OFENSIVA AGROEMPRESARIAL, INCENDIOS Y EL CONTROL POR LA TIERRA. Se agudizan las presiones sobre la tierra: al medio del desastre quedan los pueblos indígenas y la biodiversidad

Desde el 1° de agosto, los incendios han vuelto a recrudecer en el oriente del país, con casi 150.000 hectáreas quemadas en San Matías y Roboré, mismos lugares que fueron los principales afectados en los incendios de 2019 y 2020. Si bien hasta la anterior semana se había logrado frenar en gran parte estos incendios, hay serios indicios de que esto no sea más que el inicio de la temporada de fuegos, ya que el alza de la temperatura y el viraje del viento hacia el Norte en la zona del Chaco, Chiquitanía y Pantanal, que se pronostica en los próximos días, sumado a la inmensa cantidad de materia vegetal seca producto de las heladas que se encuentra en la zona, forman un caldo de cultivo para que, literalmente, una sola chispa cause un incendio incontrolable.

Todo esto es de conocimiento general, así mismo lo era el 2019, donde el fuego arrasó con más de 5 millones de hectáreas de bosque, o el 2020 donde se perdieron 4 millones y medio de hectáreas por el fuego, o en 2010, donde se perdieron nada más ni nada menos que 8 millones de hectáreas, aproximadamente. Esto quiere decir que los incendios que cada año se descontrolan en nuestro país, no son solo culpa del cambio climático, sino que son, sobre todo, una maniobra política y empresarial para continuar con un modelo extractivista que beneficia únicamente a los grandes empresarios agroindustriales, a transnacionales y a los poderosos de turno en el Gobierno central y en los gobiernos departamentales.

¿Qué diferencia existe, sin embargo, entre las catástrofes de los anteriores años, desde 2010 a 2019-2020, con las que pueden llegar a suceder hoy? Esencialmente que hubo un viraje político (el golpe de Estado de 2019) que provocó la ruptura entre el Gobierno del MAS, ahora presidido por Arce, y el sector agroempresarial de oriente, ahora presidida por el gobernador de Santa Cruz, Camacho. Según Gonzalo Colque, ex director de la fundación Tierra, la presencia de la figura presidencial en el oriente es básicamente inexistente [1], y es evidente que, desde el golpe de Estado, la derecha boliviana ampliamente representada en oriente por el sector agroempresarial, se ha envalentonado en la exigencia por la propiedad de la tierra.

Durante sus años de Gobierno, la gestión de Evo Morales, haciendo uso principalmente de las tierras fiscales, contuvo las disputas por tierra entre el campesinado y la agroindustria. Por un lado, allanando el camino para la deforestación y el monocultivo entre los grandes empresarios del agro y, por otro lado, titulando tierras fiscales en oriente para campesinos e interculturales en tiempo récord. Todo esto en desmedro de las poblaciones indígenas y los bosques que albergan gran parte de la biodiversidad de nuestro país. Sin embargo, otro factor que se suma a la tensión creciente por el problema de tierras que se está gestando, es que ya quedan pocas tierras fiscales que sanear, y todos quieren el último pedazo.

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Es en este sentido, que en una hipócrita defensa de la tierra y del territorio, y cínicamente hablando de defender los derechos de los pueblos indígenas, Camacho junto a la Comisión Agraria Departamental, llamó a una reunión de emergencia para frenar los asentamientos de “colonos de occidente” en tierras cruceñas.

Argumentaron que serían estos asentamientos los principales causantes de los incendios y del despojo a los pueblos indígenas, cuando existen muchos estudios que demuestran claramente que es la expansión de la frontera agrícola, a manos de grandes empresarios agroindustriales, bolivianos y brasileros principalmente, quienes han ido despojando sistemáticamente a los pueblos indígenas, con venia del Gobierno, a través del alquiler tramposo de sus tierras para seguir expandiendo sus monocultivos.

Según el estudio hecho por la Fundación Tierra sobre los incendios de 2019, las causas del mismo se deben, en primera instancia, a la expansión del agro, dado que los incendios que más devastaron el área de San Matías (la zona más afectada), fueron iniciados en las grandes haciendas ganaderas. En segunda instancia, se puede hablar del rol de las nuevas comunidades campesinas asentadas en los alrededores de Roboré, segundo lugar más afectado por los incendios, donde se cree que fue el desconocimiento de prácticas de chaqueo por los colonos lo que desencadenó el fuego incontrolable. Sin embargo, lejos de ser pura gente traída del occidente, como alega Camacho y compañía, un censo hecho por la fundación Tierra en 43 comunidades recientemente establecidas en territorios de la Chiquitanía, basada en emisión de la cédula de identidad, indica que el 43% de estos “colonos” son procedentes de la ciudad de Santa Cruz, un 29% de Cochabamba, seguidos por Potosí, Chuquisaca y La Paz con 8,7, 6,8 y 3.2% respectivamente [2].

Entonces, existe una clara intencionalidad de Camacho, el comité cívico y la derecha cruceña, de tratar de elevar este conflicto por tierras a un conflicto de carácter étnico, alentando de esta manera una situación parecida a la vivida en 2008, que anticipaba una guerra civil por cuestiones regionalistas.

Y justamente ante esta situación es que se han dado las amenazas de los campesinos de cercar a Santa Cruz como lo hicieron el 2009. En esta línea, se ubica la predisposición de Eva Copa de asegurar el apoyo de El Alto al presidente Arce en caso de intentos de “desestabilización” a su Gobierno.

Ahora bien, este empoderamiento de la derecha agroempresarial nunca hubiera sido posible si el mismo MAS no hubiera venido fortaleciendo económica y políticamente a este sector a lo largo de los años de Gobierno de Evo Morales. Por otro lado, la política de repartición de tierras del MAS, lejos de ser una “segunda reforma agraria”, como alegaban en su momento, lo único que ha logrado ha sido la devastación ambiental con una presión inmensa en la tierra que cada año acaba en un desastre ambiental.

En el afán de darle contento a todos sus aliados, el MAS permitió que la mayoría de zonas con vocación forestal en oriente fueran cedidas a diferentes actores y convertidas a la fuerza en tierras productivas, convirtiendo a Bolivia en uno de los 5 países con mayor tasa de deforestación en el mundo. La titulación de tierras a comunidades indígenas con categorías indivisas no permitió a estas desarrollarse económicamente y, frente a la presión del monocultivo que dejó a sus territorios devastados, no les quedó más que alquilar sus terrenos a los grandes terratenientes por precios sumamente injustos, logrando que también sus territorios pasen a formar parte del monocultivo. Una vez perdidos sus territorios, a los pueblos indígenas de oriente no les queda más que la migración a las ciudades, engrosando los cinturones de pobreza y orillados a la discriminación. Por otra parte, los campesinos pobres, que tampoco pueden competir con estos grandes agroempresarios, subsisten a base de vender su fuerza de trabajo en las cosechas y en las zafras.

Y, nuevamente, la derecha agroempresarial con Camacho a la cabeza y el MAS, buscan confrontar a campesinos e indígenas para preservar sus intereses políticos y económicos. El problema es que las tierras fiscales que deberían haberse repartido equitativamente entre estos dos sectores, han sido repartidas mayoritariamente a los grandes empresarios que, fuera de la ley, tienen propiedades tituladas por encima de las 5.000 hectáreas por familia. Uno de los casos más emblemáticos y recientes, fue la dotación ilegal de tierras –durante el Gobierno de facto de Áñez- a la familia Marincovic, por más de 33 mil hectáreas.

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Otro caso emblemático que aún no se ha investigado es el de las tierras fiscales de Bolibras, que son 100 mil hectáreas en Pailón, donde, en la gestión de Evo Morales se autorizó el saneamiento y titulación de la zona, loteándola y rematándola entre empresarios privados, colonias menonitas y brasileros, todos catalogados como grandes propiedades ganaderas. De esas 100 mil hectáreas, lo que queda como tierra fiscal al día de hoy son apenas 3 mil hectáreas para repartirlas entre campesinos e indígenas.

Entonces, a las puertas de otro desastre ambiental, ¿quiénes son los responsables de estas catástrofes?, podemos afirmar con contundencia que los incendios de 2019-2020 y 2021 que ya están teniendo lugar, son a causa directa de la expansión irracional de la frontera agrícola, cuyo principal impulsor es el sector agroempresarial de oriente. Esta expansión fue amparada y apoyada por el gobierno del MAS y, al día de hoy, este sector es representado directamente por el gobernador cruceño, Fernando Camacho, quien además alienta un discurso regionalista y racista que ha vuelto a emerger desde el golpe con mucha contundencia en amplios sectores de oriente y la ex llamada “media luna” (Santa Cruz, Tarija y Beni principalmente).

La única salida a esta situación crítica ambiental y territorialmente, es alentar a los sectores indígenas y campesinos a no caer en la falsa confrontación a la que la derecha y el oficialismo quieren llevarlos. Estos sectores históricamente desposeídos y explotados, deben buscar la unidad entre ellos y la alianza con las y los trabajadores de las urbes para poder ponerle freno a la angurria empresarial y a la destrucción de nuestros territorios.

Lo cierto es que el conflicto de tierras amenaza con ser una de las principales problemáticas a corto plazo, y en medio de ésta, nos encontramos con la cada vez más dramática pérdida de la biodiversidad, principalmente a causa de la deforestación y los incendios. La destrucción acelerada de nuestros bosques es una de las principales causas del calentamiento global, y no es secreto para nadie (ni para los negacionistas del cambio climático), que las consecuencias de la crisis climática ya se empiezan a sentir con mucha fuerza en todo el mundo, pero sobre todo en las regiones más pobres y vulnerables, y Bolivia es una de estas zonas; por lo mismo, sino actuamos rápidamente, pronto no nos quedará nada por lo cual pelear.

Como señalamos recién, frente a este escenario de catástrofe, no se trata más de apelar a las voluntades de los llamados gobiernos progresistas, menos aún de los abiertamente neoliberales. Ambos respetan y/o defienden las reglas y las relaciones que rigen a la economía capitalista mundial. Sumado a ello, y como lo ha demostrado la pandemia, es perfectamente posible que el capital continúe circulando y acumulándose en medio de catástrofes medioambientales. Esto es así porque para los capitalistas, los desastres ambientales se constituyen en oportunidades para incrementar sus ganancias.

Por todo esto, es más urgente que nunca, que el pueblo trabajador, del campo y la ciudad, en alianza con los pueblos indígenas, comunidades campesinas, el movimiento de mujeres, la juventud precarizada, las diversidades sexuales y de género, a partir de la auto-organización impongamos medidas que paren una situación de barbarie que es a la que nos aproximamos sino hacemos algo. En primer lugar, debemos expropiar a los grandes terratenientes y latifundistas de la agroindustria que, para garantizar sus negocios, están dispuestos a seguir diezmando la flora y fauna de nuestros bosques y territorios. Debemos imponer con la movilización la gestión colectiva -bajo control de las y los trabajadores y comunidades- de la producción agroindustrial, de la gestión y uso de las tierras y de los territorios, no al servicio de llenar los bolsillos de unos cuántos parásitos, sino al servicio de la vida de millones.

Recuperar el metabolismo y armonía entre los seres humanos y la naturaleza no es una utopía, es un objetivo realizable, pero lo debemos hacer de manera consciente y deliberada, organizados, no para esperar que la voracidad capitalista se acabe o disminuya, sino sabiendo que hay que destruirla activamente y sentar las bases de la construcción de una sociedad socialista. Esta tarea solo podrá desarrollarse con un gobierno de las y los trabajadores en alianza con los sectores campesinos, indígenas y populares.