Medio Ambiente. Río Negro: ¿hay alternativa al modelo extractivista?

Luego del nuevo impulso que Fernández dio a los proyectos mineros bajando las retenciones a las empresas, comenzó una ofensiva para poder modificar las leyes que prohíben la megaminería, principalmente en la Región de Cuyo y en Chubut. En materia legal, en Río Negro, ya tienen el camino allanado. En el 2011, durante el breve mandato de Carlos Soria del FPV se derogó la “ley anticianuro”, una ley que se había conquistado con la movilización popular en el 2005.

Ni bien anunció el presidente que bajaría las retenciones del 12% al 8%, en nuestra provincia el DPA autorizó el uso de un pozo de agua de 2,5 millones de litros (en una zona con crisis hídrica) para explorar el potencial del yacimiento de oro “Calcatreu”. Ante este escenario, las asambleas socioambientales y otras organizaciones sociales y políticas de la provincia se pusieron en alerta. Diversas actividades desde reuniones, hasta festivales y movilizaciones, se vienen desarrollando a lo largo y ancho de la provincia desde entonces.

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En Río Negro, la derogación de la ley anticianuro le permite al proyecto Calcatreu y a la Mina San Roque, en inmediaciones de Valcheta, utilizar el método de minería a cielo abierto con el cual la Barrick Gold produjo un desastre ecológico contaminando cinco ríos en San Juan. Pero lo irracional de este método no son sólo las nueve toneladas de desechos que puede producir, sino que cada día una minera de estas características utiliza cinco millones de litros de agua, cuando el acceso al agua empieza a ser privilegio de unos pocos.

La ofensiva extractivista no se queda ahí. Voraces empresas como Patagonia Gold de capitales ingleses pretenden saquear la mina en Calcatreu, la canadiense Blue Sky Uranium continúa el proyecto minero de uranio Amarillo Grande en el bajo Santa Rosa. Crece la cantidad de pozos para fracking en Allen y la exploración para extracción no convencional en la zona de la meseta por parte de YPF, el grupo Grupo Perez Companc, entre otras empresas “nacionales" y extranjeras.

En cuanto al discurso del gobierno para legitimar este modelo, ya está suficientemente refutado el mito de que con fracking, megaminería y agronegocio, se podría superar la herencia macrista y garantizar los dólares para pagarle al FMI. El extractivismo es un modelo de contaminación y saqueo. Desde el menemismo hacia acá, no hay ninguna grieta en cuanto a garantizar los negociados de las multinacionales y naturalizar la idea de que “no queda otra”, mientras el país es cada vez más dependiente y las crisis nunca se acaban.

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En nuestra provincia, la receta de JSRN y Arabela Carreras es la misma y comenzó con el intento de reforma de la Ley de Tierras. La deuda que contrajo Weretilneck con el Plan Castello, atrae los fantasmas de una crisis provincial a “la chubutense”. Tanto a nivel nacional como provincial, los gobiernos defienden el modelo extractivista como el camino fácil para poder sortear algunos obstáculos a corto plazo, mientras el impacto socioambiental afectará a las siguientes generaciones.

El extractivismo no es destino

Desde el Frente de Izquierda, nos oponemos tajantemente a la megaminería, así como venimos haciendo con el fracking y los agrotóxicos en todo el país, en las bancas y en las calles. Planteamos que hay que generar un verdadero cambio de matriz productiva que empiece con una transición hacia un modelo sustentable y formas limpias de energía.

El ejemplo de las luchas de Mendoza, Chubut y en nuestra provincia contra la planta nuclear, así como la organización de distintos sectores en Río Negro contra la megaminería y el fracking, demuestran que, si se unieran esas fuerzas junto con las de la clase trabajadora y la juventud, no sólo se podría frenar la contaminación y el saqueo sino planificar esa transición.

Este camino no implica sólo cuestionar las fuentes de energía como propone el “capitalismo verde”, sino cuestionar profundamente y planificar qué se produce, en beneficio de quiénes y hacia qué objetivos está destinada esa producción.

Los sectores populares no sólo sufrimos las altas tarifas de servicios esenciales como la luz, el agua y el gas, sino que también padecemos la crisis hídrica, sobre todo en verano, cuando la amplia mayoría de los barrios no tiene agua y ésta escasea para los pequeños productores y las comunidades originarias, mientras el fracking y la minería gozan impunemente de este recurso que nos devuelven luego contaminado.

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Por ende, superar el modelo extractivista también implica cambiar el hecho de que la explotación de nuestros recursos y bienes naturales sean rapiñados por unas pocas empresas a quienes no les interesan nuestras vidas ni nuestro planeta, y poner los recursos y bienes al servicio de las necesidades de las mayorías populares.

Para ello es necesario nacionalizar toda la industria energética bajo control de sus trabajadores y trabajadoras, con la participación de las comunidades originarias y usuarios populares. La nacionalización del petróleo y la extracción convencional y su refinamiento, permitiría financiar un plan de obras públicas para garantizar la accesibilidad al agua y a la energía e impulsar una reconversión estratégica hacia una matriz energética limpia y renovable.