Informe. Precarización laboral: casi 6 de cada 10 jóvenes trabajadores son informales

El 36,4% de los trabajadores en relación de dependencia no está registrado en la seguridad social en el segundo trimestre del año, lo que significa que casi 4 de cada 10 trabajadores del país no tienen los derechos laborales básicos como jubilación, obra social y cobertura frente a despidos. O sea, están en la informalidad. Así, lo detalla un informe coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

La informalidad laboral no es algo exclusivo de este Gobierno. “La mirada de largo plazo (desde 2003) ubica a la tasa de informalidad en un valor similar al observado en el segundo trimestre de 2008 y de 2010. Desde ese año hasta la irrupción de la pandemia a comienzos de 2020 la tasa de informalidad se mantuvo en valores entre 32% y 35,7%”, agrega el documento.

A pesar del crecimiento económico durante el kirchnerismo beneficiado por el viento de cola internacional, la informalidad laboral no perforó el 30%. Luego con los gobiernos del macrismo y después con el Frente de Todos ascendió el empleo no registrado. “Más allá de las fluctuaciones (y excluyendo el período de la pandemia), la tasa de informalidad se ha mantenido relativamente constante y en un valor muy elevado, desde hace 15 años”, advierte el informe.

La informalidad también implica un menor salario en relación a los trabajadores formales. Según el documento, “si un asalariado formal obtiene un salario mensual de $100, un trabajador informal con igual nivel educativo, igual edad, en la misma región, trabajando en la misma rama de actividad y en una empresa de igual tamaño obtendrá una remuneración mensual de $59,8”, es decir una brecha de 40,2%.

Jóvenes y mujeres, las más afectadas

La informalidad laboral afecta más a las mujeres y a los jóvenes. En el primer trimestre de 2024 (últimos microdatos de la EPH disponibles para realizar este análisis), la tasa de informalidad asalariada total fue 35,6%, siendo 34,2% entre los hombres y asciende a 37,2% entre las mujeres.

O sea, en promedio, la tasa de informalidad femenina en los primeros meses de 2024 fue 3 puntos porcentuales más alta que la tasa masculina. Sin embargo, dada la mayor proporción de hombres en el total del empleo asalariado (54%), éstos dan cuenta del 52% de la informalidad asalariada total.

Según el documento la tasa de informalidad en los jóvenes es “significativamente más elevada que otros grupos etarios”. En el primer trimestre de 2024 era de casi 58%, 23 puntos porcentuales más elevada que la tasa global. Es decir, casi 6 de cada 10 jóvenes trabajadores en relación de dependencia no está cubierto por la normativa laboral y la seguridad social.

Las tasas de informalidad también varían significativamente según rama de actividad. En un extremo se ubican el sector público (que incluye tanto la administración pública como los servicios de educación y salud públicos) y los servicios financieros, con una incidencia de la informalidad de 9,4% y 24,5%, respectivamente.

En tanto, hay mayor informalidad en la construcción (70%) y el servicio doméstico (76%). “Estos valores son particularmente críticos al considerar que son sectores que concentran la mayor proporción de hombres y mujeres de menor nivel educativo, respectivamente. Alrededor de 21% de los hombres de hasta secundaria incompleta trabajan en la construcción, mientras que casi 50% de mujeres de ese nivel educativo lo hacen en casas particulares”, agrega el informe.

La precarización laboral y la tercerización de tareas adquirieron una dimensión cada vez mayor. Mientras un sector importante de la población está desocupada, subocupada y sometida a la misma miseria de no llegar a fin de mes, otros están sometidos a jornadas laborales interminables.

En tanto, el Gobierno reglamentó el capítulo laboral de la Ley Bases, que implica una mayor flexibilización laboral. Ante este flagelo la Izquierda propone trabajar seis horas diarias con cinco días laborales a la semana, es decir treinta horas semanales, sin reducción salarial y con un salario mínimo igual a la canasta familiar. La propuesta apunta a que nadie se quede sin empleo. Es para que trabajemos menos y trabajemos todos. Pero además para que lo hagamos con todos los derechos, por eso también planteamos el fin de la tercerización laboral, con el pase a planta permanente de esos trabajadores y trabajadoras. Si esto se aplica en las 12.000 principales empresas del país se podría para crear un millón de nuevos puestos de trabajo con derechos.

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