Semana Mundial del Parto Respetado: una cuestión de salud pública

Desde el año 2004 se celebra en todo el mundo esta efeméride que fue impulsada por la Asociación Francesa por el Parto respetado. Si bien tiene como finalidad concientizar y promover el cumplimiento de los derechos de las personas gestantes y recién nacidas, la realidad es que el sistema de salud aún está lejos de garantizar que se haga efectiva su aplicación.

Gracias a la militancia de mujeres en el tema y trabajadores de salud, se facilitó el acceso a información a la que antes era imposible acceder, sin embargo la realidad muestra que la violencia obstétrica es más habitual de lo que parece. Mujeres violentadas que son obligadas a parir solas, separadas de sus hijos en el momento del nacimiento, sin acceso a información, sin ser escuchadas, intervenidas quirúrgicamente sin necesidad y otras sin tener siquiera acceso a un establecimiento sanitario que pueda atender su embarazo y su parto. Y esto se ve aún más entre las mujeres trabajadoras y de menores recursos.

Según datos del propio sistema de salud de Argentina, el 56% de los establecimientos médicos no tienen servicio de internación. A su vez, la mitad de los establecimientos están concentrados en la región de mayor densidad poblacional (sólo la provincia de Buenos Aires tiene el 26%).

¿Qué dice la Ley de Parto Humanizado?

En Argentina se sancionó la Ley 25.929 de Parto Humanizado el 25 de agosto de 2004, pero esta ley fue reglamentada 11 años después, en diciembre de 2015. Establece entre otras cosas, que tanto en el ámbito público como privado, las obras sociales (regidas por leyes nacionales) deberían brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto debiendo ser incorporadas al Programa Médico Obligatorio. Podemos agregar que esta ley está citada a su vez en el artículo 6º, inciso e), de la ley de 26.485, Ley de Protección Integral a las Mujeres, donde se define nuevamente a la violencia obstétrica en las modalidades, es decir, formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia hacia las mujeres.
La ley contempla que toda mujer tiene derecho a ser informada sobre las intervenciones médicas para optar libremente cuando existiesen diferentes alternativas, a ser tratada con respeto de manera personalizada, a ser considerados sus deseos durante el proceso de nacimiento, derecho al parto natural evitando prácticas invasivas, a estar acompañada por quien desee durante el momento de trabajo de parto, parto y postparto, entre otros aspectos. Además tiene en cuenta no sólo los derechos de la persona gestante sino también de la persona recién nacida. Cuenta con 18 años de vigencia pero su aplicación es completamente imparcial y en muchos casos nula. ¿Por qué?

¿Qué dicen los números?

Aunque la existencia de la ley es un gran avance, queda corta. Porque en el país, el 36% de las personas no cuenta con ninguna cobertura de salud.

En referencia a las intervenciones quirúrgicas, la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda una tasa de cesáreas de un 10 a un 15 por ciento. En promedio, esto corresponde al número de nacimientos en los que hay complicaciones que una cesárea puede resolver.

En Argentina, el porcentaje de partos por cesárea en el 2000 era del 25% (elevado según los parámetros de la OMS) pero en 2019 trepó al 37%. Esas cifras corresponden a todo el sistema de salud, pero en algunos centros médicos, el 70% de los nacimientos, e incluso más, se producen de esa manera.

Según los datos oficiales y actualizados del Ministerio Nacional de Salud, en 2020 nacieron 533.299 bebés vivos, el 99,7% de los partos fueron institucionales, de los cuales un 38,2% se realizaron a través de cesárea, en el ámbito público. En tanto, diez años atrás, el porcentaje de cesáreas fue un 10% menos: 28,2%. Está práctica fue creciendo sin pausa y en muchos casos de manera innecesaria.

Otro dato que se indica es que solo el 41,4% de mujeres tuvieron acompañamiento en el parto en el ámbito público.

Salud pública y privada

La realidad es que la salud pública está muy distante de poder hacer efectiva la implementación del parto respetado. Como sus trabajadores denunciaron durante la pandemia, existe una verdadera falta de decisión política y presupuesto que dé respuestas a las necesidades de la población. En muchos establecimientos no se cuenta con el servicio de obstetricia y mucho menos con salas de maternidad preparadas para llevar adelante los partos y salas de neonatología. Hay personas gestantes que no pueden acceder a un parto humanizado pero tampoco a un seguimiento médico durante el embarazo, porque no cuentan con atención sanitaria.
Muchos profesionales no reciben la capacitación adecuada, o no se establecen criterios unificados de parto respetado dentro de la institución, dejándolo librado a la decisión de cada profesional y con los recursos con los que cuentan. Siguen siendo los y las trabajadoras de salud y los equipos interdisciplinarios como psicólogos, parteras, quienes a partir de sus iniciativas intentan concientizar acerca de estas prácticas. Incluso hace muy poco tiempo fue incorporado en la currícula de Ciencias Médicas y Obstetricia.

En cuanto a la salud privada tampoco rige en la totalidad de las obras sociales la aplicación del parto humanizado y no todas las instituciones privadas permiten ingresar a las personas gestantes con un plan de parto para cada caso. Y si bien hoy son cada vez más las personas que exigen poder acceder a un parto respetado, o denuncian públicamente la falta del mismo, sigue siendo una cuestión individual, de clase y en soledad esa demanda. Ya que como mencionamos hay madres que no cuentan con el acceso a la atención obstétrica. Esto afecta centralmente a los sectores de bajos recursos.

El acuerdo alcanzado con el FMI durante el presente año impone el pago de vencimientos de una deuda odiosa que disminuye más aún los presupuestos adecuados para la atención de la salud pública en general.

Aplicación efectiva en todo el país

La ley lleva casi dos décadas sancionada. Se necesita que se haga efectivo el derecho a un parto respetado para todas las personas gestantes. No alcanza solo con la voluntad de cada profesional, ni con la denuncia individual de cada gestante. Es urgente que la salud de la población sea una prioridad. La unificación del sistema de salud público y privado a cargo de sus trabajadores es una tarea de primer orden. Mientras tanto es necesario que se adecuen los protocolos de parto y nacimiento en todas instituciones, públicas y privadas. Si se destina el presupuesto correspondiente es posible garantizar el acceso igualitario, la equidad y la calidad en la atención de salud perinatal. Además de la capacitación y brindar información a la población acerca de este derecho. Terminando con los negociados y la mercantilización de la salud se podría garantizar que las instituciones públicas cuenten con el servicio de obstetricia, maternidad y neonatología y no quede población gestante sin atención. Que la salud obstétrica no sea un privilegio de clase. Partiendo de la organización de las y los trabajadores de salud junto a la comunidad y la militancia de las organizaciones para exigir que sea efectiva la aplicación de la ley porque la falta de atención durante el embarazo y la violencia obstétrica deja secuelas psicológicas, reproductivas, afectan la salud sexual y forman parte de una cadena de violencia.