Análisis. ¿Quién sostiene al narcotráfico? Las propuestas de la izquierda para atacar este negocio criminal

El poder de las bandas narco criminales gana peso en Santa Fe y profundiza la crisis del régimen provincial. Los ataques por parte de grupos mafiosos escala. De acuerdo al Observatorio de Seguridad Pública, en 2022 hubo 288 homicidios y 77 homicidios en los dos primeros meses del año, incluido el de un niño de 12 años. Ante esto, nuevamente el gobernador Omar Perotti debió reemplazar a un ministro de Seguridad.

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En medio de la campaña electoral, Rosario se convirtió en el escenario ideal para que los candidatos de la derecha desplieguen sus campañas manoduristas, a las que no tardó en ceder el gobierno nacional.

A pocos días del 24 de Marzo, Alberto Fernández anunció que enviaría, junto con los 1.400 efectivos de las fuerzas federales, al Comando de Ingenieros del Ejército para realizar tareas de “urbanización en barrios populares”. Hace 50 años que Estados Unidos indica estas recetas: “guerra contra las drogas”.

Ante estos anuncios, dirigentes del PTS-FIT Unidad advirtieron de los peligros que implican estas medidas para el pueblo de Rosario. Al respecto, la diputada nacional Myriam Bregman afirmó: “No se necesita al Ejército en Rosario, con eso sólo se busca lavarle la cara y avanzar en la política de introducirlos en la represión interna, cuestión que nos llevará a situaciones críticas como en México o Colombia”.

Por su parte, Octavio Crivaro, precandidato a gobernador de Santa Fe, aseguró que “en Rosario ya hubo más de ocho desembarcos de tropas y no bajó ni un solo índice de criminalidad. No sólo eso, sino que jefes de fuerzas federales quedaron también involucrados en el narcotráfico, como sucedió con el jefe de la Policía Federal”.

El diputado Nicolás Del Caño habló de los sectores capitalistas que se benefician de este negocio: “nadie quiere discutir lo central” y apuntó a los “puertos en manos privadas por donde entra y sale la droga, el contrabando, las armas y la trata de personas” y a “los empresarios que se benefician de estos negocios”. Sostuvo, además, que para atacar este negocio criminal -en el que participan funcionarios públicos, financistas y empresarios-, “hay que nacionalizar los puertos, los bancos y el comercio exterior”.

A continuación un análisis en los que se basan los planteos del PTS-FIT Unidad.

Guerra contra las drogas

¿Dieron buenos resultados estas medidas? Para las políticas imperialistas sí. En los años 70 Richard Nixon inventó el neologismo “narcoterrorismo”, ubicó al tráfico de drogas como las “nuevas amenazas” y declaró la guerra contra las drogas como política de Estado, lo que resulta una avanzada de una política imperial que se impone para legitimar intervenciones militares.

Bajo su gobierno, la guerra contra las drogas selló la militarización de esta política dentro y fuera de los Estados Unidos -desde 1878 las fuerzas armadas de los Estados Unidos tenían prohibido por ley actuar dentro del país en actividades de orden público-. A partir de entonces las políticas contra las drogas ilícitas tomaron otra densidad: la seguridad interior.

Quien explicó con claridad esta política, hace dos décadas atrás, fue Richard Haldeman -jefe de Gabinete de Nixon entre 1969 y 1973 y condenado por Watergate-. En una entrevista reveló que los enemigos de Nixon eran “la izquierda que se oponía a la guerra [en Vietnam] y los negros [que luchaban por sus derechos civiles]. Sabíamos que no podíamos ilegalizar la oposición a la guerra o el ser negro, pero los quebraríamos si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y luego las criminalizáramos con dureza. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, interrumpir sus reuniones y vilipendiarlos día tras día en los noticieros de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que lo sabíamos”.

Más tarde impulsaron el Plan Colombia, un acuerdo bilateral firmado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en 1999. Bajo la excusa de combatir al Cartel de Medellín, implantaron fuerzas armadas estadounidenses en el país para atacar a la FARC.

Entre 2001 y 2016, Estados Unidos ha invertido 10.000 millones de dólares en Colombia en envíos de armas, el mayor presupuesto que destinó este país en gasto militar, después del otorgado a Israel. ¿Cuál fue el resultado de este plan? Dos décadas después el gobierno de Gustavo Petro atraviesa una crisis con el Clan del Golfo que tiene presencia territorial en 211 municipios del país, y cuenta con grandes cargamentos de droga que trafica a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, la injerencia geopolítica de los Estados Unidos en la región no es solo a través de acuerdos como el Plan Colombia, sino también a través de agencias como la DEA, así como la presión para que estos países adopten legislaciones acordes a su estrategia. En Argentina, en 2004 el gobierno de Néstor Kirchner impulsó la Ley 25.880 que habilitó la intromisión de personal militar extranjero con inmunidad ante la ley.

Bajo el gobierno de Cristina Kirchner, el Comando Sur intentó instalar una base militar en la provincia de Chaco que fue presentada como “Centro de Operaciones para Emergencias y Ayuda Humanitaria”. El gobierno “progresista” negó que su objetivo fuese el de instalar una base yanqui, sin embargo tuvo que dar marcha atrás con el plan, y el Comando Sur tuvo que implantar la base en Chile, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Valparaíso.

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Pero lejos de cualquier objetivo humanitario, fueron los Kirchner que bajo sus gobiernos se votó y se promulgó la Ley Antiterrorista.

En febrero de 2022, el gobernador de Santa Fe Omar Perotti anunció la puesta en marcha de la creación de una fuerza de élite con la excusa de combatir al narcotráfico, entrenada por la Policía del Estado de Virginia, en Estados Unidos.

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Durante el gobierno de Mauricio Macri, los ministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Defensa Oscar Aguad, viajaron a Estados Unidos, donde cerraron acuerdos bilaterales con las agencias de seguridad de los Estados Unidos como la DEA y el FBI, entre otras.

¿Para quienes son peligrosas estas recetas imperialistas?

Solo en el continente americano mueren más de 150.000 personas por año, como consecuencia de las políticas de guerra contra las drogas. En México, en la última década la guerra contra las drogas terminó con la vida de 350.000 personas -incluyendo a las que desaparecieron-.

Si volvemos la mirada a Rosario nos encontramos con que, luego de ocho desembarcos de fuerzas federales, la pelea entre bandas narcos se cobró la vida de cientos y cientos de personas. Entre ellas las hermanas Milagros y Belén Rodríguez del Polo Obrero; el de Lorenzo “Jimi” Altamirano, un joven músico y artista callejero, que fue secuestrado al azar, torturado, golpeado y asesinado a balazos frente a la cancha de Newell’s; así como el de Máximo Jerez, el niño de 11 años. En muchos de estos crímenes aparecían mensajes contra líderes de Los Monos o contra algunos jefes narcos.

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¿La política de Nixon puso en retroceso el narcotráfico?

A 50 años de estas políticas que exportó Estados Unidos se puede confirmar que el fracaso es absoluto. A pesar de la militarización, el negocio ilegal de sustancias creció a escala internacional y fortaleció poderosas organizaciones criminales que cuentan con la colaboración de fuerzas de seguridad, el Poder Judicial, político y financiero.

Un documento presentado en 2016 Drogas: qué discutió la ONU sobre legalización y políticas de reducción de daños por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) corrobora que el "problema de las drogas", radica en la prohibición.

El informe de la Unodc también da cuenta del alza en el consumo de cocaína en Estados Unidos, que no produce esta sustancia y que debe “importarla” desde Colombia, México y otros países. Estados Unidos se jacta de tener todas sus fronteras protegidas por radares y alardea sobre sus poderosas organizaciones para el “combate” contra las drogas, como la DEA. Pese a eso, el ingreso de sustancias ilegales al país más militarizado del mundo demuestra que las políticas que promueven no tienen por objetivo combatir el transporte de drogas ilegales.

También demuestra que las organizaciones narco no surgen a espalda de los gobernantes. El poder territorial y de transporte que necesita el crimen organizado solo se lo puede proveer fuerzas policiales, funcionarios públicos, jueces y fiscales.

Esto no quita que los gobernantes, cuando queda cuestionado el monopolio de la violencia estatal por el avance de estas bandas, no intervengan para limitar el descontrol de sangre y fuego que llevan adelante en defensa de sus negocios criminales.

¿Cuáles serían las medidas para poner en jaque a las bandas narcos?

Las sustancias ilegales pueden ser consideradas como mercancías. Su elevado valor de cambio se debe a las políticas prohibicionistas, no obstante, las ganancias millonarias que obtienen de la comercialización ingresan a los circuitos de la economía capitalista a través del lavado de dinero, o asociándose con la burguesía y abasteciendo de capitales a empresarios, gobiernos y campañas de los políticos.

Según calcula la Unodc, el comercio ilícito de una serie de “commodities”, incluyendo drogas, gente, armas, mercadería falsificada y recursos naturales robados representan un 4 % del PIB mundial -3,76 trillones de dólares-.

Respecto al crimen transnacional, el informe de Unodc señala que entre un quinto y un tercio de sus ganancias proviene del narcotráfico; el resto de otros negocios ilícitos. El crimen organizado se ha convertido en empresas monopólicas que administran la trata de personas, la venta de armas, el juego clandestino, el tráfico de migrantes, el fraude fiscal y la falsificación de divisas o secuestros extorsivos. Todo ese dinero se blanquea en el mercado formal.

¿A dónde va el dinero del narcotráfico?

Los países centrales monopolizan el lavado de estos activos mediante su banca transnacional. Al mismo tiempo, se estima que los activos lavados a nivel global representan entre el 2 y el 5% del PIB mundial -es decir entre 1,88 y 4,7 trillones de dólares.

El mismo informe de Unodc deja en claro que ningún gobierno se propone impedir que ese dinero ingrese a la economía formal: la tasa de interceptación del lavado de activos no supera el 0,2%.

Las sedes centrales de los principales bancos que lavan estos activos están ubicados sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Recordemos el caso del HSBC, allá por 2012 en Estados Unidos, donde se estima que habrían lavado alrededor de 15.000 millones de dólares de grupos relacionados al terrorismo internacional y del narcotráfico mexicano. Ninguno de sus directivos fue preso y la entidad se comprometió a pagar una multa irrisoria de 1.900 millones de dólares.

Por un lado, Estados Unidos destina miles de millones de dólares en combatir al narcotráfico, pero por otro, todo el caudal del lavado va a engrosar los activos de la banca -en manos de los países capitalistas-. ¿No es hipócrita sostener que el capitalismo va a solucionar dicho problema?

Para combatir el narcotráfico hay que derrumbar los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales de los empresarios y políticos asociados con los señores del narco, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias. Junto a esto, se debe conformar una banca estatal única bajo control de los trabajadores.

Esto debe ir acompañada por la nacionalización del comercio exterior y de todos los puertos aduaneros privatizados, que, como se vio en Rosario, son la puerta de salida de los cargamentos de drogas. En septiembre de 2022, casi 1300 kilos de cocaína partieron de la Terminal Puerto Rosario, que está bajo concesión de la cuestionada empresa Vicentin. La Prefectura, que tiene a cargo el control de puertos y ríos, también aparece sospechada y manchada en este caso.

Y legalizar

La legalización de todas las drogas es una medida inicial para desbaratar a las bandas criminales.

Legalizar las drogas es parte de una política para combatir, tanto el narcotráfico como el reforzamiento represivo del Estado que se apoya en este negocio. Además, debe ir acompañada de una política sanitaria para la atención de los consumidores en riesgo y la reducción de daños, como el proyecto de resolución presentado por Nicolás del Caño, Myriam Bregman. Alejandro Vilca y Romina del Pla -diputados nacionales del FIT Unidad-.

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Mientras eso no suceda, la penalización a la tenencia y consumo seguirá siendo una herramienta que tiene el Estado para criminalizar a la juventud -sobre todo de los sectores populares-.

Asimismo, la legalización permitirá una discusión científica sobre las sustancias que destierren los argumentos oscurantistas que promueven los sectores prohibicionistas. Los análisis y las conclusiones de la ciencia, y no las especulaciones de los criminólogos, constituyen el método más avanzado para determinar en qué medida tal o cual sustancia, por su composición o por sus riesgos para la salud, debe ser alertada como nociva para el consumo humano.

La hipocresía de los gobernantes se muestra, también, en lo que invierten en políticas sobre drogas. Según el Sedronar, la Argentina destina 1,4 % del PIB para políticas antidrogas, el 95 % de ese total es para combatir la oferta y el 5 % restante es para la asistencia médica.

Legalizar las drogas implica invertir las prioridades. El presupuesto tiene que estar dirigido a políticas sanitarias para la atención de los consumidores en riesgo, junto a dispositivos de reducción de daño y servicios médicos gratuitos para su atención.

Es incorrecto considerar que la legalización incentivaría el consumo de drogas, las cuales están al alcance de quienes quieran consumirlas. Por el contrario, el prohibicionismo permite adulterarlas -para aumentar las ganancias-, y esto pone en riesgo la salud de los usuarios de sustancias.

Es una obviedad que bajo el capitalismo, de ninguna manera habrá solución para los grandes males que produce, justamente, el capitalismo en descomposición. Pero está claro que la legalización de las drogas, junto al resto de las medidas económicas, permitiría poner en jaque esta sangrienta “rama de la producción” capitalista.

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