Más de 20 años ha estado infiltrada una policía en distintos espacios de los movimientos sociales de Madrid. Otro caso de represión política bajo el Gobierno "progresista". Ya son nueve las infiltraciones de este tipo descubiertas desde el año 2022.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 3 de septiembre 21:27
Una de las imágenes de María Ángeles G. A., infiltrada como "Marta de Aranjuez" o “Marta La Estupa”.
Un reciente reportaje del medio español El Salto ha revelado una nueva infiltración de una agente encubierta de la Policía Nacional en los movimientos sociales de Madrid durante más de veinte años. Conocida como "Marta de Aranjuez" o “Marta La Estupa”, en realidad María Ángeles G. A., se presentó en diferentes colectivos bajo la identidad falsa de una trabajadora precaria, participando activamente en actividades políticas y manifestaciones.
La infiltrada habría sido parte de muchos espacios sociales y políticos madrileños, a lo largo de las más de dos décadas: como el Centro Social El Laboratorio, hasta colectivos de apoyo a presos de los GRAPO, del Partido Comunista de España (reconstituido) y vascos, pasando por la Coordinadora Antifascista y diferentes espacios antirrepresivos. En el último colectivo, el de Madres Contra la Represión, tomaron la decisión de expulsarla tras tener indicios claros de que era parte de los cuerpos represivos.
Este nuevo caso se suma a los muchos que se han desvelado, nueve desde 2022, escandalosos por su dimensión de represión política, pero incluyendo incluso abusos sexuales. Como el “topo” Daniel Hernández Pons, destapado por La Directa el pasado año, y que mantuvo relaciones sexoafectivas con al menos ocho mujeres para ganarse la confianza de los espacios y activistas en los que se infiltró.
Estos son los policías que han estado infiltrados por el Ministerio del Interior en los movimientos sociales de izquierdas en Barcelona, Girona, Madrid y Valencia. pic.twitter.com/1Z8p98TAXz
— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 2, 2024
La responsabilidad de esta represión policial corre a cargo del Gobierno “progresista” del PSOE y Sumar, un desprendimiento del partido Podemos que forma parte del gobierno de coalición actual que, como en otros escándalos, como la Masacre de Melilla, responde con diversas justificaciones. Desde Sumar, lo hacen sosteniendo que no controlan el Ministerio del Interior y desconocen la información al respecto. En el Congreso, Íñigo Errejón, y el diputado por Vizcaya, Lander Martínez, han pedido explicaciones al ministro del Interior de su coalición, Fernando Grande-Marlaska.
El PSOE por su parte, ha justificado directamente las infiltraciones, desde Interior se han negado a facilitar la información que mantienen clasificada para no perjudicar la represión policial que, dicen, se dirige contra “delitos”. En sede parlamentaria, el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ya se había referido a que "las infiltraciones políticas persiguen hechos y no ideologías" y que estos se justificaban como método para "prevenir la delincuencia".
Ante cada atropello del Gobierno, Sumar trata de eludir responsabilidades y exige explicaciones a su socio, que quedan sin respuesta y sin consecuencias políticas. Esto es porque la formación de centro izquierda, fundada por la actual vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, no está dispuesta a poner en riesgo sus ministerios, pero no tiene tanto problema a la hora de asumir una agenda política cada vez más derechista. Mientras Podemos, ahora, sí se permite tener una posición más crítica, tras quedar sin ministerios y salirse, en consecuencia, de la coalición de gobierno. Pero tanto Sumar, como Podemos, juegan el mismo rol de cobertura por izquierda del PSOE y son sus parlamentarios los que sostienen el Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que el resto de socios.
Este último caso de infiltración de más de dos décadas de “Marta La Estupa”, pone en evidencia además las continuidades de estas operaciones de los cuerpos represivos tanto con gobiernos del PSOE como del derechista Partido Popular. Los cuerpos represivos fueron heredados directamente de la dictadura franquista, al igual que el sistema judicial, con el aval “democrático” del PSOE y también del PCE (hoy en Sumar), durante la Transición a finales de la década del 70. Desde entonces, la alternancia de gobiernos del PSOE y PP le han dado continuidad, contando en las últimas legislaturas a su vez, con el apoyo directo de Podemos, el PCE, Izquierda Unida, o Más Madrid entre otros.
La represión política al servicio del Régimen del 78 es uno de los muchos puntos de consenso entre el PP y el PSOE, como quedó claro con la dura represión al movimiento democrático catalán. Lo estamos viendo también con las múltiples condenas a prisión a migrantes, activistas o sindicalistas. Las escandalosas infiltraciones policiales en los movimientos sociales, cuya dimensión real desconocemos, es un elemento más de la brutal cadena del aparato represivo. Todo lo que no sea enfrentarse sin cuartel a estos gobiernos capitalistas e imperialistas, es avalar estas políticas y blanquearlas como “progresistas”.
Desde Izquierda Diario del Estado español nos solidarizamos con todas las organizaciones infiltradas y exigimos medidas básicas y de urgencia como el fin del espionaje y la infiltración, la disolución del Centro Nacional de Inteligencia, de las otras unidades policiales especialistas en la persecución política, la derogación inmediata de la Ley Mordaza y la Amnistía para los procesados por luchar. Así como la derogación de la Ley de Secretos Oficiales franquista y desclasificación de todos los archivos secretos en manos del Estado, la policía y sus servicios de inteligencia. Un programa que junto a medidas como la derogación de leyes como la de extranjería, de las reformas laborales o poner fin financiamiento del genocidio en Gaza, sólo puede imponerse desde la lucha y la organización y enfrentando de conjunto al aparato del Estado y a todos los gobiernos capitalistas.
