Más ajuste. Presupuesto 2025 para Discapacidad: el más bajo desde la creación de la ANDIS

El Gobierno nacional busca que se apruebe su proyecto de Presupuesto 2025 antes de que finalice el año legislativo, el 30 de noviembre de este año. Como ya venimos advirtiendo desde este medio, y denuncian nuestros diputados en el Congreso nacional, donde se debate el proyecto en comisiones, la iniciativa oficial implica la consolidación de un muy drástico ajuste en todas las áreas, sobre todo en áreas muy sensibles como salud y discapacidad.

Los números estipulados en el proyecto no dejan dudas sobre el rumbo económico y político que planea el Gobierno para el año que viene. Lo destinado al pago de intereses de deuda a los especuladores y organismos financieros internacionales (que es más de $10 billones) equivale a más del doble de lo que va a la educación universitaria y el 40% más que el presupuesto para salud.

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En el marco de estas prioridades gubernamentales, el área de discapacidad sufre un ajuste muy pronunciado, sobre todo por los recortes que ya comenzaron este año de las Pensiones no Contributivas por Invalidez que ocupan más del 73% de los recursos de esa área.

Los números del ajuste presupuestario en Discapacidad

Según un análisis realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que fue presentado en la última reunión de la comisión de Discapacidad de Diputados, los recursos estimados para el 2025 para la ANDIS son los más bajos desde su creación (en 2018 bajo el mandato de Mauricio Macri) en términos reales.

Compartimos aquí algunas de las principales conclusiones:

- Los recursos estimados en el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2025 para la ANDIS son los más bajos desde su creación en términos reales, en comparación con los recursos ejecutados entre 2018 y 2023 y los vigentes en 2024, e implican una reducción de 30,5% con respecto al presupuesto vigente en 2024.

- Esto consolida y profundiza la tendencia decreciente que ya se observa en el año actual, en donde el presupuesto vigente cae un 13.8% con respecto al ejecutado en 2023. Si comparamos el presupuesto proyectado para 2025 con el ejecutado en 2023, la caída acumulada es del 40,07%.

- Del total de los recursos de la ANDIS, la mayoría corresponde a las Pensiones no Contributivas. Más del 73% está destinado al pago de las pensiones, en tanto que más del 25 % a la atención médica de sus beneficiarios (a través de Incluir Salud). Si sumamos ambos números, tenemos más del 98 %.

De acá deducimos dos cosas. Primero, que no se prevén gastos para casi nada más. Segundo, que un recorte pronunciado en las pensiones impacta de lleno en el presupuesto total de toda la ANDIS. Y ahí radica, en parte, la explicación de por qué la caída es tan abrupta.

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Según este análisis, para el 2025, los recursos asignados para las Pensiones no Contributivas que administra ANDIS caen un 39% con respecto al vigente actualmente. “Dado el peso de este programa en la totalidad de los recursos de la ANDIS, la caída presupuestada para 2025 del organismo se explica por la disminución de los recursos proyectados para las pensiones”, se explica en el informe.

En tanto, según las estimaciones del equipo de la sección Economía de La Izquierda Diario, lo destinado a estas partidas baja de $3 billones en 2024 a $2,3 billones en 2025. Un recorte nominal del 25%, lo que significa una caída de 44% en términos reales en 2025 respecto a 2024 y 52% menos que 2023.

Además, el proyecto de Presupuesto 2025 ya adelanta que se hará un recorte de casi 200 mil pensiones, ya que la cantidad de pensiones proyectadas para el 2025 (las metas físicas), son 1.034.447 pensiones, mientras que a septiembre de 2024, eran 1.212.187. Es decir, que se prevén 177.740 pensiones.

Un año de ataques a derechos conquistados

Al igual que en otras áreas, con este proyecto estamos ante la consolidación y la profundización de un ajuste. Hay que agregar que durante este año desde el Gobierno se llevaron adelante políticas muy agresivas hacia las personas con discapacidad. Repasemos algunas:

1) Ni bien asumió el gobierno de Milei dispuso el cierre temporal de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) y luego su traslado de la órbita del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Salud. A partir de ese momento, se suspendió la entrega de medicación de alto y bajo costo a personas con enfermedades crónicas, oncológicas y personas con discapacidad que además se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Producto de las denuncias de empleados y pacientes, la DADSE reabrió, pero al día de la fecha, todavía continúan las denuncias respecto de la falta de regularización de la entrega de la medicación.

Las y los diputados del Frente de Izquierda Unidad presentaron un pedido de informes para que diera explicaciones, el que era en ese momento el ministro de Salud, Mario Russo, y responda sobre todas las denuncias sobre el corte de suministros. Al día de la fecha, no obtuvieron respuestas.

Hoy el costo de los medicamentos es muy alto y acceder a ellos se constituyó en uno de los problemas más graves para sectores muy vulnerables de la población como son las personas con enfermedades crónicas, oncológicas, personas con discapacidad o con problemas de salud prolongados.

Y a pesar de que el consumo ha bajado, las ganancias para los empresarios farmacéuticos han aumentado enormemente. Básicamente por el precio de los remedios. Según el Indec, en el segundo trimestre de 2024, la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina registró 1.717.379,4 millones de pesos, lo que representa un incremento de 326,7% en relación con el mismo trimestre de 2023.

2) En los últimos meses, la ANDIS está llevando adelante la suspensión del pago de Pensiones no Contributivas por Invalidez a algunos beneficiarios. Bajo el argumento de que encontraron un gran número de irregularidades, las cuales no se han hecho públicas de manera oficial, dicho organismo está dando de baja esas pensiones.

Unas 130 organizaciones elaboraron una carta, que fue enviada a la ANDIS, mediante la que cuestionan la metodología utilizada para la auditoría, en la que señalan, entre otros argumentos, que “la citación (a través de una carta-documento) carece de información relevante para quienes deben asistir” y “el medio utilizado para comunicar la citación no es accesible”.

3) Además de esta supuesta auditoria, el Gobierno dispuso más restricciones para el cobro de dichas pensiones mediante la restauración por un Decreto de requisitos que fueron declarados inconstitucionales por ser contrarios a los derechos de las personas con discapacidad, como el de acreditar un porcentaje de disminución de la capacidad laborativa y no tener ningún vínculo laboral.

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Nicolás del Caño, diputado nacional del FITU e integrante de la Comisión de Discapacidad, exigió que se hagan públicos los resultados de la auditoría de la ANDIS, a través de un pedido de informes que tampoco fue respondido, y presentó un proyecto de Ley para anular el decreto que impone más restriciones. "Este proceder no hace más que sembrar un manto de sospecha sobre las personas con discapacidad que perciben las pensiones, ya que se puede realizar una auditoría sin la necesidad de someter a semejante angustia e incertidumbre a los beneficiarios de dichas pensiones", explicó el diputado.

El proyecto de Presupuesto demuestra que plata hay y que el Gobierno pretende que vaya a parar a los bolsillos de unos pocos: los ricos, los especuladores y el FMI. No podemos permitirlo.