El juez Martín Cormick dictó una medida cautelar contra "El que corta no cobra", una medida represiva iniciada contra la movilización del 20 de diciembre de 2023 y que continuó hasta hoy. Asegura que atenta "contra el derecho a ser oído" y puede "generar un daño irreparable".
Lunes 3 de marzo 13:29
Martín Cormick, juez en lo contencioso administrativo, dictó una medida cautelar que impide al Gobierno expulsar o suspender el pago de los programas sociales a quienes participan de protestas.
Recordemos que ni bien iniciado el gobierno libertario, inició una fuerte campaña de criminalización de la protesta y de la pobreza, ya que apuntó en primer lugar a las organizaciones que luchan contra el hambre. El 20 de diciembre de 2023, Patricia Bullrich montó un fuerte operativo represivo y Sandra Pettovello amenazó por cadena nacional a las mujeres y desocupados que se venían movilizando a los ministerios. “El que corta no cobra” lanzaron.
Por simples disposiciones del Ministerio de Capital Humano, los funcionarios podían robarle o secuestrarle la plata a las y los beneficiarios de los programas "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social" si estos participaban en protestas, entorpecían los circulación y todos los “actos violentos” que califican las ministras derechistas, como si fueran jueces y parte.
Según Cormick, las disposiciones tienen "indicios de ilegitimidad", atentan "contra el derecho a ser oído" y a defenderse en un proceso administrativo. Algo elemental. Además pueden "generar un daño irreparable" a quienes ya están en "la condición de vulnerabilidad". Así lo detalló la periodista Irina Hauser, de Página 12, que tuvo acceso al fallo.
En el escrito, el juez “hizo lugar en forma parcial a una medida cautelar en el trámite de un amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)”.
Uno de los puntos más graves era la potestad judicial que se autoasignaba Pettovello. Según la disposición de Capital Humano, “será egresado en forma inmediata el que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, subterránea, agua o aire y no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública". Como plantearon los denunciantes, la ministra se arroga una "una competencia penal" y "crea un tipo penal" al establecer qué sería una falta y cuál la sanción. Una “violación al principio de inocencia y al derecho de defensa”, plantearon desde las organizaciones.
La cautelar plantea lo siguiente: "Entiende el Tribunal que ambas disposiciones revisten indicios de ilegitimidad". Y que "suspender el beneficio en forma inmediata puede generar un daño irreparable que corresponde sea tutelado en resguardo de los beneficiarios dada su condición de vulnerabilidad...”. Aclara, como resume Hauser, que su referencia a los "actos administrativos" es para proteger los derechos individuales y asegurar "un adecuado control frente a la arbitrariedad" y "el pleno ejercicio del derecho de defensa". Si a alguien le quitan un programa social, tiene que poder reclamarlo y defenderse.
Hasta hoy, el gobierno derechista ha utilizado esa cláusula por un lado para intentar desmovilizar y evitar reclamos. Pero además montó un seguimiento policial sobre miles de personas, armando causas falsas para quitar planes, por estos y otros motivos. Tengamos en cuenta que además Sandra Pettovello congeló el monto de los programas y aplicó recortes, en el marco de una fuerte campaña de estigmatización.
Lo hizo en un momento en que la pobreza aumentaba. O sea que su lema era “el que protesta no come”. Una política autoritaria y hambreadora llevada al extremo.
La cautelar deberá ser respetada por el gobierno. Pero Pettovello no respetó los fallos judiciales que le ordenaban repartir los alimentos de los comedores que tenía secuestrada en los galpones oficiales. La única forma de imponerle al gobierno hambreador no solo los fallos sino los derechos del pueblo trabajador, es salir a las calles, desafiar los protocolos ilegales.
Ya dejaron claro que “el que no lucha no cobra”.
