Lo dijo la Cámara Federal de Rosario. Por unanimidad, sus miembros declararon “improcedente” la reapertura de la causa, impulsada por el hijo del subdirector de la Fábrica Militar de Córdoba, muerto en 1975.
Sábado 1ro de septiembre de 2018 20:31
Ante el pedido de la familia de Argentino del Valle Larrabure (subdirector de la Fábrica Militar de Córdoba secuestrado el 10 de julio de 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo y hallado estrangulado un año después), el Poder Judicial dictaminó que no se trata de un delito de lesa humanidad.
El fallo de la Cámara Federal de Rosario se da en medio de un clima desfavorable en materia de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura cívico-militar. Por eso resulta en un importante revés para los sectores derechistas, que meses atrás se manifestaron en Rosario y agredieron a organismos de derechos humanos.
Pocos días antes del último 24 de marzo, militantes y familiares prodictadura acompañaron el pedido de la apelación ante el Poder Judicial federal, para insistir una vez más con la teoría de los dos demonios. Meses después, la respuesta es desfavorable.
En 2007, Arturo Cirilo Larrabure, hijo del oficial, solicitó la reapertura de la causa arguyendo que la muerte de su padre fue producto de un delito de lesa humanidad. Algo tan ridículo como fue en su primer momento la teoría del supuesto asesinato instalada por el Ejército. Aun así, el juez Germán Sutter Schneider dio curso al pedido de la familia del militar.
En 2010, el Ministerio Público Fiscal, en palabras del procurador Esteban Righi, sostuvo que por “los argumentos que impiden sostener la postura asumida por el fiscal general Palacín -quien intentó caratular la causa como lesa humanidad-, no es posible aplicar al caso la categoría de los crímenes de lesa humanidad ni la de crímenes de guerra” ya que estos forman parte de una política de Estado.
No llama la atención que haya miembros del Poder Judicial como el fiscal Palacín. Quizás algo tenga que ver con que esta institución fue parte clave del plan de exterminio, rechazando infinidad de habeas corpus de familiares de desaparecidos, o siendo cómplices directos de torturas, secuestros, robo de bebés, etc.
La resolución de la Cámara Federal, cuyos miembros Fernando Barbará, Aníbal Pineda, Jorge Gallino, Elida Vidal y José Toledo votaron unánimemente luego de escuchar a las partes, ratifica el archivo de la investigación.
El camarista Gallino expuso que "la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de nuestro máximo Tribunal impone el rechazo de la imprescriptibilidad de los hechos que nos ocupan. En efecto, en primer lugar, no se ha acreditado que el hecho tratado fuera cometido como parte de un ataque sistemático contra la población civil en el marco de una política de Estado o con apoyo estatal, extremos que es crucial probar, por tratarse de elementos de contexto descritos en el art. 7 del Estatuto de Roma, que establecen las condiciones que debe reunir la comisión de alguno de los delitos que se enumeran en el artículo para constituir un crimen de lesa humanidad”, dilapidando el intento del hijo de Larrabure de reabrir la causa ya prescripta.
Un golpe a los golpistas
En la coyuntura política que estamos viviendo, con las respuestas reaccionarias de los dinosaurios en el Senado votando contra el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, con el decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a actuar en seguridad interna, la represión de la Policía Bonaerense a los trabajadores del Astillero Río Santiago y a los estudiantes que luchan por la educación pública, no es ilógico que los estas agrupaciones prodictadura intenten imponer nuevamente la teoría de los dos demonios.
Equiparar al plan sistemático de exterminio llevado a cabo por los militares, la Iglesia y el empresariado en su conjunto en la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, con el accionar de las organizaciones guerrilleras es inaudito y no significaría otra cosa que un gran retroceso en la conquista popular (que llevó décadas) de Memoria, Verdad y Justicia.
El intento de la reapertura de la causa se da con la aquiescencia de un gobierno en crisis, que representa abiertamente los intereses económicos de los sectores que se beneficiaron directamente con el golpe militar y fueron los que acompañaron la desaparición forzada de 30 mil personas (cifra que, además, intentan discutir). Es un nuevo episodio de un neonegacionismo, al mejor estilo Darío Lopérfido, que de hecho fue fogoneado por medios derechistas como La Nación.
Por un lado hubo un plan sistemático ejecutado por el Estado para exterminar a la vanguardia obrera y juvenil y disciplinar a las masas trabajadoras que concentraban altos niveles de combatividad y organización proletaria. De ese lado estaba el general Larrabure. Intentar igualar la violencia ejercida por los opresores (a la que cínicamente llamaron “excesos”) y aquella empleada por los oprimidos, condenando hipócritamente la “violencia en general”, independientemente de su contenido social y político, no es más que un recurso de los primeros para preservar el poder.
Al día de la fecha, son cada vez menos las causas judiciales en curso por delitos de lesa humanidad, lo cual no es llamativo en el marco del conjunto del plan del gobierno de Cambiemos. Muchos militares han muerto impunes, o siguen con beneficios totalmente injustificados como la prisión domiciliaria.
Asimismo, sobran los dedos de una mano para enunciar los civiles que se llamaron al banquillo de acusados. Algunos de ellos crearon centros clandestinos de detención en sus propias fábricas, como Acindar en Villa Constitución.
En este punto, todos los gobiernos constitucionales se pusieron de acuerdo en no “tocar” los intereses empresariales, principales beneficiarios de los planes económicos del golpe de Estado. La familia Macri, por darle nombre propio al asunto. Ni siquiera con el gobierno kirchnerista fue condenado el conjunto de los responsables. A 42 años del golpe, seguimos buscando a cientos de nietos apropiados y seguimos rastreando el destino de gran parte de los 30 mil.
El caso Larrabure
Como ya se relató en este diario, el 23 de agosto de 1975 se encontró el cadáver del oficial Larrabure. Ante esto, la autopsia determinó que había muerto estrangulado con un cordel, en la llamada “cárcel del pueblo” donde se encontraba.
Inmediatamente el Ejército difundió (con amplio apoyo de los medios cómplices) que se lo había torturado. Pero la autopsia había determinado que había ocurrido un suicidio, que ningún tercero había intervenido e incluso que Larrabure se encontraba en óptimas condiciones físicas y bien alimentado.
No obstante esta teoría fue necesaria para que un sector de la sociedad legitimara el golpe de Estado que ya se vislumbraba y así minimizar la resistencia social.
No siendo suficiente los resultados de la autopsia, también se contó con el testimonio del empresario Vicari, que había compartido cautiverio con Larrabure, quien confesó que el día que se encontró el cadáver, hubo movimientos anormales y se notaba el ambiente incómodo y de nerviosismo por parte de los militantes del ERP.
Ese mismo día, sus captores se llevaron todos los trozos de soga, cables, navajas y todo objeto punzante que se podía encontrar en la habitación. El suicidio los había tomado por sorpresa y necesitaban asegurarse que no vuelva a suceder nada por el estilo.
