TUCUMAN. ¿Sabías que los aumentos en el boleto vienen ganando por lejos a la inflación?

Los gobiernos provincial y municipal preparan un paquetazo de medidas para beneficiar a las patronales del transporte: un nuevo tarifazo a solo tres meses del aumento que llevó el boleto urbano de 15 a 19,3, que se votaría en el Concejo Deliberante de la capital con el visto bueno del peronismo tucumano y de Cambiemos. Mientras tanto en la Legislatura se analiza otorgar una serie de exensiones impositivas para beneficiar al sector.

Las patronales dicen que por culpa de la inflación y de la quita del subsidio al gasoil la ecuación de costos no les cierra. Sin embargo, este tarifazo lo piden a libro cerrado, sin mostrar ni un balance, sin siquiera convocar a una audiencia pública.

Pero los aumentos de tarifas que se vienen autorizando lejos están de ser “justos y razonables” para los usuarios, como establece la Ley Provincial 6210, art 29.

En los últimos cinco años la tarifa del transporte urbano de pasajeros pasó de 4,83 pesos (2015) a 19,3 pesos en la actualidad. Es decir que en cinco años acumulan aumentos por 303%, cuando la inflación general en esos años, en términos del Índice de Precios al Consumidor, es de 279%.

La ecuación es aún más beneficiosa para el empresariado si tomamos el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que en dicho período aumentó 235,5%. Tomado todo el período de conjunto, las empresas de transporte vienen ganándole más de 50 puntos a la inflación que mide el Indec para los productores.

Por otro lado, A diferencia de lo que ocurre en el resto del país, donde el cobro del boleto se realiza con una tarjeta magnética (tarjeta SUBE) que controla directamente el Estado, en Tucumán el transporte urbano se rige con la tarjeta Ciudadana y el interurbano con la tarjeta Metropolitana, ambas en manos de empresas privadas.

La empresa Metropolitana SA, esta integrada por las mismas empresas concesionarias, y está presidida por Jorge Berreta. Estas empresas realizan el cobro y registro de pasajes vendidos diariamente, pero no emiten boleto al pasajero, incurriendo, a instancias de los gobiernos provincial y municipal, en una flagrante violación al artículo 26 de la Ley 6210 que regula el transporte de pasajeros en nuestra provincia, y que establece en su inciso 2, que el concesionarios debe “cobrar lo estrictamente autorizado en las respectivas tarifas, con boletos registrados y reglamentados”.

El aumento que pretenden ahora los dueños del transporte público de pasajeros de 37,85, representa una escalada del 92% y si llevan el boleto urbano a 25 pesos, como anticipan por lo bajo desde la municipalidad, tendrán aumento semestral del 60%, completamente injustificado y sólo concebible bajo este modelo de privatización de los servicios públicos, que pone en manos privadas el monopolio del servicio público del transporte de pasajeros.

Para un usuario promedio, que necesita tomar al menos dos colectivos de línea urbana por día para llegar a su trabajo, el gasto en boleto podría sueprar los 3000 pesos mensuales, la cuarta parte del salario mínimo, vital y móvil asciende a 12.500 pesos.

La Dirección de Estadísticas de Tucumán estimaba en 2011 que el conjunto de las empresas de transporte registraban poco más de 144 millones de pasajes por año. En un cálculo conservador, manteniendo esa cantidad de pasajes por año y tomando la tarifa urbana como parámetro, estamos hablando de ingresos por 2780 millones de pesos en pasajes. Si la tarifa sube a 25 pesos, los ingresos del sector superarían los 3600 millones de pesos.

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Pero además las empresas del transporte reciben subsidios directos del Estado provincial y del Nacional. Según información pública desde 2019 las empresas de transporte de pasajeros en Tucumán perciben en promedio 130 millones de pesos mensuales del Estado provincial más 54 millones de pesos mensuales del Estado nacional.

Es decir que si estos montos se mantienen, en 2019 habrán percibido en concepto de subsidios directos 2200 millones de pesos. De conjunto, el sector tiene ingresos por casi 5 mil millones de pesos, un 45% del total proviene de los subsidios directos.

De esta manera la población está subsidiando doblemente al empresariado, como usuarios pagando tarifas muy por encima de la inflación y como contribuyentes a través de los impuestos que pagan para sostener semejantes sumas de dinero.

Si el costo actual de un ómnibus 0 Km con aire acondicionado es de 6,5 millones de pesos promedio, con lo que los empresarios del transporte reciben por subsidios podrían renovar y ampliar su flota de coches con 340 unidades nuevas. Pero no solamente hay una evidente deficiencia en la prestación del servicio, sino que además los empresarios dejan de pagar los salarios recurrentemente.

Ahora bien, si estas empresa reciben casi la mitad de sus ingresos por subsidios y la otra parte por el cobro de tarifas; si con esos ingresos se supone que tienen que cubrir una ecuación de costos que incluye desde los salarios hasta el mantenimiento del material rondate; y si aun obteniendo aumentos muy por encima de la inflación, ni siquiera cumplen con el pago de los salarios, ¿para qué seguir sosteniendo la privatización de este servicio público?.

El Frente de Izquierda plantea una salida para terminar con el saqueo al bolsillo y la precarización de los trabajadores del sector por parte de estas empresas: la estatización bajo control de los trabajadores y comites de usuarios.

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