Editorial. Río Negro: entre el racismo y el extractivismo, las perspectivas para enfrentarlos por izquierda

Al momento de escribir esta nota continúa el cerco militarizado de la policía rionegrina en Cuesta del Ternero. Ante la emergencia humanitaria de miembros del Lof Quemquemtrew, se instaló un acampe solidario que vive en tensión ante la constante posibilidad de represión por parte del grupo COER, co-partícipes de los asesinatos de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado. Esta forma de dominación de Juntos Somos Río Negro es una de las patas sobre las que asienta su gobierno, que mira hacia el futuro profundizando el dominio de grandes terratenientes e impulsando el extractivismo contaminante.

Los usurpadores capitalistas

En las tierras del lof Quemquemtrew se asienta un negocio forestal. El empresario Rocco, poseedor fiscal de las tierras gracias a concesiones provinciales obtenidas por décadas para su usufructo, se dedicó a la deforestación del bosque nativo para la plantación del pino europeo y el Plan Calor. Este territorio mapuche, donde ocurrió el crimen impune de Maria Lucinda Quintupuray, es una usurpación avalada por el Estado para el beneficio de unos pocos.

No se trata de las únicas concesiones en la provincia. Es un modus operandi a favor del negocio del turismo y el extractivismo, que tiene consecuencias contaminantes. Recordemos que en Cuesta del Ternero se produjo parte del incendio que afectó a la comarca andina en 2020. Es que los pinos aumentan exponencialmente la posibilidad del fuego. Ni hablar del fracking o la megaminería, que utilizan millones de litros de agua en plena crisis hídrica. Nada más irracional y contaminante.

Esa cesión de posesión que realizan los gobiernos de turno tiene su historia reciente. La ley nacional de tierras de 2011 limitaba la adquisición de tierras por parte de extranjeros a un 15% del total de la superficie del país, lo cual significaba aumentar hasta tres veces las propiedades en manos extranjeras existentes a ese momento. La ley, impulsada por el kirchnerismo como una “defensa de los intereses nacionales”, ocultaba que desde 2002 a 2013 la adquisición de tierras por parte de empresas extranjeras aumento un 229% respecto a los ´90.

En 2016, Macri modificó dicha ley como parte de un “plan de atracción de inversiones”, liberando la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Particularmente, la modificación hablaba de ordenar la distribución de tierras y establecía la expropiación y regularización de tierras ocupadas para la definitiva urbanización de los 4000 asentamientos en el país. Esto último no se ha cumplido para los barrios populares, pero si lo primero para los terratenientes extranjeros.

El caso más resonante es el del magnate Joe Lewis, quien se quedó con 12.000 hectáreas que incluyen el Lago Escondido a $138 la hectárea en 1996. El dueño de Pampa Energía y la distribuidora Transener posee allí una central generadora de paso en un río afluente del Lago Escondido conectada a la red nacional. Pero no es el único caso, un relevamiento realizado en 2011 daba cuenta de que en Bariloche, el 21,5% de las tierras eran propiedad de extranjeros, mientras que en el país 4000 familias concentran el 50% de las tierras productivas.

El "enemigo interno" tiene rostro mapuche y obrero

El Foro Consenso Bariloche realizado antes de las elecciones repasó el decálogo del racismo anti-mapuche. No es la primera ni será la última vez que lancen mentiras sobre lo que no es ni más ni menos que un historial de lucha del pueblo mapuche por sus territorios ancestrales. Mencionemos que en el incendio en Cuesta del Ternero, según el Senador Nacional y jefe del partido provincial, Weretilneck, se produjo por "supuestos mapuches que andan encapuchados". Lo dijo sin presentar ni una sola prueba, con total impunidad, a lo Bullrrich o Pichetto.

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Pero este discurso antimapuche y de política represiva también sirve de excusa para aumentar el control policial sobre los sectores populares y la protesta social. Sin ir más lejos, en Bariloche, precariedad, pobreza y despojo conviven con el hostigamiento histórico de la policía sobre el Alto Bariloche y los nuevos asentamientos.

La condición de precariedad, que se extiende por el río y sus valles con los obreros golondrinas, tiene en los negocios del turismo internacional barilochense su impronta: dos mil trabajadores y trabajadores del rubro hotelero y gastronómico y miles más de informales que viven de changas son despojados de los beneficios y las posibilidades de tener un pedazo de tierra donde vivir. Bariloche, el ejido municipal más grande de Argentina después de Capital Federal, con una de las menores densidades demográficas, no tiene tierras para los pobres. Baldíos enteros apropiados por el negocio de la especulación inmobiliaria.

Una salida realista: medidas anticapitalistas

Las PASO en Río Negro no fueron distintas a las nacionales, en cuanto a la derrota electoral del Frente de Todos, una recuperación parcial de la derecha y el crecimiento de la izquierda.

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En estas elecciones, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad levanta un programa para dar solución a estos problemas estructurales: expropiación sin indemnización, nacionalizando las propiedades de los grandes terratenientes, de los usurpadores vip, para su producción y fraccionamiento en beneficio de la población, respetando los derechos históricos de los pueblos originarios sobre sus territorios.

Para que el Congreso deje de ser la escribanía de los intereses capitalistas locales y multinacionales en detrimento de la clase trabajadora que produce todas las riquezas, es necesario organizar una gran fuerza social y política que desenmascare a los gobiernos y sus aliados en el parlamento pero también en las calles, junto a los sectores en lucha para de una vez por todas terminar con el negocio de unos pocos y dar vuelta todo en favor de las mayorías populares y de trabajadores.