Comodoro Py. Represión de Bullrich a jubilados: denuncian a la Policía Federal por su criminalidad
Organismos de derechos humanos radicaron una denuncia penal ante el juzgado de María Servini. Las lesiones a manifestantes y periodistas el miércoles frente al Congreso demuestran que “se trató de una represión programada y planificada por mandos políticos”, dice el escrito presentado por Pérez Esquivel y la CPM. El problema es que debe investigar Carlos Stornelli, el armador de causas contra la protesta social.
Tras la brutal represión de las fuerzas federales del último miércoles frente al Congreso contra jubiladas, jubilados y demás trabajadores, incluyendo periodistas que cubrían la movilización en rechazo al veto presidencial de la nueva ley jubilatoria, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal contra la Policía Federal y sus jefes políticos.
Como se vio en infinidad de videos y fotos, ese día la Federal junto a la Prefectura Naval y la Gendarmería (todas dependientes del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich) atacaron con palos, gases y una violencia inusitada a adultos mayores con el único objetivo de impedir que protesten en defensa de sus intereses.
La CPM, al igual que otros organismos de derechos humanos, estuvo allí monitoreando el accionar represivo del Estado. Lo hizo, como en otras oportunidades, como parte integrante del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, junto a la Defensoría del Pueblo de CABA.
Como saldo de ese monitoreo, consignaron un gran número de “heridos producto del excesivo y desproporcionado uso de gases irritantes, tonfas, golpes de puño, patadas y escudos”. La mayoría fueron afectados por “la utilización de gases irritantes y golpes propinados por los efectivos”. El caso más notorio es el de “dos hermanos jubilados que requirieron asistencia” por las heridas recibidas, uno de ellos con “un golpe en la cabeza que le ocasionó un corte en la misma y provocó la rotura de sus lentes”.
La represión también afectó a varios periodistas, entre ellos de Telefé, La Nación, Radio Gráfica y personal de prensa del bloque de diputados de Unión por la Patria. El caso más grave, según la CPM, fue el del fotógrafo Marcos Pérez Sierra (Radio Gráfica), quien además de ser gaseado (incluso hasta dentro de su boca) recibió una golpiza de la Policía.
El relato de Pérez Sierra estremece. Acusa al subcomisario de la Federal “D.A. López” de ser quien inició el ataque contra él. “Me tiró gas en la cámara, yo me corrí unos pasos para atrás. Después avanzó nuevamente, me empujó, yo le corrí el brazo, me volvió a empujar y me tiró otra vez gas pero ya en los ojos. Le corrí el brazo, se me vino encima y me empezó a pegar patadas y con el envase del gas pimienta en la cabeza. Hay imágenes específicamente donde él me pega con eso en la cabeza. Yo me empecé a defender porque no me quedaba otra. En eso se sumaron más policías, me empezaron a dar con las tonfas y los escudos”.
El fotógrafo agregó que el subcomisario López le echó gas en los ojos “a menos de cinco centímetros, tenía el envase pegado a la cara. Me lo saqué de encima, el resto de los policías me seguía pegando. Él volvió a echarme gas en los ojos. Yo ya estaba sin posibilidad de defenderme o cubrirme. Me empezó a faltar la respiración, abrí la boca, se me vino encima y me tiró a menos de diez centímetros gas pimienta dentro de la boca. Y me seguían golpeando. En un momento me corrí y mis compañeros y compañeras me sacaron del lugar”.
Denuncia penal
Gran parte de las imágenes registradas por cronistas en el lugar, más otras obtenidas de transmisiones televisivas, fueron recopiladas por la CPM junto a testimonios de heridos y afectados por los gases. Con esas pruebas, el organismo se presentó en los Tribunales Federales de Comodoro Py de la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó radicada una denuncia penal contra la Policía Federal, fuerza que protagonizó buena parte de esos ataques a la manifestación.
El expediente se abrió en el Juzgado Federal 1, a cargo de la jueza María Servini y lleva el número 3587/2024. El escrito de 16 páginas y varias archivos adjuntos con imágenes, al que accedió La Izquierda Diario, detalla cómo fueron los hechos monitoreados, desde el inicio de la concentración de jubiladas y jubilados (alrededor de las 14 horas) hasta la recogida de testimonios tras la represión, pasando por los momentos más duros de la arremetida de las fuerzas federales (cientos de efectivos que llegaron a las inmediaciones del Congreso a las 15).
“El violento y desproporcionado despliegue policial derivó en graves agresiones y lesiones contra los manifestantes convocados pacíficamente, teniendo por damnificados a personas mayores jubilados y jubiladas y trabajadores de prensa que se encontraban allí registrando y transmitiendo los acontecimientos”, dice la denuncia que lleva las firmas del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquiel y demás miembros de la CPM.
Algunas de las irregularidades detalladas en la denuncia son la presencia de policías con armas de fuego (prohibidas en protestas sociales), violentas maniobras de “encierro” de manifestantes, corte de calles por parte de las propias tropas de Bullrich, jerarcas policiales golpeando a adultos mayores que sólo estaban parados, arrojo de spray irritante a distancias ínfimas y ataques directos a periodistas que registraban las escenas.
Para los denunciantes está demostrada “la irracional e ilegal actuación de forma conjunta y continua de las fuerzas federales” y “las cadenas de mando”. Nada puede legitimar “el actuar de las fuerzas y menos aún de la forma violenta y delictiva con la que se ejerció la fuerza pública”, agregan. Por eso aseguran que “las acciones ilegales denunciadas fueron efectuadas de forma estratégica por un mando político” y “se trató de una represión programada y planificada”.
Sobre la utilización de las llamadas “armas no letales” como los gases (cuyo costo por aerosol equivale obscenamente al valor de una jubilación mínima), la denuncia afirma que si “son utilizadas por fuera de las formas y protocolos específicos, pueden resultar letales y/o provocar lesiones de gravedad que incapaciten permanentemente a las personas, como la pérdida de la visión, fracturas de cráneo y pérdida de órganos en la zona media”. Algo que viene siendo ya moneda corriente desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza, con el caso emblemático de Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
¿Comodoro Py investiga?
“Por la gravedad de los hechos y la participación de funcionarios públicos como autores esenciales en el hecho, se requiere el cumplimiento de principios fundamentales que deberán orientar todo el curso de la investigación. Estos son: competencia, imparcialidad, independencia, prontitud y minuciosidad”, dice la denuncia de la CPM.
De allí que solicitan que “se abra una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades de quienes determinaron y ordenaron las acciones denunciadas”, violatorias de las garantías constitucionales y de tratados internacionales de derechos humanos. El texto culmina con la exigencia de que se pida al Ministerio de Seguridad, al Gobierno porteño y al Congreso todo tipo de información y registros documentales relacionados a los hechos del último miércoles.
Foto Enfoque Rojo
El problema es que la “investigación” quedó en manos de Carlos Stornelli, desde hace 31 años titular la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4. Un garante, entre muchas otras cosas, de impunidad para las fuerzas represivas del Estado tanto en su faz represiva como en su rol asociado al gran delito y el crimen organizado.
El prontuario de Stornelli sumó una nueva foja en los últimos meses, ya que fue quien orquestó junto a Bullrich una campaña brutal contra decenas de manifestantes que el 12 de junio marcharon (también al Congreso) para repudiar la aprobación de la reaccionaria Ley Bases. El fiscal se encargó de armar una causa penal contra 33 personas que habían sido detenidas al voleo por las fuerzas federales, acusándolas de delitos gravísimos, incluyendo el intento de desestabilizar el orden constitucional. En palabras del Gobierno de Javier Milei, se trataba de “terroristas” que habían intentado dar “un golpe de Estado”.
A tres meses de aquella jornada represiva ya no quedan detenidos por esa causa diseñada en Comodoro Py. Casi la totalidad de las y los imputados fueron sobreseídos por la jueza María Servini, obligada por las circunstancias ya que el expediente no sólo carecía de pruebas sino que derrochaba consideraciones políticas que nada tienen que ver con una acusación penal. A algunos pocos imputados les quedaron caprichosos procesos abiertos por supuestos delitos menores.
Stornelli no paga por sus culpas. Lleva años cometiendo todo tipo de chanchullos judiciales, negando justicia a víctimas de hechos graves e inculpando a inocentes que tardan años en librarse de esos procesos. Hoy, para sumar un nuevo capítulo a su frondoso prontuario, llega a sus manos la denuncia contra sus amigos de la Policía Federal y del Ministerio de Seguridad.
Ante todo, el fiscal debería ser recusado. Sería ingenuo esperar que él se declare incompetente por ser parte interesada en el caso. Sólo la movilización masiva en las calles le impondrá al reaccionario Poder Judicial el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables. Este miércoles las jubiladas y los jubilados vuelven a convocar a manifestarse frente al Congreso. Allí hay que estar.
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).
