodePuan portal web)
(Compartido por familiares y amigxs de Nicolás Lupin en Facebook e Instragram)
#NoMásPresxsPorPlantar
No alcanza con recordar que hay un fallo testigo, como el Fallo Arriola, donde en el 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina muestra lo inconstitucional que resultan ciertas aprehensiones de este tipo basadas en el artículo 14 de la Ley de Estupefacientes, segundo párrafo.
Bajo la farsa llamada “lucha contra el narcotráfico” Miles de personas son privadas de su libertad por cultivos de uso personal y más allá de los cambios de gobiernos las violentas represiones, la criminalización y estigmatización no cesan, cómo vimos claramente con la detención de Daniel, apodado por Berni como “cara de cannabis”.
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A pesar de que a principios del mes se conocieron como avance definitivo las recomendaciones que la OMS habría hecho en enero de 2019 hacía la ONU de retirar el cannabis de la lista IV de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, donde figuraba junto a opioides letales y altamente adictivos.
Entre sus recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud indicó que el cannabidiol (CBD) con un 2% o menos de tetrahidrocannabinol (THC) no debería estar sujeto a controles internacionales.
Actualmente, más de 50 países han adoptado programas de cannabis medicinal, mientras que Canadá, Uruguay y 15 estados de Estados Unidos han legalizado su uso recreativo. México y Luxemburgo también avanzan en esa posibilidad.
Cada vez resulta más evidente que el consumo de cannabis no pone en riesgo la salud pública y así mismo cada vez se conocen más aplicaciones medicinales para sus usos y derivados.
Es sabido hace años que la ilegalidad es funcional a los negociados del narcotráfico de los que siempre están siendo parte, la policía , fuerzas armadas, políticos, jueces, fiscales y grandes empresarios. Esto cada vez resulta más evidente, como ocurrió en junio del 2017 con las “bobinas blancas” que salían desde el puerto de Bahía Blanca cargando toneladas de cocaína con total impunidad.
Los costos de estos operativos, que resultan más bien una opereta, son financiados por el Estado y luego en su mayoría terminan en prisiones sin condena, apremios ilegales, maniobras policiales como paso con Damián Raña, con cárceles superpobladas y degradación de la vida, por el simple hecho de cultivar una planta.
Es de común conocimiento que este tipo de prácticas del régimen persecutor y represivo afecta en su mayoría a las familias trabajadoras y a la juventud humilde de los barrios, como forma de control social, o como cooptación para el crimen organizado utilizando a los sectores más vulnerables y que lejos de afectar el narcotráfico le allanan el camino evitando que cada persona pueda tener su cultivo.
Así mismo éstas son prácticas que utilizan como excusa para perseguir criminalizar y encerrar no sólo a quienes cultivan sino también a quienes se organizan y luchan. Ya lo muestra la historia en los hechos y registros de la última dictadura cívico militar dónde trabajadorxs que resistían el avance patronal, empresarial, político, civil y militar eran perseguidos y enjuiciados con causas armadas bajo la misma excusa y con la misma Ley punitivista y desactualizada que luego sostuvo Duhalde, que también tomó Bullrich y que hoy continúa Berni, con los mismos fines.
Por eso se vuelve urgente la legalización para el cese de estás prácticas, y para poder lograr que existan responsables tanto de los productos como de los controles y garantías necesarias para el desarrollo de la investigación, el cultivo y la producción de derivados medicinales, terapéuticos, industriales, etc dónde quienes protagonicen la toma de decisiones sean usuarixs, cultivadorxs y trabajadorxs del rubro, y que sea transparente hacía toda la sociedad.
