Estafa. Quedó demostrado: el tarifazo al transporte que autorizaron Jaldo, Chahla y los concejales fue con un informe de costos trucho

Con más de dos meses de demora en responder a nuestra acción de amparo contra el tarifazo al transporte público, el pasado martes 5 de noviembre la municipalidad de San Miguel de Tucumán subió al expediente de la causa el informe de costos de la AETAT y el informe técnico del Secretario de Movilidad Urbana. En dicho informe, el propio secretario, Benjamin Nieva, asegura que el informe de costos presentado por la cámara patronal “no cuenta con la información específica y/o la documentación de la cual se nutre el Estudio de Costos acompañado. Por lo expuesto, los valores insertos no reflejan la información específica que necesariamente deben servirles de sustento. Un análisis adecuado y minucioso como el que se nos solicita debe necesariamente contar con el debido respaldo, el cual no luce agregado en autos”.

Aun así, el secretario de Movilidad sugiere en su informe “técnico” aprobar el aumento tarifario por el “proceso inflacionario que es de público conocimiento”, sin comparar esa inflación con los aumentos otorgados y los subsidios entregados por el gobierno provincial, y a los fines de regularizar el servicio de transporte que por esos días estaba paralizado por la decisión de las patronales de suspender el pago del salario a los choferes y amenazaba con 200 despidos. La comisión de Transporte del Concejo Deliberante tampoco evaluó el Informe de Costos presentado por la AETAT. Un informe presentado por ellos mismos, que consta de apenas un par de planillas con valores incontrastables y ninguna auditoría externa. Otro tarifazo que se vota a ciegas con la información que presentan las empresas y sin ningún tipo de control.

Recordemos que sobre la base de este tarifazo en el transporte urbano, Jaldo y la legislatura habilitaron luego un fuerte aumento en las tarifas del transporte interurbano. Una estafa que votaron juntos peronistas, radicales y bussistas y hasta el concejal de Libres del Sur que responde a Federico Masso.

En el amparo presentado por el Frente de Izquierda y Fodecus (Frente de Organizaciones de Defensa de Consumidores y Usuarios), contra un tarifazo que llevó el boleto mínimo a 950 pesos, presentamos sobradas pruebas del carácter injustificado de este aumento. Entre el aumento de diciembre y el de septiembre, las tarifas aumentaron 313%, más que duplicando la inflación. Mientras que los subsidios aumentaron un bestial 1000% en dos años. Además denunciamos que ni siquiera se les exigió a las empresas sumeterse a audiencias públicas, una medida elemental contemplada en la Constitución Nacional.

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Pero la transferencia de ingresos millonarios para las empresas no termina ahí. Ahora el gobierno anunció la compra directa de más de 100 colectivos para usufructo de los empresarios que se llevan 3000 millones de pesos mensuales en subsidios, cobran millones en boletos, y no invierten un peso para garantizar el servicio. Esa compra además está señalada por algunos legisladores por la total opacidad del proceso, sin licitación, sin informar a qué empresas les serán entregadas la unidades y cómo se descontará de los subsidios. Un verdadero escándalo de corrupción.

La causa (Expte 443/24) se tramita en la sala II de la Exma. Cámara en lo Contencioso, bajo la órbita de la jueza Maria Felicitas Masaguer, quien en los próximos días tiene que emitir un dictámen.

Este viernes 8/11, el Frente de Izquierda y Fodecus brindarán una conferencia de prensa en las puertas de Tribunales para exigir nuevamente la nulidad del tarifazo al transporte y la apertura inmediata de los libros contables de estas empresas. Solo una comisión de control independiente del gobierno y las patronales, formada por usuarios, trabajadores y profesionales técnicos, puede determinar a dónde fueron a parar los miles de millones de pesos que reciben estas empresas. Necesitamos una salida de fondo, terminando con la privatización y estatizando el transporte público bajo control de trabajadores y usuarios.

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