Un modelo contra los trabajadores. Pobreza, trabajo precario y bajos salarios

foto Fernando Ponzetto - Archivo El Pais

Acercándonos al final del periodo de gobierno de la Coalición Multicolor vale la pena observar cifras y datos sobre indicadores como el salario y la pobreza y ver que efecto han tenido las políticas de Lacalle Pou en estos temas.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo público a comienzo de este mes sus datos sobre pobreza 2023, registrando un leve incremento de las personas pobres: en este último año el número llega a 10.1% de la población mientras que en 2022 era el 9,9%. A su vez el 7% de los hogares se ubicó por debajo de la línea de pobreza, cifra muy cercana al año anterior. Estos leves aumentos se encuentran dentro del margen de error de los instrumentos, por lo cual puede decirse que la situación se mantiene como en 2022.

Como viene sucediendo desde hace mucho tiempo la pobreza se concentra con mayor intensidad entre los menores de edad llegando a 20.1% entre los menores de 6 años y a 18.3% entre 6 y 12 años. Estas cifras se han incrementado significativamente con respecto a 2017, cuando se encontraban en 15,1 y 13.5% respectivamente.

Un informe del Instituto Cuesta Duarte que analiza los datos divulgados por el INE concluyó que en cantidad de personas las cifras muestran que Uruguay tiene aproximadamente 50.000 pobres más si se lo compara con 2019, “de los cuales cerca de 17.000 son menores de edad”.

Por otra parte se observa también un crecimiento notorio de la desigualdad. Con los niveles de la economía por encima de la prepandemia el índice de Gini se incrementó, pasando de 0,383 en 2019 a 0,394 en 2023.

Si tomamos desde el comienzo de la gestión de Lacalle Pou podemos ver que el país retrocedió en relación con respecto a los niveles prepandemia a pesar que la economía es más rica y genera un mayor volumen de ingresos totales. Es decir que estos movimientos son consecuencia directa del tipo de políticas que implementó el gobierno.

Salarios sumergidos y trabajadores bajo la línea de pobreza

Un informe de mediados de 2023 del Instituto Cuesta Duarte muestra que con datos procesados sobre 2022, unos 549.000 ocupados percibieron ingresos por debajo de los $ 25.000 líquidos al mes por 40 horas de trabajo semanal, representando un 33% del total de ocupados.

Entre ellos, 173.000 no alcanzaron los $ 15.000 (11%) mensuales. Los ocupados que ganan menos de $25.000 fueron en 2022 casi 100.000 más respecto a 2019, pasando de 452.000 a 549.000 en 2022. Por su parte, el incremento en la cantidad de asalariados con salarios sumergidos fue de 55.000, pasando de 267.000 en 2019 a 322.000 en 2022.

En una nota de La Diaria, la economista del Cuesta Duarte Alejandra Picco señaló que de 41 meses que pasaron de este gobierno, en 36 el salario real estuvo por debajo del nivel que tenía en 2019.

Si bien el gobierno se jacta de haber bajado la tasa de empleo informal, un análisis más fino del fenómeno revela que esto es en realidad efecto de la pandemia, en tanto los trabajadores informales fueron los que primero perdieron el empleo en ese contexto de restricciones de la actividad económica. Por otro lado, con el repunte económico de estos últimos años, se observa que el total de trabajadores informales vuelve a crecer.

La realidad del trabajo precarizado

Hace también algunas semanas se presentó también el libro Emprendedores Ya! Capitalismo de plataformas en Uruguay (trabajo coordinado por el sociólogo Nicolás Marrero) en base a una investigación que presenta datos de la primera encuesta nacional sobre el trabajo de repartidores en plataformas como Pedidos Ya y Rappi.

De la investigación surge por ejemplo que la media de las horas de trabajo es 58 horas semanales, superando las 44 horas máximas establecidas por ley para las y los empleados de comercio, que el 60% de los encuestados trabaja todos los días, y que se ha perdido el derecho a la media hora de descanso remunerada, luego de las 4 horas de trabajo.

Aunque se los presenta como trabajadores independientes, “cada uno es jefe de si mismo”, se trata de relación de dependencia encubierta. De esta manera los repartidores no tienen un contrato con la empresa, sino que deben abrir una empresa unipersonal para poder trabajar, lo que deja al trabajador por fuera de la cobertura médica, aguinaldo, salario vacacional, seguridad social.

Un modelo contra las y los trabajadores

Estos datos y cifras no son casualidad, sino la consecuencia directa de las políticas que llevan adelante desde el gobierno de favorecer a los empresarios y las patronales.

En un contexto de crecimiento económico y superada la crisis de la pandemia, los lineamientos económicos están direccionados para favorecer a los sectores más ricos de la sociedad, dándose a la vez un desmantelamiento de las políticas de protección social.

Se continúa profundizando un modelo de bajos salarios, precarización laboral y más explotación que lleva a una situación crítica a buena parte de las y los trabajadores.

La oposición frenteamplista no cuestiona este modelo; aún con matices, también lo llevó adelante durante sus 3 periodos de gobierno; y no propone nada radicalmente distinto de cara a las próximas elecciones.

Para terminar con este modelo hay que luchar por una salida de las y los trabajadores que cambie desde la raíz la estructura del país; dejando de pagar la deuda externa, rompiendo con los organismos del imperialismo que digitan la política económica del país y terminando con las ventajas y privilegios de las multinacionales y los empresarios locales, con los subsidios y exoneraciones, con las zonas francas y con las facilidades para el capital extranjero.

Se hace urgente un aumento general de salarios por un monto equivalente a la canasta básica, terminando con esta política de salarios sumergidos que no alcanzan para vivir dignamente.

Para abatir el desempleo hay que bajar la duración de la jornada laboral, sin pérdida salarial y repartir estas horas disponibles de trabajo entre los desocupados.

La informalidad también es resultado de las políticas neoliberales de los gobiernos posdictadura: hay que cambiar estas condiciones laborales, terminando con las tercerizaciones, los contratos basura y el trabajo precario, así como las unipersonales que encubren formas de flexibilización laboral y relaciones de dependencia encubierta.

Solo las y los trabajadores pueden dar una salida a la crisis económico social del país reorganizando el conjunto de la sociedad en función de las necesidades sociales y no del interés de un puñado de capitalistas.