Reforma judicial. Reflexiones a propósito del paro de labores en el Poder Judicial

El paro laboral de los trabajadores del Poder judicial (PJ) en el que se sumaron 1,200 jueces, es la respuesta por parte de la oposición a la propuesta de reforma anunciada por el actual presidente de la república y por la presidente electa, Claudia Sheinbaum. Hasta ahora, se calcula que se han movilizado un par de miles de trabajadores judiciales en algunas zonas del país. Sin embargo, la polarización alrededor del tema hace parecer que sólo hay dos posturas posibles en torno a los temas de justicia, la de la magistratura y la del ejecutivo federal. Pero ¿es posible una tercera alternativa que responda a las necesidades de los sectores obreros y populares? Veamos.

Los jueces y juezas señalan que la reforma es un ataque a la independencia judicial y que se pone en peligro la justicia y democracia en México. Mencionan que el juzgar es una actividad altamente técnica y que se necesita de gente experta y capacitada, por lo que, la elección popular de jueces anularía la carrera judicial y, por ende, ya no se basaría en el mérito sino en la “popularidad”. Por su parte, en las manifestaciones que han protagonizado un sector de las y los trabajadores del PJ, levantan consignas como “El Poder Judicial resguarda tus derechos” pero, ¿esto realmente ha sido así?

Por su parte, el gobierno federal afirma que la reforma es un acto de democratización del PJ, que se ha caracterizado por la corrupción, el privilegio y el nepotismo (es sabido que los contactos familiares y/o políticos son fundamentales para alcanzar los más altos puestos) En este sentido, AMLO y MORENA aseguran que los derechos de los trabajadores se encuentran garantizados y que la reforma propuesta por el presidente, resolverá el problema de la injusticia que se viven en los tribunales y que el pueblo tiene derecho a elegir a los altos funcionarios judiciales.

Sin duda los que laboran en el PJ sienten amenazados sus derechos pues el gobierno de MORENA no se ha caracterizado por el respeto a los derechos laborales adquiridos, como han denunciado en otros momentos, trabajadores estatales, de la cultura y otros sectores. No obstante, lo que se puede observar de la reforma judicial es que los que realmente verán disminuidos algunos de sus privilegios, serían los ministros y magistrados. Esto explica porque los altos mandos facilitan que sus subordinados realicen paro de labores y protestas en diferentes ciudades.

Los fideicomisos (usados de manera opaca por los altos funcionarios) desvincularon parte de las prestaciones del salario base. Esto significa que, el Estado no tiene la obligación de cubrir con los pagos, por lo que se recurrió a dicha figura para completar las prestaciones. Entonces, parte de la solución pasa porque el Estado retome sus obligaciones y cubra todos los gastos para su personal judicial integrando todos esos recursos al salario base de los trabajadores.

La impartición justicia es muy injusta en México

Debemos ser claros. Si la mayoría de la población apoya y ve con buenos ojos la reforma propuesta por AMLO, es porque se percibe que el PJ no es justo, que la gente de a pie no ha obtenido ningún beneficio de dicho poder. Invocar la “justicia” y cuestiones técnicas en abstracto no logra despertar un sentido de solidaridad con los promotores del paro, a quienes rápidamente se les asocia con la derecha, sus partidos y empresarios que más que preocuparse por la impartición de justicia y necesidades de la mayoría de la población, están afligidos porque sus intereses y privilegios sean trastocados.

Una experiencia similar pudimos verla en la presidencia de Ernesto Zedillo, quien propuso y el congreso aprobó una reforma constitucional para modificar la estructura del PJ, que paso de 26 a 11 ministros, y creo el Consejo de la Judicatura (encargado de vigilar y sancionar a todo el PJ a excepción de la SCJN) más reformas de técnica jurídica. Zedillo lo hizo con el propósito de no tener trabas legales e impulsar las privatizaciones y otras medidas neoliberales en su mandato.

Con las fiscalías acontece algo similar. Desde que se modificó la ley para que estas fueran supuestamente autónomas, se pensó que mejoraría la justicia y se acabaría la impunidad. Pero la realidad demostró todo lo contrario. Los casos contra grandes delincuentes que han desfalcado al erario público (como por ejemplo Rosario Robles y su estafa maestra) son mal armados, pero no ineptitud, sino por complicidad. El resultado es que se les deja en libertad y no pagan por sus delitos.

El gobierno de MORENA y la 4T, tienen sus propios fines y reestructurar al PJ también implica una maniobra para que no tener obstáculos para el próximo sexenio y seguir con su plan político. Para un ejercicio realmente democrático de la justicia, no basta elegir mediante el voto a los jueces. Si bien esto es necesario, lo urgente es acabar con los privilegios de la casta judicial, es decir, los altísimos salarios, bonos extraordinarios, inmunidad. Deberían ganar lo mismo que un trabajador promedio calificado, ser revocables por sus electores y rotativos.

¿Es posible una justicia que responda realmente a los sectores obreros y populares?

Los que defienden la independencia, imparcialidad y actividad técnica del PJ no se dan cuenta que tales nociones son ficciones. El PJ depende económicamente del presupuesto que el ejecutivo proponga y el legislativo apruebe. Los ministros de la Suprema Corte son designados a propuesta del presidente y aprobación del senado. Es bien sabido que las determinaciones de los tribunales están influenciadas por las fuerzas políticas actuantes. En lo que respecta a la imparcialidad, puede ser que los juzgadores resuelvan acorde con lo que establezca la ley, pero el problema es que la ley tiene un origen político, por tanto, están aplicando una decisión política que en muchas veces puede ser profundamente injusta, aunque sea legal.

Mientras, que miles de pobres se pudren en la cárcel sin sentencias o sentenciados por muchos años por delitos relacionados con la precariedad extrema. Por tanto, un fiscal también debe ser elegido y se le deben retirar todos los privilegios al igual que a los jueces. En pocas palabras, se requiere una reforma impulsada desde abajo que vaya al fondo del asunto, o sea, que resguarde y de prioridad los intereses y derechos de la clase trabajadora y sectores populares, por encima de la clase empresarial y su casta judicial.

Como ejemplo de que es posible una justicia realmente justa, tenemos a los tribunales populares surgidos luego de la Revolución Rusa de 1917. Estos eran integrados por obreros en calidad de jueces y asesores jurídicos. No gozaban de ningún tipo de privilegio salarial o político. Sus resoluciones se basaban en cumplir las necesidades de las masas y en las determinaciones de los Soviets (órgano democrático de toma de decisiones en el que estaba representados obreros, campesinos y soldados). El sistema, si bien tuvo sus contradicciones, funcionó razonablemente bien y daba justicia a la población.

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