Para el agropower, aplicar retenciones es meter mano en la renta agraria y por eso las rechaza. El gobierno coincide, aunque obligado por la crisis debió aplicarlas módicamente. Lo que nadie discute, ni en el gobierno ni en la oposición, es por qué sería legítima esa renta parasitaria.

Macri soñó una Argentina “supermercado del mundo” donde el agro y sus industrias derivadas, que junto con el sector energético más buscó privilegiar en su gobierno, tuviera un despliegue formidable y aportara abundantes dólares. Y todo esto, sin sacarle la mínima tajada de renta agraria por la vía de retenciones. Pero la crisis y el FMI lo empujan a recurrir nuevamente a esta fuente para cerrar las cuentas fiscales. Aunque el presidente preferiría no hacerlo, esta decisión vuelve a recordar cómo gravita este sector en la economía nacional, y cómo una parte del excedente que se apropia, el que va a las manos de los dueños de la tierra, puede ser apropiada sin afectar las bases de la propia producción agraria en lo más mínimo para sostener al resto de la economía. Eso, a las patronales agrarias las pone muy nerviosas.

Retenciones para todos

En unos pocos meses, quienes venden al exterior vieron multiplicarse por dos el valor de sus ingresos, medidos en moneda nacional. Al calor del aumento de 110 % acumulado del dólar en lo que va del año, se licuaron buena parte de los costos en pesos (salarios por empezar), aunque pueda esperarse que vuelvan a aumentar parcialmente en los próximos meses por la inflación. La foto de hoy ubica a la mayor parte de los exportadores como grandes ganadores de la megadevaluación.

Ante este escenario, por las exigencias del FMI y de los acreedores, el gobierno de Cambiemos debió aplicar nuevamente retenciones. Al asumir las había eliminado; esta medida fue el puntapié de una política distributiva en favor del empresariado y los más ricos por la vía impositiva que en lo que va de su mandato les transfirió casi 2 puntos porcentuales del PBI.

El decreto 793/18 establece un derecho de exportación de 12%. Lo hace, eso sí, poniéndole fecha de caducidad en diciembre de 2020. A la vez, establece dos topes: en el caso de las exportaciones de bienes primarios, la retención no podrá superar los 4 pesos por dólar, mientras que para el resto de las exportaciones el tope queda establecido en 3 pesos por dólar. El efecto de los topes es que una cotización del dólar más alta reduce el peso de las retenciones sobre el valor total exportado: con un dólar cotizando a más de $ 40, las exportaciones industriales pagan ya menos de 12 %; con un dólar a $ 50, la retención también empezaría a caer por debajo de 12 % para los bienes primarios (y para los industriales sería de 9 %). Todos los que venden al exterior son así parte interesada en especular por una mayor devaluación. Como la perspectiva es que el dólar suba, aunque más no sea para acompañar la inflación y mantener su cotización real en los niveles actuales, esta decisión de poner topes busca también contener el enojo de los afectados y limitar los efectos del impuesto.

De esta forma, el equipo económico de Macri, que pone esta medida afirmando al mismo tiempo su desagrado con la misma, realiza un guiño a los afectados. Como es de esperar una paulatina suba del dólar, si los topes se mantienen sin cambios, el impuesto irá perdiendo su peso rápidamente.

Para evitar enemistarse más de la cuenta con las patronales agrarias, siempre reacias a cualquier intención del fisco de echar mano a los ingresos generados por la exportación de granos, el gobierno aplicó esta tasa uniforme para todas las ventas al exterior. Las excepciones son la soja en grano y sus derivados. Estos eran los únicos productos que, desde diciembre de 2015, mantuvieron retención. En ese momento, se bajó de 35 % a 30 % para el poroto, y de 32 % a 27 % para la harina y el aceite. Desde enero de este año, venía produciéndose una disminución mensual de 0,5 puntos porcentuales. Ahora, tanto el grano como sus derivados tendrán una alícuota fija, de 18 %, que se sumará al 12 % general, para imponer una retención de 30 % para estos productos.

La renta agraria de la que nadie quiere hablar

Lo que pone nerviosas a las patronales agrarias es que cuando se aplican retenciones para la producción agraria, lo que se está apropiando el Estado es una parte de la renta agraria.

Nos estamos refiriendo a aquella parte del excedente generado por la producción agrícola o ganadera que es apropiada por los dueños de la tierra [1]. La renta, como tal, surge del monopolio (logrado a sangre y fuego en la historia nacional) que tienen los propietarios de la tierra sobre este recurso esencial para todo trabajo, especialmente para el agropecuario, y a la vez de disponibilidad limitada y no reproducible. Esta renta, al igual que la ganancia capitalista, tiene una sola fuente: el trabajo no pago apropiado a la fuerza de trabajo, es decir la plusvalía.

El agro argentino se caracteriza por requerir menos trabajo para lograr rendimientos muy superiores a los de otras latitudes, gracias a ventajas agronómicas y climáticas. Esto le permite, en el comercio internacional de granos (y carnes), obtener un precio que permite realizar un excedente superior al que se registra en regiones menos productivas. Son las condiciones productivas imperantes en el suelo de peor calidad las que determinan los precios. Quienes producen aplicando menos trabajo, con menores costos por hectárea, reciben entonces un plus de valor. Esto es lo que ocurre con la producción agraria argentina, que por los rindes que obtiene con la inversión de capital promedio, logra por lo general márgenes brutos elevados (excepto cuando los precios internacionales entran en fuerte baja).

El capitalista agrario, como cualquier otro, obtiene un rendimiento por sus desembolsos de capital (en medios de producción, insumos y salarios) que corresponde a la tasa media de ganancia imperante en cualquier otra producción. Esto es resultado de la competencia existente entre todos los capitales, que produce la tendencia a la formación de una tasa media de ganancia. Lo que excede dicha tasa media, va a manos de los propietarios de la tierra, en virtud del monopolio que tienen sobre el suelo cultivable. El plus constituye la renta agraria diferencial.

Aunque en nada contribuya la propiedad a las ventajas que permiten la renta diferencial, ya sean naturales o producidas (por inversiones acumuladas que elevan el rendimiento del suelo), su monopolio sobre esta condición sine qua non para la producción agraria les permite imponer esta apropiación.

Los grandes terratenientes y el entramado del agropower

¿Quiénes son los que se llevan esta renta agraria hoy en la Argentina? En primer lugar, los grandes propietarios. Aunque en estos tiempos de pooles de siembra y grandes sociedades agropecuarias financiadas por fondos buitre los dueños de la tierra parecen haber pasado a un segundo plano, su control sobre este recurso fundamental no disminuyó. En la Provincia de Buenos Aires, 1.300 propietarios son dueños del 32 % de la tierra cultivable. En todo el país, son 4.000 los propietarios que concentran una proporción equivalente del suelo de uso agrario.

A la concentración de la propiedad, la acompaña una concentración también pronunciada en la producción. En los principales cultivos tradicionales, el 80 % de la producción se encuentra concentrada en el 30 % de los establecimientos. En muchos casos, son los propios propietarios los que la llevan a cabo, uniendo así la apropiación de ganancia (por el capital invertido) y renta (por la propiedad). Pero en las últimas décadas ganaron peso sociedades agropecuarias que arriendan en gran escala, tanto grandes establecimientos como parcelas medianas y pequeñas. Aunque estas pagan renta por los establecimientos arrendados, en muchos casos logran por las condiciones de pago y arrendamiento mantener una proporción de renta en sus manos, que acrecienta así su volumen de ganancias. Lo mismo puede decirse en el caso de los pooles de siembra.

Con el paquete tecnológico que permitió la mayor rentabilidad en la soja (así como en el maíz, girasol, trigo y otros cultivos), se acrecentó la capacidad de los articuladores del mismo de aumentar su apropiación de valor en la cadena, avanzando en parte, también, sobre la renta. Destacan a este respecto las empresas desarrolladoras de la genética de la semilla, con Bayer-Monsanto a la cabeza.

Finalmente, la exportación se concentra en un puñado de 10 empresas (4 multinacionales Cargill, Cofco-Nidera, ADM Toepfer, LDC, y el ex grupo nacional Bunge llevaron a cabo el 70 % en 2017). Estas constituyen un verdadero monopolio privado del comercio exterior de granos. Su posición les permite también ser partícipes del reparto de la renta, comprando y vendiendo cuando les conviene según los vaivenes de los mercados internacionales, especulando para sacar el mayor provecho. Son algunas de las empresas que se ahorraron $ 1.900 millones al anticipar operaciones en la última semana de agosto, cuando se veía venir la aplicación de retenciones.

Una propina

Con las retenciones a la exportación de mercancías agrarias, el Estado se apropia de una parte de esa renta diferencial. En el mismo acto, impone una circulación abaratada de las mercancías agrarias en el mercado nacional, respecto de los valores que regirían de no mediar ningún derecho de exportación, lo que redunda en un beneficio para el conjunto de los capitalistas nacionales. Estos reciben más baratos los insumos agrarios, y también se benefician en la medida en que las mercancías agrarias entran en el consumo de la fuerza de trabajo, porque si estas son más baratas, se reduce el valor de la fuerza de trabajo [2].

Desde 2002 en adelante, cuando el gobierno de Duhalde reintrodujo los derechos de exportación, invariablemente escuchamos a los representantes del “campo” protestar contra esta medida “distorsiva”; una y otra vez declaran que es “confiscatoria” y atenta contra la innovación, etc. Una afirmación que se choca contra algunos datos del desempeño del sector desde comienzos del milenio: durante los años en los cuáles las retenciones fueron en aumento, creció el área sembrada y la producción: entre la campaña 2002/03 y la 2015/2016, la última que se inició con derechos de exportación para los principales cultivos, aumentaron 40 % y 75 % respectivamente. No solo aumentó el volumen, sino el rendimiento por hectárea promedio.

Al contrario de lo que afirma el discurso ruralista, las retenciones se apropian de una parte de la renta agraria diferencial que, si no, iría a manos de los propietarios. Esta apropiación en nada cambia la capacidad de los capitalistas agrarios para reproducirse como tales, obteniendo una ganancia media que los deja en condiciones de reiniciar el ciclo.

Por lo demás, las retenciones se apropiaron entre 2002 y 2015 de una proporción bastante limitada de dicha renta. Aún en el caso de la soja, que llegó desde la campaña 2007/08 a una alícuota de 35 %, la proporción apropiada apenas llegó al 50 %. Durante los años de precios más elevados esta cayó a un tercio.

Las retenciones que estableció Macri esta semana, de 12 % general y 30 % para la soja y sus derivados, se apropian de una proporción mínima de la renta diferencial. Más aún teniendo en cuenta que continúa la liquidación de la campaña 2017/2018 de soja y otros granos, que se inició con un dólar cotizando a $ 18. En el caso de la próxima campaña de trigo, la siembra comenzó en mayo con un dólar rondando los $ 22. Aún realizando la más exagerada estimación sobre el incremento que puedan tener los costos para la próxima campaña, el margen agrícola tuvo un incremento formidable con el salto del dólar en un contexto de precios internacionales firmes, y las retenciones apenas se llevan un vuelto de este incremento de la ganancia extraordinaria.

El ajuste en los márgenes esperados para los cultivos estivales, después de los anuncios, ha sido limitado: en soja, el margen neto previsto pasó de USD 298 por hectárea a USD 267; en el maíz, de USD 479 a USD 385 por hectárea. Pero aunque Elisa Carrió lo recomiende, al agropower no le gusta dar propinas.

Ir a fondo con la cuestión agraria

Las retenciones intervienen en el reparto de la renta agraria, y son uno de los mecanismos que permite destinar una parte de la misma para ampliar las posibilidades de acumulación del conjunto del capital que se valoriza en el espacio nacional. Pero en nada afecta o modifica el conjunto de actores que convierten al agro argentino en un eslabón subordinado en las cadenas agroalimentarias organizadas globalmente por unas pocas multinacionales imperialistas. Tampoco afecta su capacidad para condicionar el desenvolvimiento de la economía, por el papel fundamental que juega la cadena en el comercio exterior y la disponibilidad de dólares de la economía argentina (que en dos tercios provienen de las exportaciones del sector).

Durante el conflicto con las patronales agropecuarias en 2008, el kirchnerismo buscó presentar como una gesta el intento de aumentar las retenciones. Pero este esquema, aunque buscara incrementar el porcentaje de retención sobre una renta que había crecido sideralmente en ese momento (con la soja a USD 600 la tonelada), no cuestionaba la sociedad con el agropower, que para el esquema de acumulación que sostenía al kirchnerismo era fundamental. Apenas buscaban aumentar la propina a recaudar.

El gobierno de Macri, con las decisiones tomadas al calor de la crisis fiscal, debió traer de vuelta a la esfera pública la cuestión de la renta agraria, aunque busca esconderla dentro de un gravamen general para todas las ventas al exterior. Es una buena oportunidad para recordar la cuestión agraria de fondo, sin la cual no hay ninguna perspectiva de cortar de raíz con las condiciones que determinan el atraso y la dependencia del capitalismo argentino: cortar con el reparto de esta riqueza social que hacen la burguesía terrateniente, los rentistas, pools y demás capitalistas de la cadena agroalimentaria es el punto de partida básico para cualquier aspiración de transformar de la sociedad. Desde la perspectiva del pueblo trabajador es necesario apropiarse de la renta agraria de forma íntegra, y darle mejores destinos que solventar la rentabilidad de otros sectores empresarios.

Para esto es necesario expropiar la propiedad terrateniente, comenzando por los 4.000 grandes propietarios que poseen más de un tercio del suelo cultivable, y establecer el monopolio estatal del comercio exterior. Liquidar a este pivote central en la articulación del agropower permitirá también discutir una organización de la producción agraria que ponga el acento en las demandas sociales postergadas, el medio ambiente y la recuperación de actividades abandonadas por no ser tan rentables como la soja. Los cientos de miles trabajadores rurales, junto al resto de la clase trabajadora, los pueblos originarios y sectores campesinos y semicampesinos que hoy enfrentan los desplazamientos que impone la apropiación de tierras para uso agropecuario, los movimientos ambientalistas y las poblaciones afectadas por el uso indiscriminado de agrotóxicos, son quienes pueden forjar la alianza social que le tuerza el brazo al agropower.