Se filtró un nuevo proyecto de ley para convertir a la protesta social en un delito específico y aumentar su criminalización. Un salto en la política represiva del Gobierno.
Viernes 14 de abril de 2017
El portal Infonews dio a conocer el proyecto de reforma del Código Penal (CP) que ya circularía entre los diputados de Cambiemos. La totalidad de los artículos reformados incorporan una nueva figura penal contra toda persona que “participando en una manifestación pública porte elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o actúe a cara cubierta de modo de impedir su identificación”.
Si con esto se “hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas (Art. 149 bis CP)” la persona será condenada con uno a tres años de prisión. Idéntica pena corresponderá si se utilizaran en contra de una persona (Art. 104 CP).
Con la reforma, si un juez considera que las amenazas tenían el “propósito de obligar a otra a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad” podrá aumentar la pena entre tres a seis años de prisión.
A todas estas penas se les podrá sumar entre tres meses a cuatro años de prisión, si durante la protesta se cometiere algún daño contra una cosa mueble o inmueble.
El proyecto de ley cierra con reforma más reaccionaria que el ya reaccionario y conocido artículo 194 del Código Penal, aumentando ocho veces la escala penal mínima y tres veces la máxima (pasará a ser de dos a seis años, respectivamente) sobre quienes corten una calle o ruta “sin crear un peligro común” pero con el solo “uso o exhibición de elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o actúe a cara cubierta de modo de impedir su identificación”.
Los alcances de la reforma
En términos jurídicos, la reforma introduce por primera vez en el Código Penal el concepto de “manifestación pública”, convirtiéndola en un delito específico y en un agravante para determinadas conductas penales. De esta manera, los jueces podrán aplicar penas más duras contra quienes participen en medidas de fuerza y de acción directa. La decisión sobre quiénes y cuándo aplicar estos delitos es una decisión política y responde a los intereses del Estado, encargado de fijar la política de persecución penal.
Estas directrices fueron confirmadas en el paro del 6A, con el Ministerio de Seguridad dirigiendo la represión en Panamericana e interviniendo en su posterior persecución por la vía judicial.
Los cabecillas de ese ministerio, Patricia Bullrich y Eugenio Burzaco, fueron los encargados de darle valores concretos a los abstractos conceptos de “amenazas” y “elementos contundentes” que pueden leerse en el proyecto de ley. La huelga docente como una “extorsión”, las cañas de banderas como “jabalinas” o la resistencia en Panamericana frente a la represión encabezada por Gendarmería como actos de “intimidación y agresión”. Lejos de ser expresiones aisladas, fueron una declaración de intenciones y un llamado al Poder Judicial para que alinee su intervención al calor del fortalecimiento represivo que se plantea el gobierno.
El plan de fuerza de Cambiemos
En las últimas semanas, cientos de miles salieron a las calles por mejores salarios, para enfrentar los despidos, el ajuste y contra la violencia patriarcal. Al decir de Bullrich, el Gobierno está dando una batalla cultural que busca demonizar la protesta social y enfrentarla con represión y cárcel. Para garantizar las condiciones del ajuste ante una lluvia inversiones que nunca llega, el Gobierno se plantea un plan de guerra integral contra los que salen a luchar a las calles.
Las formas de intervención concreta de la protesta social, y en particular de una huelga, suelen definirse como “medidas de fuerza y acción directa”. En efecto, se tratan de fuertes acciones y de verdaderas demostraciones de fuerza con reclamos y denuncias levantadas por miles de trabajadores, mujeres y jóvenes.
Con la actual reforma del Código Penal, buscan que estas fuerzas represivas, junto a jueces y fiscales, tengan vía libre para perseguir este nuevo delito penal: la manifestación popular.
No sin límites y contradicciones para llevarlo a cabo, el Gobierno cuenta con el aparato estatal para imponer un modelo económico que afecta a millones mientras favorece a un puñado de empresarios, a los dueños del campo y a los especuladores financieros.
Cuenta también con una fuerza de choque propia. Mientras las policías provinciales y municipales persiguen a los sectores más vulnerables y empobrecidos, las fuerzas nacionales de seguridad aplican las medidas represivas contra sectores organizados que salen a la calle para enfrentar al ajuste y reclamar por mejores condiciones de vida.
Frente a esto, el PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas) ya se presentó como querellante por la represión en Panamericana para que se investigue el rol criminal de la Gendarmería y de las máximas autoridades en la materia, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y del secretario de Seguridad de la Nación Eugenio Burzaco.
Al plan antiobrero y represivo de Cambiemos lo enfrentamos en las calles. No permitiremos que avancen contra nuestros derechos y las elementales libertades democráticas como la movilización y el derecho a luchar.
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