A 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO DE BANZER. Que el golpe de Áñez no termine en la impunidad como el golpe de 1971

La importancia de sus lecciones radica en la enorme actualidad de las mismas, donde incluso la retórica derechista que lo justificó, se repite hasta hoy. El diario El Deber de Santa Cruz, en una nota publicada este 19 de agosto, califica al golpe de Banzer como “movimiento cívico-popular”. Lo mismo sucede con el sangriento golpe de Barrientos y sectores del MNR en 1964, que fue calificado como una “revolución dentro de la revolución” o “revolución restauradora”. Hoy la historia se repite, los golpistas de noviembre del 2019 califican su movimiento como “revolución de las pititas" [1]. Los intentos, a lo largo de la historia, de encubrir estos sangrientos golpes de Estado, no han cambiado y hoy forman parte de la disputa política nacional.

A 50 años del golpe de Banzer

El golpe de Estado del 71, en su forma, se dio contra el Gobierno del General Juan José Torres (7 de octubre de 1970 - 21 de agosto de 1971), que buscó mediar y conciliar las demandas de la clase obrera y los sectores populares con las presiones de la burguesía y el imperialismo; y en su contenido se ejecutó bajo la Doctrina de Seguridad Nacional contra la clase obrera, campesinos y el pueblo empobrecido y contra el proceso revolucionario que se ponía en marcha con la constitución de la Asamblea Popular.

El 1° de mayo de 1971 la Central Obrera Boliviana convoca a una Asamblea Popular, la cual estaba constituida sobre la base de las organizaciones sindicales, sobre todo de los mineros, y con representación de las corrientes que integraban el “comando político de la COB”. A ésta sumaron algunas organizaciones campesinas que rompían con el viejo pacto militar-campesino establecido por el dictador Barrientos.

La Asamblea Popular, aunque fue la expresión boliviana del gran ascenso obrero y popular que se desarrollaba en casi toda Latinoamérica, no llegó a ser un verdadero órgano de poder obrero y campesino debido a que no tuvo continuidad en su funcionamiento, no se organizó en los lugares de trabajo y en todos los ámbitos territoriales del país, no se cimentó en la democracia directa, con elección y revocabilidad de los delegados en asambleas de base, sino que más bien estaba constituida por los dirigentes de los sindicatos de base, que continuaban rigiéndose por los mecanismos tradicionales de elección sindical, garantizando así el carácter burocrático de su dirección. Tampoco avanzó hacia la organización y el armamento de milicias obreras y campesinas, ni intentó extender su influencia en el campesinado. La dirección reformista -encabezada por Juan Lechín y el PCB (Partido Comunista Boliviano)- no pretendía que la Asamblea Popular se desarrollara como un organismo de poder revolucionario, jugaba a presionar y sostener al gobierno nacionalista de Torres, llamaba a confiar en que éste enfrentaría al inminente golpe o entregaría armas, lo que dejó desarmados política y militarmente a los trabajadores ante el golpe militar. Finalmente, el golpe banzerista cortó de raíz esa breve, aunque riquísima experiencia del movimiento obrero y popular boliviano. Esta misma postura claudicante, la podemos observar en el Movimiento al Socialismo (MAS) durante el golpe de noviembre del 2019. En primer lugar, cuando legitimó el golpe cogobernando con el Gobierno de Áñez, y en segundo lugar, cuando traicionó abiertamente la rebelión antigolpista de agosto del 2020, dando la espalda a las demandas de las y los movilizados que exigían ¡fuera Áñez!, para aceptar el 18 de octubre como fecha inamovible de las eleccioines.

El 18 de agosto se da inicio al golpe de Estado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con la masacre de 24 personas en la UAGRM (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno), sin embargo, es en la ciudad de La Paz, entre el 20 y el 21 de agosto, que se lleva a cabo la lucha decisiva.

El golpe de Estado, que se inició en oriente y se consolidó en La Paz, fue la respuesta a un agudo antagonismo político y social entre la clase trabajadora y las clases dominantes. Es en este sentido que la burguesía boliviana emprendía la unidad de acción de su propia clase frente al anuncio de la nacionalización de la Gulf, la toma del periódico El Diario de parte de los trabajadores y la decisión de estatización de la industria azucarera. La Confederación de Empresarios Privados ponía en marcha un congreso contra el movimiento popular y la patronal paceña ponía en pie sus grupos de choque, como fue el Ejército Cristiano Nacionalista. Lo mismo sucedió con el golpe de noviembre de 2019, cuando la derecha puso en acción a grupos paramiliates como las racistas “resistencias juveniles” de Santa Cruz y Cochabamba. Los empresarios cruceños financiaban los comandos de la FSB (Falange Socialista Boliviana) para defender las millones de hectáreas no cultivadas de sus fincas de las ocupaciones campesinas. Nuevamente la similitud con la actualidad es destacable. No olvidemos que la Comisión Agraria Departamental de Santa Cruz, que fue impulsada por el clerical empresario y actual gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, y el presidente del derechista comité cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, tiene como propósito ponerse al servicio de los intereses agroindustriales.

El golpe de Estado del 71 fue, sin duda, la obra de las clases dominantes bolivianas –industriales, mineras, agro-exportadores-, del Gobierno norteamericano y de los intereses de la burguesía brasileña. Nótese la enorme similitud de lo sucedido durante el golpe de octubre-noviembre del 2019.

Frente al golpe de Bánzer, en diferentes ciudades del país como Santa Cruz, Oruro y La Paz, se dieron muestras de resistencia de parte de las y los trabajadores y de las y los estudiantes. El Comando Político de la Asamblea Popular declaraba la huelga general que no logró la respuesta esperada para hacer frente al golpe. Una muestra más del carácter reformista de su dirección que pasó por alto la organización y el armamento de milicias obreras y campesinas.

Con pocas armas y sin el “apoyo” de Torres, la resistencia es vencida, fue el inicio de uno de los gobiernos más criminales y autoritarios que hubo en Bolivia: 200 muertos, 70 desaparecidos en territorio nacional, más de 14.000 personas pasaron por sus centros de detención clandestinos, la mayoría sin juicio previo y habiendo sufrido torturas, y unos 19.000 debieron exiliarse. Se prohibió la actividad política y sindical, se censuró la prensa y se clausuraron emisoras de radio opositoras. Los trabajadores y los estudiantes sufrieron una de las peores derrotas de su historia.

Banzer dio inicio a su gobierno bajo la consigna “paz, orden, trabajo” con el apoyo y la alianza del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), la Falange Socialista Boliviana (FSB) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Con estos partidos los militares firmaron un pacto llamado Frente Popular Nacionalista. El MNR que había desviado y traicionado la revolución de 1952, terminará con los años con una postura fuertemente neoliberal y como uno de los partidos con más crímenes de lesa humanidad como los ocurridos en los sucesos de octubre negro del 2003. Por su parte, la FSB, cuya tendencia ideológica se funda en los principios del fascismo y que fue el segundo partido más grande del país entre 1954 y 1974, terminaría con el paso del tiempo desapareciendo del escenario político boliviano.

Durante el Gobierno golpista se tomaron medidas antipopulares, como la devaluación de la moneda, congelamiento de salarios, la supresión de los subsidios a productos de consumo popular, produciéndose incrementos sustanciales en los precios de los alimentos y, por lo mismo, generando altas tasas de desempleo y de pobreza. Todas estas medidas tuvieron como contraparte leyes a favor de inversiones extranjeras, para lo cual se eliminó todo tipo de aranceles para la introducción del capital extranjero. También brindó, principalmente y sin dejar de dar beneficios a la burguesía nacional, un sostén económico a la oligarquía cruceña canalizando préstamos y subsidios destinados a estimular cultivos de exportación, como algodón, café, azúcar, madera y a la explotación ganadera.

Como resultado de estas medidas, sectores de trabajadores y estudiantes empezaron a dar muestras de descontento. El hecho más relevante fue el de los campesinos del Valle Alto de Cochabamba, que en 1974 comenzaron a movilizarse y bloquear algunas rutas, junto a los obreros de la fábrica de calzados Manaco, lo que provocó una respuesta criminal del gobierno y que terminó con la “masacre del valle” o la “masacre de Epizana y Tolata”, en la que murieron 80 campesinos producto del brutal y criminal ataque que hizo el ejército con aviones de caza, tanques y carros blindados contra un grupo aproximado de 20.000 campesinos.

A partir de 1977 con los cambios que se dan en la política para Latinoamérica de parte del Gobierno norteamericano y con el ascenso de la lucha de clases en Bolivia, el Gobierno empieza a tomar medidas que favorezcan en la mejora de su imagen y, sobre todo, que liberen a Banzer de futuros juicios por los crímenes cometidos durante su mandato: asesinatos, torturas, persecuciones, asaltos y desapariciones forzosas y violaciones de los derechos humanos. Entre estas medidas está la convocatoria a elecciones presidenciales y una amnistía a dirigentes y militantes de base. Como parte de las luchas que empezaban a surgir en todo el país, la más significativa es la huelga de mujeres mineras, entre ellas Domitila Barrios de Chungara, que dio paso a la masificación de las medidas de presión que cambió el curso de la historia. Banzer fue derrocado el 21 de julio de 1978 por los propios militares.

Después de la caída de Banzer mucha agua ha corrido bajo el puente. El dictador se pudo mantener dentro de la política boliviana, no porque “estableció un Gobierno revolucionario democrático” como él solía decir o como siguen vociferando los lame botas de sus seguidores, sino porque entre los diferentes partidos políticos del régimen se lavaron las manos mutuamente e hicieron pactos y acuerdos para mantenerse impunes, como fue el “Pacto por la democracia” o el “acuerdo Patriótico” con el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) de Paz Zamora. Muestra de esto es la fundación de su partido Alianza Democrática Nacional (ADN), que le dio todas las facilidades de terminar hasta su muerte sin juicio alguno por los crímenes de lesa humanidad que cometió y la posibilidad de participar en los diferentes procesos electorales abiertos a partir de 1982, llegando incluso a ser presidente mediante elecciones.

George Santayana decía que “quien no aprende de la historia, está condenado a repetirla”, en ese sentido, para que la impunidad del gobierno dictatorial de Banzer no se repita con el gobierno golpista de Añez, se tiene que seguir peleando para que se haga justicia por los muertos de las masacres de Senkata, Sacaba, Montero, Betanzos, Ovejuyo y El Pedregal. Evidentemente, no va darse de la mano de la justicia burguesa ni de las acciones y los discursos cobardes y cómplices del MAS; solamente se va a hacer justicia con la movilización y autoorganización de las y los trabajadores, del movimiento campesino e indígena y del pueblo empobrecido que fue víctima del golpe cívico, militar, empresarial y clerical de Áñez. ¡Ni perdón, ni olvido, justicia!

Nota al pie:
1. Nombre con el que se autodenominó el movimiento de las clases medias, predominantemente blanco-mestizas, y que fue la base social del golpismo. El denominativo de pititas fue tomado por las clases medias cuando Evo Morales se hacía la burla de sus bloqueos luego de las elecciones del 20 de octubre del 2019, ya que en los mismos más que personas bloqueando se veían delgados cordeles (en la jerga popular se dice pititas).