Desde la dictadura a esta parte la decadencia que imponen la clase capitalista y sus formaciones políticas se expresa en el aumento de la pobreza. Pasó del 4,6 % en 1970 al 42 % actual. La desocupación tiene un piso estructural de alrededor del 10 %. El poder de compra del salario retrocedió 40 % en las últimas cuatro décadas. La derecha propone contrarreformas laborales para robarle hasta el último minuto de trabajo a la clase trabajadora. La propuesta de la reducción de la jornada laboral puso nerviosos a los ministros Kulfas y Moroni. La rechazan con argumentos patronales. En esta nota se discute, no solo la necesidad, sino la posibilidad práctica de la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo: en lo inmediato se podrían generar 1,7 millones de puestos de trabajo nuevos. El único límite es la ganancia empresaria. Por eso, el planteo del Frente de Izquierda es ante todo una propuesta de lucha, que es el único método conocido para lograr conquistas.

Dejar la vida en el trabajo para intentar llegar a fin de mes....

Mientras un sector importante de la población está desocupado, subocupado y sometido a la misma miseria de no llegar a fin de mes, los que logran cubrir los consumos mínimos están sometidos a jornadas laborales interminables (claro que muchos de los que no llegan a fin de mes también tienen jornadas extenuantes). La población sobreocupada, es decir la que trabaja más de 45 horas a la semana, alcanza a un cuarto del total de los ocupados.

Probablemente, se contabilicen en esa condición a muchos jóvenes que pedalean horas y horas al día para, no obstante, no alcanzar a reunir un salario que les alcance para cubrir los gastos del mes. O también a las trabajadoras y trabajadores que realizan turnos rotativos en muchas fábricas industriales. O los que están obligados a las horas extras para completar un ingreso que permita vivir. O los pesqueros y mineros que exhiben la mayor de cantidad de horas trabajadas por puesto de trabajo en todo el país. O el personal de salud que está al frente de la pelea contra el Covid. El capital consume el cuerpo, las energías vitales de las obreras y obreros.

¿Qué proponen las fuerzas políticas capitalistas?

Hace tiempo que buscan avanzar con contrarreformas laborales, al estilo de las que promueve el FMI. Es lo que intentó el macrismo en su efímero momento de “reformismo permanente”, cuando luego del triunfo electoral de 2017 creyó reunir la fuerza política para atacar. Las jornadas de diciembre de 2017, si bien no lograron impedir el cambio regresivo en la movilidad jubilatoria, impusieron un límite a la agenda derechista más amplia del macrismo, que contemplaba una reforma laboral para la que había recibido el visto bueno de las cúpulas sindicales de la CGT en varios aspectos.

El sueño eterno de los mal llamados libertarios, como José Luis Espert y Javier Milei, es que los capitalistas tengan total libertad para robarle al obrero hasta el último minuto de trabajo. El ataque de los sectores extremos del liberalismo contra los burócratas sindicales, en realidad, se orienta menos a las personas y más a debilitar la organización de los trabajadores para realizar una nueva ofensiva contra las condiciones laborales.

Ahora, para intentar avanzar con menos resistencia y adecuando el discurso al momento electoral, la derecha propone una reforma laboral que no sea retroactiva: que se aplique para los nuevos trabajadores mientras que los que ya tienen un puesto preserven los derechos. Buscan que avance el modelo de relaciones laborales que ya se implementó en las aplicaciones de pedidos o en la uberización de los asalariados. Para la juventud significa un presente y un futuro de miseria.

Es el tipo de contrarreforma laboral que también propone Florencio Randazzo, quien fuera ministro de Transporte en el último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora dice que la CGT “es parte del problema”. Su propuesta es terminar con la indemnización para que los empresarios puedan despedir sin ningún costo (tal como consideran a los salarios). En su reemplazo propone un seguro de desempleo financiado con aportes. Un régimen parecido ya existe en nuestro país en el sector de la construcción donde los índices de informalidad (no registro) son altísimos y los trabajadores en cada crisis quedan desamparados y sin trabajo.

En general, las contrarreformas laborales se proponen bajo la promesa de atraer inversiones y generar empleo. Pero en un país donde las estadísticas muestran un bajo nivel de inversión, donde lo que caracteriza a la burguesía nacional e imperialista es la “reticencia inversora” y la preferencia por la fuga de capitales, esa promesa es una quimera. Los macristas, los libertarios o Randazzo hablan en nombre de la modernidad, pero en realidad quieren imponer condiciones laborales esclavistas, del Siglo XIX.

Un estudio del Ministerio de la Producción y el Trabajo señala que “La productividad laboral de la economía argentina, excluyendo los sectores primarios y la administración pública, medida como el valor agregado generado por puesto de trabajo, aumentó 21% entre el primer semestre de 2004 y el de 2019” [1]. Este resultado positivo se obtiene aun cuando se observa un período de estancamiento en la productividad entre 2011 y 2015 y otro de caída entre 2015 y 2019.

Es probable que ese resultado de mayor productividad esté asociado menos a la incorporación de nuevas tecnologías y más a mayores ritmos de trabajo. Pero incluso cuando se realizan inversiones y se implementan nuevas tecnologías es claro que, bajo el régimen capitalista, el objetivo no es mejorar la vida, sino aumentar la explotación. Algunos ejemplos grafican la situación.

En la planta alimenticia que Kraft Mondelez tiene en General Pacheco, provincia de Buenos Aires, se trabaja cuarenta y ocho horas a la semana. Y a veces más debido a la necesidad de hacer horas extra. El turno noche pisa la fábrica todos los días: es que la semana comienza el domingo a las veintidós horas cuando ingresa a trabajar y concluye a las seis de la mañana del sábado siguiente. A causa del deterioro salarial, muchas y muchos se ven obligados a trabajar extras (es decir, más que cuarenta y ocho horas semanales) para poder llegar a fin de mes. Por lo cual, en general los turnos mañana y tarde hacen horas extras los fines de semana. Prácticamente viven en la fábrica.

La empresa implementó la robotización de varias áreas y logró un aumento de la producción. Pero el colectivo de trabajadores está peor. Es que, en simultáneo, la planta de personal estable se redujo debido a los despidos: pasaron de ser 2.000 trabajadores en 2015 a 1.200 en 2020. Cuando la necesidad de la producción lo requiere, la empresa completa la dotación con tercerizados que ganan menos de $50 mil por mes. O con contratados por plazos de seis meses que luego descarta para reemplazar por nuevos contratados. Los trabajadores descartables le salen más baratos a Kraft Mondelez.

En la industria automotriz, la cantidad de autos producidos por trabajador al año se elevó de 5 en la década de 1970 a alrededor de 19 autos en promedio en los últimos años (excepto en momentos de crisis), y la cantidad de horas de trabajo necesarias bajó de 200 a unas 55.

Las mejoras tecnológicas en la sociedad capitalista no redundan en mejorar las condiciones de vida de las mayorías, sino las ganancias de unos pocos. Y las contrarreformas laborales apuntan a aceitar ese mecanismo.

Por su parte, el kirchnerismo dejó en pie durante sus tres gobiernos lo esencial del régimen laboral menemista y extendió enormemente la precarización y el fraude laboral en el Estado. No cuestiona el “statu quo” favorable a las patronales que resultó del avance neoliberal desde la dictadura. El actual Gobierno del Frente de Todos, obviamente, no revirtió los avances que hizo el macrismo con contrarreformas laborales por convenios, como ocurrió con la adenda del convenio de petroleros para flexibilizar las condiciones laborales en Vaca Muerta. Por el contrario, usufructúa de esos avances antiobreros para seguir desarrollando el fracking. Incluso, en términos generales, la tímida recuperación económica en curso exhibe que la clase capitalista sale gananciosa en detrimento de la clase trabajadora [2].

Un sector del Frente de Todos, los denominados “cayetanos” de los movimientos sociales, en simultáneo que sostiene un gobierno que ajusta al pueblo trabajador mientras honra la estafa de la deuda con los especuladores privados y el FMI, propone una renta universal de $9.072, que quedaría lejos de lo que cuesta la canasta de pobreza. Aunque proponen que los planes sociales se transformen en puestos de trabajo genuino, en los hechos la propuesta de renta universal exhibe la naturalización de la desocupación estructural.

Por otro lado, el ala "sindical" de Sergio Palazzo y Hugo Yasky impulsa distintos proyectos de reducción de la jornada laboral [3]. La existencia de múltiples iniciativas alrededor de la reducción de la jornada laboral da cuenta de una necesidad que emerge de la propia crisis laboral y social. No obstante, por el momento, estos referentes no mostraron predisposición a pelear por ello ni siquiera en sus propios sindicatos. La impostura oficialista queda expuesta en lo que hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en los ministerios de Educación, Desarrollo de la Comunidad, Producción y Agroindustria, donde aumentó la jornada laboral [4].

¿Por qué la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo?

Actualmente, nuestro país tiene una de las jornadas laborales legales más largas del mundo: 48 horas semanales. Esto supone como máximo 8 horas de trabajo en 6 jornadas con un día de descanso. Pero esta conquista de las 8 horas ya alcanza casi un siglo sin modificación desde que se implementó en 1929 a través de la Ley 11.544. Además, en la práctica, el límite legal es distorsionado por las empresas todo lo que la relación de fuerzas en los lugares de trabajo les permite. La propuesta de la izquierda, de una reducción de la jornada legal de trabajo a 6 horas y 5 días a la semana (30 horas semanales) sin rebaja salarial implica, en los hechos, una recuperación del 33 % en el salario por hora trabajada para todos los que actualmente tienen una jornada de ocho horas diarias.

Para la izquierda, la propuesta de la reducción de la jornada laboral es inseparable de la lucha por absorber a todas las trabajadoras y trabajadores desocupados en la perspectiva de imponer el reparto de las horas de trabajo. Se podría crear una gran cantidad de nuevos puestos para terminar con la desocupación y garantizar trabajo genuino a quienes hoy no tienen más alternativa que recurrir a los planes sociales como forma de supervivencia.

Esta iniciativa está asociada también al impulso de un plan de obras públicas para generar, no solo empleo, sino también para construir las viviendas que se necesitan para terminar con el déficit habitacional que sufren tres millones y medio de familias en nuestro país desde hace años. Al mismo tiempo, un plan de obras públicas permitiría desarrollar las obras de extensión de las redes de agua, cloacas, electricidad y gas, o las escuelas y hospitales necesarios, en función de una planificación urbana racional orientada a atender las necesidades sociales.

No se puede aceptar la generación de un ejército de desocupados crónicos e indigentes, una suerte de amenaza latente que las empresas utilizan como extorsión para que los que sí tienen empleo se vean obligados a agachar la cabeza frente a las rebajas salariales, jornadas extenuantes, mayor intensidad en el ritmo de producción u otros cambios regresivos en las condiciones laborales. No solo eso. El reparto de las horas de trabajo, incluso, permitiría incorporar en buen número a todos aquellos que, desalentados por años de retroceso económico, dejaron de buscar trabajo.

Esta iniciativa va indisolublemente ligada a otras exigencias: que nadie gane menos que lo que cuesta la canasta familiar, la obligatoriedad de registración de los trabajadores, la estabilidad laboral con la incorporación a la planta permanente bajo el convenio más favorable de cada rama para terminar con toda forma de precarización y que no se impongan mayores ritmos de producción.

Bajo estos requisitos, la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo exigen, no solo, obviamente, una lucha organizada de la clase trabajadora, sino que incluso su conquista parcial, hará necesario un control de los trabajadores en los lugares de trabajo para evitar las previsibles maniobras patronales. La conquista duradera y generalizada, necesariamente, planteará la lucha por un gobierno de trabajadores.

¿Es posible? ¿No van a caer los salarios?

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el de Trabajo, Claudio Moroni, rechazaron la propuesta de reducción de la jornada laboral con argumentos empresariales. Advirtieron que se desatarían todas las plagas de Egipto. Kulfas dijo que el salario iba a caer. Moroni, aunque no explicitó qué cálculo hizo, afirmó que “tampoco vemos que matemáticamente la reducción de la jornada aumente el empleo”. Actúan como si tuvieran la fórmula mágica para mejorar la situación de la clase trabajadora. Son caníbales desdentados enseñando a masticar: hasta ahora los números oficiales exhiben que, en casi dos años de Gobierno, no lograron ni que el empleo se recupere ni que el poder de compra del salario mejore.

A partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC se puede estimar “matemáticamente” que la reducción de la jornada de trabajo sí permite aumentar el empleo si se mantiene intacta la masa total de horas trabajadas [5]. Considerando una hipótesis de mínima [6], donde se aplica la reducción de la jornada laboral a los sobreocupados y ocupados plenos [7], resulta que se podrían generar 1,7 millones de puestos de trabajo nuevos.

Una respuesta interesante a las advertencias de los ministros fue formulada por un funcionario del propio Gobierno. Claudio Lozano, director del Banco Nación, indicó correctamente que la forma salario presenta la realidad distorsionada: parece que el empresario paga todo el trabajo del obrero. Pero la verdad es otra. Lozano indicó que los trabajadores ocupados “destinan 1 hora y 45 minutos de una jornada laboral de 8 horas para producir el equivalente al valor de su salario, mientras el resto del tiempo, 6 horas y 15 minutos, lo dedican a producir un excedente que es apropiado en primera instancia por los empresarios” [8].

El argumento de Lozano es importante. La riqueza generada es un producto de la naturaleza y del trabajo humano. Pero la clase capitalista sustenta su ganancia en el no pago de una parte del trabajo realizado por la clase obrera. Este es el mecanismo que le permite apropiarse e incrementar su riqueza. La estimación de Lozano fue realizada sobre el total de la producción social generada en un año en el país [9] .

Siguiendo un procedimiento similar, pero considerando estrictamente la relación entre ganancias y salarios, resulta que el trabajo pago mediante los salarios constituye el 45 % del total de la jornada laboral y el trabajo no pago el 55 % restante, el que se queda el empresario [10] . Visto desde otro ángulo, en términos anualizados, cada puesto de trabajo reporta $722 mil a las ganancias empresarias: esto es lo que cada trabajador aportó, sin saberlo, a la riqueza de la clase capitalista [11]. Utilizando las estadísticas para lograr un cálculo aproximado a lo que Karl Marx definió como tasa de explotación, se llega a que la tasa de explotación fue de 124 % en el primer trimestre del año: por cada $1 pagado por salario la clase capitalista obtuvo $1,24 de ganancia.

Se lo mire por donde se lo mire, la reducción de la jornada laboral y del reparto de las horas de trabajo afectaría en términos negativos para los capitalistas todos esos números. Es que resultaría en una reducción del trabajo robado, no pago, por los capitalistas a la clase trabajadora: es decir, resultaría en una reducción de las ganancias. Y esto es lo que desespera a Kulfas, a Moroni y a toda la derecha que rechaza la propuesta. No es un límite técnico, “matemático”, el que se interpone a que la clase trabajadora viva mejor, sino que el límite está en las propias relaciones sociales capitalistas.

¿Con qué fuerzas cuenta la clase trabajadora?

Si bien la clase trabajadora sufrió ataques y retrocesos en las condiciones de vida desde la dictadura a esta parte conserva un enorme peso en la vida política nacional, incluso de manera distorsionada a través de la influencia de las cúpulas sindicales corresponsables, junto a todos los gobiernos de las últimas cuatro décadas, del retroceso en las condiciones de vida.

Los datos del primer trimestre de 2021 [12] contabilizan 20,5 millones de puestos de trabajo, los cuales estaban compuestos por 15,1 millones de asalariados (74% del total) y 5,4 millones de no asalariados o trabajadores por cuenta propia (26% del total) [13]. Al poner la lupa en los 15,1 millones de puestos de trabajo asalariados se observa que estaban compuestos por 10,5 millones de trabajadores registrados (6,9 millones de puestos de trabajo en el sector privado y 3,6 millones de puestos en el sector público) y 4,6 millones no registrados.

Asimismo, en el primer trimestre existían alrededor de 2 millones de desocupados en todo el país [14]. Los asalariados ocupados, los desocupados, los no asalariados empobrecidos, junto con los integrantes de sus hogares constituyen la enorme mayoría de la población en un país con 45,8 millones de habitantes proyectados para mediados de 2021.

Al mismo tiempo, la clase obrera argentina sostiene una tasa de sindicalización muy alta. En el total de asalariados la tasa de sindicalización se ubicaba en el 25 % para los años 2014/2015. Pero es más elevada entre los asalariados registrados: la tasa de sindicalización alcanzaba el 39 % en 2014/2015 (en el sector público alcanzaba al 46 % y en el sector privado al 35 %). Se contabilizaban cerca de 4 millones de afiliados a los sindicatos para esos años (alrededor de 2,2 millones en el sector privado y 1,5 millones en el sector público).

Por su parte, en el sector privado, en los establecimientos con más de 50 empleados la tasa se elevaba hasta el 41 % [15]. La extendida sindicalización irradia también sobre los sectores que no están afiliados. Además, es muy elevada en sectores estratégicos como transporte y almacenamiento (50 %) o en la industria (45 %).

La sindicalización en nuestro país es muy elevada en comparación con otros países. Para el período 2010-2016, la tasa de sindicalización en Argentina fue del 28 % entre los trabajadores en relación de dependencia. En América Latina esa cifra sólo fue superada por Uruguay (30 %). Pero en Argentina era más elevada que en todo el resto de los países de la región: Chile (20 %), Brasil (19 %), México (13 %), Colombia (10 %). Pero también la tasa de sindicalización supera a muchas de las grandes economías del mundo: Reino Unido (24 %), Alemania (17 %), España (14 %), Estados Unidos (10 %) y Francia (8 %). Los países que superan a Argentina son Italia (34 %), Bélgica (54 %), Finlandia (65 %), Suecia (67 %) y Dinamarca (67 %). La importancia de la afiliación a los sindicatos constituye, objetivamente, un problema para los planes del gran capital.

Al mismo tiempo, el peso social en el total de la población y la existencia de una organización extendida que puede ponerse al servicio de las trabajadoras y trabajadores si se recuperan los sindicatos de las manos de las burocracias, exhiben el potencial que tiene la clase obrera para pelear por sus intereses históricos.

Un planteo de lucha

Si la clase trabajadora se apropia del planteo de la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo da un paso enorme en elevar sus ambiciones, en el desarrollo de su conciencia y en proponer un futuro deseable para las mayorías que, potencialmente, puede desbordar los límites estrechos de miseria que impone la sociedad capitalista.

La tendencia histórica a nivel mundial es al aumento de la productividad gracias a la maquinización, y más recientemente al enorme desarrollo tecnológico. Esto permite producir cada vez más en menos tiempo. Pero las maquinarias, esos productos de la industria humana al decir de Karl Marx, se le vuelven totalmente alienantes a la clase obrera, que es la productora de todas los bienes y servicios que se consumen.

Precisamente, los empresarios buscan absorber hasta el último minuto de las vidas obreras librando una batalla cotidiana a muerte por los tiempos de trabajo para incrementar sus ganancias gracias a la capacidad productora de todos los bienes y servicios que tiene la clase obrera. Bajo el capitalismo, la reducción incesante del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías en lugar de liberar de tiempo de trabajo conduce, por el contrario, a un aceitado sistema que presiona sin pausa para que los trabajadores estén cada vez más horas y con mayores ritmos sujetos a la disciplina patronal.

El debate sobre la reducción de la jornada laboral está instalado no solo en Argentina, sino que los propios gobiernos capitalistas lo impulsan en distintas geografías: los ensayos más difundidos recientemente son los de Islandia y el Estado Español. El debate emerge de la propia realidad de un capitalismo mundial en crisis, con creciente desigualdad en la distribución de la riqueza, con una distribución irracional de las horas de trabajo y con desempleo crónico. Existe un terreno fértil en el que se debaten las posibilidades de su realización, las formas de su implementación y los métodos para su conquista.

Para la izquierda es muy importante participar en el debate, a la vez que desarrollar su propia perspectiva, en tanto su planteo se distingue de esos ensayos de los gobiernos capitalistas en varios aspectos: por un lado, no se propone la reducción de la jornada laboral como un incentivo al capitalista para que pueda obtener más producto por cada obrero [16], algo que en nuestro país también se vislumbra en las propuestas de Sergio Palazzo y Hugo Yasky; por el otro, en que la izquierda propone, en simultáneo, luchar por el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, entre todas las trabajadoras y todos los trabajadores, ocupados y desocupados, formales e informales, con un salario como mínimo equivalente a lo que se necesita para vivir. Es decir, es un planteo que se opone a la fragmentación de la clase trabajadora que genera el capital no solo para abaratar la fuerza de trabajo, sino también para debilitar sus posibilidades de organización.

Asimismo, la izquierda plantea que el avance hacia la reducción de la jornada laboral, como demuestra la experiencia histórica de la conquista de las ocho horas de trabajo, no devendrá de una acción de convencimiento de los empresarios, sino que será producto de la lucha de la clase trabajadora.

La reducción de la jornada de trabajo adquiere toda su potencia en una perspectiva anticapitalista cuando permite absorber la desocupación para trabajar todas y todos, es decir cuando el reparto de las horas de trabajo se extiende al conjunto del aparato productivo, lo cual trae a primer plano el problema de la planificación racional de las principales ramas de la economía. Es cierto que una medida de este estilo, sencilla desde el punto de vista de su posibilidad de realización técnica, y necesaria socialmente para evitar la degradación de la vida que se instaló como paisaje habitual en las últimas décadas, choca de frente con las necesidades de valorización del capital, en tanto ataca directamente el corazón del capitalismo: la ganancia empresaria.

La clase capitalista no va a resignar fácilmente el plustrabajo que se apropia alargando e intensificando la jornada de trabajo y pagando salarios de miseria. La lucha por la reducción de la jornada laboral en la perspectiva de terminar con la desocupación requerirá la movilización masiva de los explotados y los oprimidos. Su conquista está directamente ligada a enfrentar a la clase capitalista y a su Estado, en la perspectiva de imponer un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.

Esta lucha está inscripta en la perspectiva comunista de liberar a la humanidad de la esclavitud asalariada mediante la socialización de los medios de producción. Los avances científicos y tecnológicos apropiados colectivamente permitirán iniciar el camino hacia la reducción del tiempo de trabajo hasta que este represente solo una infinitésima parte del tiempo general. Así, todos los que en las actuales condiciones no disponen de tiempo para estudiar podrán hacerlo si es su deseo. El ocio recreativo junto a familiares y amigos no será un lujo para pocos ricos empresarios, sino un derecho de todas y todos. Nadie será privado de disponer de tiempo para la actividad deportiva, para desarrollar las artes o las ciencias. Claro que esto potenciaría el desarrollo de las fuerzas productivas: es decir, la posibilidad de generar más riqueza social.

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Adenda: La situación de la clase trabajadora en la historia reciente

La decadencia sin fin a la que conducen al país la clase capitalista y las formaciones políticas que gobiernan desde la salida de la dictadura se expresa en las condiciones de vida. Según datos de Orlando Ferreres, en 1970 el 4,6 % de la población argentina estaba debajo de la línea de la pobreza. Las cifras oficiales del segundo semestre de 2020 exhiben una pobreza del 42 %. Es decir, al término de cuatro décadas el porcentaje de población bajo la línea de pobreza se multiplicó por diez. Las cifras son más alarmantes en los partidos del Gran Buenos Aires, donde el nivel de pobreza alcanzó el 51 %. Y entre las niñas y niños menores a 14 años donde los números oficiales registran que seis de cada diez son pobres [17].

Desde la salida de la dictadura la pobreza alcanzó un nuevo piso estructural del 25 % y se eleva dramáticamente en momentos de crisis aguda, como en la actualidad o en 2002, cuando superó el 50 %. La gestión de la miseria social engendró una enorme batería de políticas asistenciales por parte del Estado. Es una confesión de partes acerca de que el régimen capitalista no puede dar una salida de fondo a la pobreza ni la desocupación. Solo las administra.

¿Qué pasó con las condiciones laborales?

Desde la dictadura a esta parte la clase trabajadora experimentó un ataque a sus derechos y condiciones laborales. En el Gran Buenos Aires, la tasa de desocupación pasó de ser menor al 3 % en 1974 [18] a superar el 10 % en la actualidad [19]. También se registran saltos en los períodos de crisis con la tasa de desocupación por encima del 20 %, como ocurrió en 2002. La última medición del INDEC para el primer trimestre del 2021, para los 31 aglomerados urbanos relevados, exhibe 10,2 % de desocupación, cifra que se eleva fuerte en el caso de la juventud y las mujeres [20].

A ese panorama, hay que agregar que la subocupación alcanza al 15 % de la población que tiene empleo: se trata de aquellas personas que tienen empleo, trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestas a trabajar más horas, probablemente porque no les alcanza el salario para vivir.

El trabajo no registrado pasó de ser menor al 20 % del total de los asalariados en la década de 1970 a ser alrededor de un tercio en la actualidad [21]. Al igual que otros indicadores, en períodos de crisis aguda, las cifras se elevan fuertemente.

Pero aún en el sector registrado es generalizada la contratación por agencia y la tercerización del mantenimiento o la limpieza, es decir con menos derechos que el personal permanente [22]. A nivel general, la precarización laboral y la tercerización de tareas adquieren una dimensión cada vez mayor. Esa “pesada herencia” neoliberal se mantuvo incólume, aún con los gobiernos kirchneristas que tenían como bandera “ampliar derechos”.

La catástrofe sanitaria causada por el Covid-19 fue el terreno fértil que encontró el gran capital para mejorar las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo y, por ende, las ganancias empresarias: las aplicaciones de pedidos, la uberización del mundo laboral donde pretendidamente cada trabajador es su “propio jefe” y el teletrabajo alcanzaron una nueva escala [23]. Según estimó La Izquierda Diario, la precarización extrema alcanza al 70 % entre la juventud [24].

La clase capitalista se beneficia de la división entre ocupados, desocupados, subocupados y precarios porque funciona como un regulador del salario y de las condiciones laborales. Además, esa división establece un límite a la organización unitaria de la clase trabajadora. La reserva de fuerza de trabajo que significan los desocupados y los subocupados incluso actúa como un límite a las mejoras que pueda obtener la clase trabajadora en los momentos de expansión de la actividad económica. Por este motivo, el capitalismo no puede resolver de manera estructural la desocupación. En particular, esta degradación de la vida obrera que impone el capital asume una forma más aguda (con un piso más alto que en países centrales) en economías dependientes como la Argentina.

¿Cómo evolucionaron los salarios?

El deterioro de las condiciones laborales se expresa en la situación de carestía de la vida. Según los datos de un documento del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), entre 1974 y 1977 el salario real retrocedió 41 % [25]. Fue un golpe terrible del cual el poder de compra no se repuso nunca.

En las décadas posteriores se observan avances y retrocesos parciales, con caídas notables en los períodos de crisis aguda (1982; hiperinflación de 1989; quiebre de la convertibilidad de 2001-2002) sin que en los períodos de crecimiento económico posteriores el salario se recupere del ataque histórico iniciado en 1976. En 2006, donde concluye la serie de ese documento del CEPED, el salario real era un 44 % inferior al de 1974. Existe otro documento del CEPED [26] que permite empalmar la serie hasta 2017. A pesar de la recuperación del poder de compra que se registró en el período posconvertibilidad, en 2017, el salario real era casi un 20 % más bajo que en 1974.

Desde 2017, las estadísticas públicas del Indec registran un nuevo derrumbe que se aproxima al 20 %. Por lo cual, se llega al resultado que en la actualidad el salario real es aproximadamente un 40 % menor que el de 1974 .

En los últimos años, el mecanismo central que agudizó la carestía de la vida es la inflación que se come el salario. La caída del poder de compra en el sector privado registrado alcanza al 22,5 % (junio 2021 versus octubre de 2015); en el sector público el 31 % (junio 2021 versus octubre de 2015) y entre los informales también el 29 % (junio 2021 versus octubre de 2016). Alberto Fernández no cumplió con la promesa de revertir esta pérdida operada durante el Gobierno de Mauricio Macri. Por el contrario, la caída siguió, aunque de forma menos acentuada. En junio de 2021, todos los segmentos laborales tenían un salario con menor poder de compra que en diciembre de 2019 [27].

Al considerar la ocupación principal de los hogares (para los casos en que hay más de un empleo), el 80 % de la población asalariada, contaba con salarios menores a $60 mil durante el primer trimestre del año [28]. Cuando se considera el ingreso total de los hogares el 50 % tenía ingresos menores a $60 mil. Es decir, tenían ingresos al borde o por debajo de lo necesario para cubrir el valor de la canasta de pobreza, que en el primer trimestre se ubicó en alrededor de $60 mil para un hogar de cuatro integrantes (costo promedio del primer trimestre).

Pero esa canasta de pobreza no incluye algo muy importante que es el pago de un alquiler. De ahí surge la importancia de considerar la canasta que estima ATE INDEC (es decir, la organización gremial del organismo de estadísticas) que sí incluye el pago de un alquiler: en el primer trimestre, en promedio, un hogar de cuatro integrantes necesitó un ingreso de $89 mil para cubrir una canasta de consumos mínimos. Es necesario aclarar que ATE INDEC no considera que esa canasta constituye un ideal ni un óptimo [29].

Son las condiciones de progresiva miseria que impone el sistema capitalista el fundamento profundo para el planteo de reducción de la jornada laboral y el reparto de la horas de trabajo.