Segunda ola. ¿Qué es el protocolo "última cama" y por qué se activó en PBA si hay 600 camas sin usar?

En varias clínicas y hospitales del país, ya no hay camas disponibles para garantizar los tratamientos necesarios para pacientes graves contagiados por Covid-19, los cuáles requieren de respiradores y bocas de oxígeno. Las derivaciones entre las instituciones según la disponibilidad de camas ya son moneda corriente y las ambulancias tardan una eternidad en llegar. Los equipos de salud están colapsados física y psicológicamente, y aún en esas condiciones hacen malabares para no dejar a nadie sin atención médica. Los familiares de los pacientes contagiados desesperan ante un sistema que no brinda la atención necesaria. Los pacientes administran como pueden el oxígeno que les queda y luchan por sus vidas.

Si bien la cartera sanitaria nacional relevó un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 76.6 % en el país y del 74.9% en el AMBA; el último informe de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva publicado el 28 de mayo, realizado sobre una muestra menor, da cuenta de la realidad de las instituciones públicas y privadas del AMBA que ya colapsaron o están a punto de hacerlo, con una tasa de ocupación del 92%, (siendo COVID-19 positivos el 58%).

¿De qué se trata el protocolo de la "última cama"?

En varias instituciones sanitarias, trabajadores de la salud, deben distribuir las camas disponibles según qué paciente “tiene más chances de vivir”. El doctor Pablo Figueroa, médico integrante de la Cámara de Prestadores del Conurbano (CaPresCo) explicó: “Se toma la lamentable decisión de que el paciente más joven, el que tiene más chances de vivir, es ingresado al área crítica; al segundo de los pacientes se lo coloca en un área supernumeraria (una cama agregada en terapia)”, que luego debe esperar a una derivación, y agrega: “cuando el paciente ingresó en la guardia, con un sistema colapsado, la obra social no tiene adónde derivarlo, y muchas veces donde consigue, ya sea el efector público o privado, lo deriva pero mientras tanto vos te quedas con el paciente crítico trasformando tu sistema de emergencia en un sostén de terapia intensiva hasta que llegue la derivación, y ni que hablar de la ambulancia que puede demorarse hasta 8 horas”.

Luisa Pfeiffer, doctora en Filosofía e integrante del Comité de Ética dijo a Chequeado que estas existen comités de ética para respaldar a los médicos, “sobre todo porque se lo enfrenta a una opción que es terrible: a quién darle un tratamiento y a quién no”. Este protocolo de “última cama” está regulado por el Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia COVID-19 que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, el cual asesora sobre las implicancias éticas de este tipo de decisiones.

¿Recursos limitados o recursos ociosos?

Teniendo en cuenta la existencia de “recursos limitados” (falta de camas, respiradores y oxígeno), el protocolo recomienda “asignar los recursos escasos a quienes tengan mayor posibilidad clínica de beneficiarse por recibirlos”, es decir que no se deben tener en cuenta criterios “no médicos” como la edad, el género o la condición social.

Pero existe una realidad que desmiente esta escasez: según la Cámara de Prestadores del Conurbano (CaPresCo), durante el 2020 cerraron 10 clínicas privadas de la Provincia de Buenos Aires, financiadas con obras sociales PAMI, IOMA u Osecac. Esto da un total de 600 camas ociosas. Tras las luchas de les trabajadores, cuatro clínicas fueron recuperadas a través de acuerdos entre la obra social IOMA y los municipios: la Clínica Branden (Quilmes), Nueva Comahue (Lomas de Zamora), San Carlos (Escobar) y el Sanatorio San Miguel (San Miguel).

Pero aún quedan 6 clínicas cerradas con recursos sanitarios ociosos que en medio de una segunda ola como la que atravesamos, podrían salvar vidas: las clínicas Sagrado Corazón (Hulingham), San Andres (Tres de Febrero), Los Almendros (Tigre), Centro de Salud Norte (San Isidro) y Sanatorio Plaza, y Mariano Pelliza (Vicente López).

En las clínicas cerradas hay recursos que salvan vidas ¿qué esperamos?

Los sanatorios privados dejan mucho que desear. Cierran en medio de una pandemia porque sus negocios con la salud, dejan de ser rentables y acá intervienen varios factores. Por un lado, denuncian el ajuste por parte de las obras sociales que maneja el estado, como PAMI, IOMA y Osecac: varias clínicas fueron cerradas por no cumplir con las normas de seguridad e higiene, lo que da cuenta de los años de vaciamiento que pesan sobre estas instituciones. Pero lo más escalofriante de este panorama crítico es el siguiente dato: las clínicas privadas hacen cálculos financieros con los enfermos de Covid. Según Pablo Figueroa, integrante de CaPresCo, “Las clínicas se funden, pero por plena ocupación porque no hay rentabilidad”. El paciente covid no sería “rentable” y requiere de más días de internación que una cirugía programada.

Las más afectadas en este escenario, son las mujeres: entre un 70 % y un 75 % de les trabajadores afectados por los cierres, son mujeres, de las cuales la gran mayoría son jefas de hogar. Hace unos días fue el Día Mundial de la Salud y decíamos que el 70 % de les trabajadores de la salud a nivel nacional son mujeres, y concentradas en sectores como enfermería, limpieza y cocina, son las más afectadas por la precarización y los bajos salarios. En un nuevo Ni Una Menos, es necesario volver a decir que quedarse sin trabajo también es violencia, y que desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad debería ser vocero de los reclamos de estas trabajadoras que exigen volver a la primera línea, por ellas, por sus salarios, y porque su trabajo es esencial en esta pandemia.

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En Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, trabajadores de la salud pelean para que la clínica Sagrado Corazón se transforme en una cooperativa: “El Municipio necesita camas, en medio de una pandemia, y tenemos un ‘elefante blanco’ con 120 camas sin usar”, dijo Gustavo Scardaccione, técnico radiólogo y delegado gremial, al programa Estación Central (Mpquatro radio online) y agregó “de esas 120, diez son de terapia y tenemos ocho respiradores, con equipos de oxígeno propios”. Lorena Brett, técnica cardióloga, contó que están con presencia en la clínica las 24 horas, “cuidando para que no se lleven las cosas”.

En el Sanatorio Pelliza, trabajadores denuncian a la burocracia sindical de Atsa, que no convocó a asambleas ni medidas de lucha para defender el sanatorio. En la Clínica Constituyentes de Morón, trabajadores de la salud denuncian vaciamiento y adeudamiento de salarios.

En la Clinica San Andres, de Caseros, Tres de Febrero, tienen 90 camas de internación general y 12 camas UTI, decenas de respiradores el único tomógrafo en funcionamiento del distrito, para detectar neumonía bilateral. Les trabajadores reclaman la reapertura y la estatización a cargo del PAMI. Trabajadores de Salud del Sanatorio Plaza, Escobar, exigen declarar de utilidad pública de la institución, y denuncian al Secretario de Gobierno Municipal Javier Rehl, del Frente de Todos. El municipio amenazó con reprimir a los trabajadores que intentaron recuperar el sanatorio, y ahora promueve la construcción de los tribunales de Trabajo, Familia y Garantías en el edificio.

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La falta de camas y respiradores es un problema que hoy podría tener una relativa solución. Trabajadores de la salud de las clínicas cerradas vienen exigiendo audiencias al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof para poner todos los recursos sanitarios ociosos, al servicio de la emergencia sanitaria. Mientras alcanzamos la escalofriante cifra de 80.000 muertes por covid-19, el gobierno provincial, en línea con el gobierno nacional, se niega a afectar los negocios privados en la salud, como también sucede con las vacunas. Declarar de utilidad pública estos sanatorios, hoy debería ser una prioridad: esperar, no salva vidas.

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