LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. Presentan denuncias contra IOMA por incumplir ley de identidad de género

Ante las reiteradas negativas a autorizar tanto tratamientos de hormonización como de intervenciones quirúrgicas tendientes a una adecuación de género, un grupo de afiliades pertenecientes al colectivo trans travesti con el apoyo de la Red de Abogadxs y Estudiantes que impulsa el CeProDH han iniciado acciones de amparo ante la justicia platense con la finalidad de que IOMA cese en su accionar arbitrario y se garantice la autorización al 100% de las practicas requeridas.
Por su parte, la Junta Interna de ATE IOMA vienen apoyando el reclamo presentando notas ante las autoridades de la obra social para exigir que se cumpla efectivamente con la ley y que además el organismo cumpla con la ley provincial que prevé el cupo laboral trans.

La Ley de Identidad de Género, sancionada en mayo de 2012, establece en el párrafo primero de su artículo 11 que “todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, conforme al artículo 1º de la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”.

A su vez, el mismo artículo en su parte final, ordena que “los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce. Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación”. De tal manera, la ley pone en cabeza de las obras sociales y de todos los efectores de salud estatales o privados la obligación de dar cumplimiento a la cobertura de estas prácticas, por la totalidad del costo, por formar parte del Plan Médico Obligatorio.

La negativa de IOMA a cubrir los tratamientos requeridos contradice esta ley que apunta a que los procedimientos tendientes a la adecuación de género sean otorgados sin dilaciones, sin trámites burocráticos y engorrosos, y que no impliquen un costo económico, atendiendo a necesidades concretas que hacen al cumplimiento efectivo del derecho a la salud en sentido amplio.
Les jóvenes trans que iniciaron amparos, solicitando tratamientos hormonales e intervenciones que van desde mastectomías hasta cirugías de feminización facial, se encontraron al momento de iniciar la tramitación de tales prácticas trabas de todo tipo.

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En primera instancia, sus peticiones debieron proceder por “tramites de excepción”, cuando la ley exige como único requisito la presentación de consentimientos informados. Por otra parte, quienes solicitaron cirugías, si bien en varios casos fue otorgada la autorización, el monto difería enormemente del costo real de las intervenciones, cubriendo aproximadamente solo el 10%. Inclusive en estos casos, además de encontrarse les damnificades obligades a tramitar estas autorizaciones por un medio más burocrático y con más pasos que una autorización de otro tipo, debían iniciar este trámite de excepción para la autorización de la operación, y luego repetir el procedimiento para solicitar la autorización por la cobertura de los costos de internación.

De más está decir, que el denominador común siempre fue la demora, la falta de respuestas sobre el avance de sus trámites, y negociaciones colectivas con representantes de IOMA que no llegaron a tener resultados positivos.
Es evidente que la intencionalidad no fue otra que la de negar estas prestaciones, mediante acciones dilatorias, y autorizaciones por montos irrisorios, equivalentes a la negativa de la cobertura.

En el caso de los varones trans un hecho que se repite es la imposibilidad de acceder a la atención médica de la especialidad de ginecología, por tener una identidad no femenina. La obra social al respecto solamente expresó que sucede por un error de sistema, sin otorgar ninguna solución al respecto. Esto es inadmisible ya que vulnera el derecho al acceso a la salud, por la falta de adecuación del sistema a la Ley de Identidad de Género, sosteniendo un sistema de registro de afiliades binario y discriminatorio de la diversidad.

El colectivo LGTTBI sigue sufriendo la opresión y discriminación sistemática por parte del propio Estado, ha llevado años de lucha conquistar esta ley o la de cupo laboral trans y aún hoy la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida. Por eso, continúa la pelea incansable para mejorar su calidad de vida, terminar con la violencia patriarcal, acceder a empleos genuinos, ver garantizado el acceso a la salud, el derecho a la educación y terminar con toda forma de discriminación.
Todo esto se agrava en el contexto de pandemia mundial que pone en jaque los sistemas de salud de todos los países y donde quedan a la luz cuales son las prioridades de los gobiernos, y del que no estamos exentos.

El gobierno provincial anunció la utilización de 400 millones de pesos mensuales de IOMA para ofrecerlos como rescate a clínicas y sanatorios privados. En el marco del “programa de sustentabilidad económica” el poder ejecutivo dispondrá de los fondos de la obra social para atender las necesidades económicas de sanatorios y clínicas prestadoras de dicha obra social, provocando de este modo el vaciamiento de IOMA, en detrimento de garantizar el derecho a la salud de les trabajadores afiliades. Con respecto a este tema el diputado del FIT Claudio Dellecarbonara requirió pedido de informe sobre este tema y el oficialismo se opuso.

Cabe destacar que no es plata que al instituto le sobre. Por el contrario, si hay algo que denuncian permanentemente les trabajadores del Estado es la caída sistemática en las coberturas, bonos y copagos cada vez más caro que deben pagar les afiliades de sus bolsillos, y el deterioro constante en la cantidad y calidad de las prestaciones recibidas. A lo que se suma el incumplimiento del artículo 11 de la ley de identidad de género. Esos recursos deben destinarse a mejorar de manera urgente las prestaciones de la obra social.