En la “causa de los cuadernos”, el juez Bonadio procesó a Cristina Kirchner pero también a reconocidos empresarios. Los acusa de pagar coimas para beneficiarse con obras.
Lunes 17 de septiembre de 2018 16:00
El juez Claudio Bonadío, que lleva adelante la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”, ordenó hoy una serie de medidas que ya causan repercusión en el mundo político y empresario.
Se trata de una serie de procesamientos que involucran a ex funcionarios y gerentes de importantes empresas de obra pública. El más resonante, es el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como “jefa de una asociación ilícita”, que según el juez pedía sobornos a empresarios para otorgarles contratos.
Pero también en la causa quedaron procesados varios empresarios. Entre ellos Aldo Roggio (Metrovías), Carlos Wagner (Esuco Construcciones), el primo y socio de Macri Angelo Calcaterra (IECSA), Luis Betnaza (mano derecha de Paolo Rocca-Techint) y Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), entre otros.
En cambio, dictó falta de mérito a los empresarios Jorge Guillermo Neira, Héctor Javier Sánchez Caballero, Rodolfo Armando Poblete, , Héctor Alberto Zabaleta, Francisco Rubén Valenti y Osvaldo Antenor Acosta.
Según el fallo, “no pueden tenerse por válidos los argumentos relativos a las presiones sufridas, dado que las empresas involucradas fueron beneficiadas por contrataciones con el Estado nacional, realimentando este circuito macabro teniendo como motivación el lucro de participar de un sistema que expoliaba los bienes del Estado amañando licitaciones con fuertes sobreprecios”. Así describe el sistema por el que los empresarios del "Club de la obra pública" se veían beneficiados por parte del gobierno.
Analizando "el sistema", asegura que “de los primeros testimonios recolectados se desprende que el dinero pedido por los funcionarios y entregado por los empresarios se correspondía con “aportes de campaña”, cuestión que se fue relativizando a medida que los empresarios “aportantes” empezaron a reconocer que eran “gastos de la política” y luego solo reconocimiento de coimas”.
Así, los empresarios fueron embargados y se dictó su prisión preventiva, aunque esta no se hizo efecto por su carácter de "arrepentidos".
Bonadio los acusa, de haber pagado dádivas y en casos de cohecho. Es decir, por pagar coimas a funcionarios públicos. El delito de cohecho se castiga con una pena de 1 a 6 años de cárcel, para aquel funcionario que recibiera dinero para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. El Código Penal contempla la misma pena para los empresarios, o privados, que ofrezcan el dinero.
El juez asegura que “el flujo de dinero que circuló dentro de esta organización delictiva asciende a una suma aproximada a los cien mil millones de dólares estadounidenses (U$s 100.000.000)”.
Bonadío lleva adelante, junto al fiscal Carlos Stornelli, una investigación que ha despertado polémicas por las pruebas en que ha basado sus acusaciones, la singular utilización de la figura del “arrepentido” y el “blindaje” que hasta ahora rodea al presidente Macri y sus responsabilidades empresarias y de gestión.
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