Editorial. Río Negro y un régimen político para el saqueo imperialista

Durante 2022 la Legislatura de Río Negro se transformó en una escribanía que le firma directamente los proyectos a Juntos Somos Río Negro, el partido provincial de gobierno. Todos los bloques del PJ y los representantes de la derecha macrista aprobaron la modificación de la ley 3308 que protegía el Golfo San Matías de los hidrocarburos; así como también la ley provincial que da marco jurídico a las concesiones de tierra, uso de agua e instalación de planta de hidrógeno para los capitales australianos de Fortescue Group. Es la tendencia que emana desde el gobierno nacional: impulsar acuerdos de negocios empresariales sobre la base de una enorme disposición de bienes ambientales: ya sea crudo desde Vaca Muerta, agua del Río Negro o simplemente territorios para la producción de energía eólica, necesaria para la inversión australiana.

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Cristina Fernández en su discurso en el día de la militancia peronista fue clara: hay litio, gas, petróleo, agua. Es decir, todo está en venta. El gobierno de Arabela Carreras a través del Senador Weretilneck elevarán un proyecto de ley para que el Congreso Nacional de “seguridad jurídica” al saqueo de los recursos de Fortescue. El discurso de una energía verde que activaría una necesaria “transición energética” saldrá de boca de legisladores nacionales de todos los colores políticos. Juntos Somos Río Negro lo está ensayando desde hace un buen tiempo en la provincia. La visita de Sergio Massa hace quince días atrás en Bariloche tuvo el tinte de un gran acuerdo entre la coalición peronista nacional y las gobernaciones patagónicas de Neuquén y Río Negro. Y lo dijo claramente: impulsarán esa ley de hidrógeno para garantizar por 30 años las ganancias imperialistas.

Pero nada es gratis. Estos planes extractivistas tienen un signo de interrogación sobre su verdadera concreción y en qué tiempos se ejecutarán las inversiones; dado que se dan en el marco de un ajuste nacional y provincial para pagar las deudas del FMI y el bono Castello, que pasado 2023 deberá comenzar a pagarse nuevamente, afectando fuertemente las arcas provinciales. Es una carrera de velocidad por ingresar dólares de estos proyectos.

Si hay algo común en todas las planificaciones de desarrollo capitalista que se han realizado históricamente en el país y en la provincia, es que son a costa de graves padecimientos para la clase trabajadora, las poblaciones y el ambiente. Una simple enumeración: la resistencia de comunidades mapuche desde los territorios en defensa de la Meseta Somuncurá, el activismo que surgió respecto de la defensa del Golfo San Matías en San Antonio Oeste y Las Grutas, la marca registrada de la lucha contra el fracking en Neuquén contra el acuerdo secreto de Chevrón con Cristina para la explotación en Vaca Muerta. Los gobiernos nacional y provinciales son conscientes de que la aplicación de estos nuevos planes tendrán nuevas resistencias: la clave para ellos es generar un consenso, y donde no lo haya , aplicar coercitivamente el imperio de la ley.

En la provincia existe un “adn” en defensa del ambiente. Tuvo su máxima expresión en las movilizaciones contra la Planta Nuclear en 2015, un proyecto que Juntos Somos Río Negro tuvo que bajar rápidamente. Pero esas resistencias descansan sobre una tradición que data de largo. Las políticas desarrollistas favorecidas por el Estado, con políticas “regulatorias” y de promoción industrial, ya fueron aplicadas en diferentes períodos. Y las consecuencias en el largo plazo han sido desastrosas, dejando verdaderos cementerios de venenos y otros residuos contaminantes, como por ejemplo en San Antonio Oeste, Cinco Salto, Sierra Grande.

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Si bien en Río Negro la lucha ambiental no ha tenido luego de 2015 otro episodio que levante a todas las poblaciones de la provincia como sí pasara en Mendoza o Chubut; lo cierto es que de combinarse un complejo panorama de ajuste estatal y saqueo imperialista, nada impide pensar en una ecuación donde haya mayor experiencias de lucha contra esta forma de gobierno en “tándem” entre Massa, Cristina y Juntos Somos Río Negro. Un rol fundamental lo cumplen los sindicatos con peso provincial, por caso los estatales de UPCN, ATE y de la docencia de UnTER.

Desarrollar la capacidad hegemónica de la clase trabajadora contra las conducciones burocráticas y corporativas es una clave para pensar desde la izquierda lo que se viene. Está muy próximo en el panorama provincial las elecciones a gobernador de abril de 2023. Es una oportunidad para popularizar entre los distintos sectores en lucha un programa independiente de los bandos capitalistas, que denuncie el rol del FMI y el Castello en las partidas de ajuste. Propuestas como la estatización de los servicios así como de la producción de energías, y que funcionen bajo administración obrera con comités de usuarios y profesionales de las universidades, serán importantes para dar una salida que sea en favor de la clase trabajadora. La posibilidad de debatir democráticamente qué planificación racional para la transición energética necesitamos, también es una parte clave de las propuestas del Frente de Izquierda. Las asambleas del PTS que se están desarrollando en la provincia y nacionalmente fueron atravesadas por estos debates, en pos de organizar una gran fuerza política socialista.