OPINIÓN. ¿Pueden reformarse y profesionalizarse los servicios de inteligencia?

En la entrevista publicada en esta edición a cargo de Julián Maradeo, el especialista en cuestiones de “seguridad” y servicios de inteligencia Alberto Binder relata con detalle cómo hace poco más de veinte años los espías de la ex SIDE, luego bautizada Secretaría de Inteligencia y actualmente Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se entrometieron de forma totalmente inédita en los resortes de la justicia federal. Una relación estrecha que dura hasta hoy.

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Para Binder a mediados de los 90 los jueces federales comenzaron a “delegar las investigaciones en los agentes de inteligencia”, lo que produjo “la expansión de los servicios de inteligencia para finalidades políticas o de administración del delito”. Lo que a su vez dio lugar a la profundiación de la cadena de “favores mutuos y tráfico de influencias que fue manipulada por la dirigencia política, por la justicia federal y por los propios dirigentes de los servicios de inteligencia”.

El análisis de Binder aporta datos muy interesantes para precisar el carácter cada vez más mafioso de los servicios de inteligencia en Argentina. Esa verdadera banda de espías, contrabandistas, extorsionadores y criminales creció sostenidamente, al menos desde hace más de tres décadas, tanto como sus delitos y pronturarios.

Para Binder las consecuencias principales del estado actual de esas cloacas del Estado son, “por una parte, la distorsión completa de las finalidades de los servicios de inteligencia, su desprofesionalización”; y “por otra parte la politización de la justicia federal”.

En este punto el entrevistado da a entender que los servicios de inteligencia en Argentina deberían tener otras finalidades que las que tienen e incluso ser mucho más profesionales de lo que son. Y a su vez plantea que la justicia federal y la política deberían ser campos de acción del Estado separados. Sin embargo esas definiciones formales, escritas en todos los textos republicanos, lejos están de ser una realidad. Por una razón muy sencilla: esas instituciones (gobierno, justicia, servicios de inteligencia) están directamente conducidas por las clases dominantes de este país, es decir el empresariado y sus organismos civiles y políticos con sus agentes estatales, administrativos y armados. Es decir que el Estado tiene los servicios de inteligencia que supo conseguir, ni más ni menos.

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¿Podría no estar politizada la justicia federal? Cuesta creerlo si los enormes privilegios de jueces y fiscales, así como las propias leyes clasistas, antiobreras y discriminatorias están en manos de quienes ejercen el poder desde la Casa Rosada y el Parlamento. A los jueces no los vota el pueblo, pero sí los elige y contiene la casta de políticos radicales, peronistas, macristas y del resto de las fuerzas políticas patronales.

¿Y cuáles serían las finalidades reales de profesionales del espionaje conducidos legalmente desde la Casa Rosada y desde los tribuanales politizados? Que Antonio “Jaime” Stiuso haya culminado en 2014 una carrera de más de 40 años como máximo “estratega” de la SIDE y la SI, quiere decir que a todos los gobiernos les sirvió, desde el peronismo de las 70 hasta Cristina Fernández, pasando por la dictadura, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y Néstor Kirchner. Y nadie, hasta el momento, ha podido decir que a Stiuso no se lo haya considerado un verdadero “profesional”.

Binder dice que el caso del atentado a la AMIA en julio de 1994 fue emblemático, por es allí donde los servicios de inteligencia argentinos abandonan “todo lo que tenga que ver con una investigación seria y profesional”. Sin embargo cuesta encontrar en los servicios de inteligencia previos al atentado algo de seriedad. Al menos seriedad en el sentido de descubrir crimenes y llegar a la verdad de los hechos. Algo imposible, por otra parte, siendo que esos mismos servicios de inteligencia fueron protagonistas de la dictadura cívico-militar, participando del aparato de exterminio genocida que durante décadas se mantuvo intacto y mayoritariamente impune.

El especialista entrevistado da una afirmación incuestionable. “Sólo en ocasiones los gobiernos se animaron a meterse de lleno con la estructura de inteligencia, antes tuvieron que sobrevenir crisis indisimulables. Con la cúpula de la AFI atravesada por la cercanía política sin el resguardo de la idoneidad profesional, el macrismo se dispone a proyectar la remake de los ciclos anteriores”. Lo que sería, sin dudas, la vuelta de la SIDE de Stiuso y los años posdictatoriales.

Cómo no coincidir con Binder. Si no hay ninguna posibilidad de que los servicios de inteligencia, así como las fuerzas de “seguridad” federales y provinciales, no participen directamente en el control y el gerenciamiento de todo el delito organizado, es clara la continuidad de esa banda garantizada por Cambiemos. Esta semana el Senado, con los votos oficialistas pero también con los de varios peronistas y la culposa "abstención" del kirchnerismo, se le dio vía libre a los amigos de Macri, Gustavo Arribas y Silvina Majdalani. El narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, la prostitución, el robo de autos, el contrabando, seguirán siendo delitos realizados, inevitablemente, bajo el amparo estatal.

Por eso, pensar en que los servicios de inteligencia pueden ser reformados para convertirlos positivamente y mejorarlos en su estructura y moral tiene un riesgo que, aunque involuntario, puede ser trágico. No tienen otro fin los servicios de inteligencia en Argentina que agitar las aguas cloacales del Estado, criminalizando lo que no es criminal y armando una malla de impunidad para el crimen organizado. A lo que hay que sumar una tarea complementaria de esos servicios: la infiltración y el espionaje sobre las organizaciones obreras, populares, ambientalistas, comunitarias y estudiantiles.

Como se afirmó ya muchas veces en estas páginas, el desmantelamiento total de los servicios de intligencia y su estructura de funcionamiento es el verdadero camino para terminar con esa banda de criminales impunes. Junto a ello, deben abrirse todos los archivos de esos organismos para acceder a las verdaderas pistas que lleven a saber la verdad de casos terribles como el de AMIA y, sobre todo, del genocidio perpetrado en la segunda mitad de los años 70 y principios de los 80.

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